El fiscal federal Pablo Picardi insistió en el planteo de investigar el rol del ex presidente Mauricio Macri en el espionaje ilegal sobre Cristina Kirchner ocurrido entre 2016 y 2019, y requirió nuevas medidas de prueba en el marco de la causa en la que ya está procesado el ex directivo de la AFI macrista, Gustavo Arribas.
En su dictamen, Picardi evaluó que "resulta pertienente" estrechar el cerco de la investigación sobre Macri dado su rol de "superior inmediato", en su calidad de presidente, de toda la estructura de espionaje montada sobre su gobierno. La hipótesis es que Macri no podía desconocer cómo actuaba ese entramado, e incluso que varios de los funcionarios respondían directamente a sus órdenes.
"Se impone indagar sobre el rol que le cupo en el mentado esquema organizado al entonces presidente de la Nación Mauricio Macri, así como de las personas que actuaban al directo servicio del nombrado y podrían haber fungido como vínculo o enlace para la transmisión de órdenes y de informaciones ligadas a actividades de inteligencia ilegal”, dice el escrito presentado ayer ante el juez de la causa, Marcelo Martínez De Giorgi.
Picardi ya le había solicitado al magistrado que avanzara en la elevación a juicio oral de un tramo de la causa en octubre del año pasado, con el objetivo de partir la causa en dos tramos y poder avanzar sobre el rol de Macri, pero hasta ahora no obtuvo eco en el planteo. El de ayer fue el tercer pedido para profundizar en esa línea de investigación.
A través de las medidas de prueba que solicitó ayer, Picardi intenta desarmar la idea de que los agentes de la AFI macrista actuaron como "cuentapropistas", el principal argumento que mantiene hasta ahora a Macri lejos de los tribunales.
Entre otras medidas, el fiscal requirió los registros completos de los ingresos y egresos a la Quinta Presidencial de Olivos y a la Casa Rosada entre junio y noviembre de 2018 tanto de Arribas como del resto de los investigados en el marco de la causa. También pidió reiterar un pedido a la AFI para que proporcione las líneas telefónicas institucionales "oportunamente asignadas a Mauricio Macri, a la AFI encabezada por Gustavo Arribas, Alan Ruiz, Juan Sebastián De Stéfano y Bernardo Miguens, entre los meses de junio y noviembre del año 2018".
Cristina Kirchner había denunciado en más de una oportunidad que durante el macrismo le colocaron cámaras y le hicieron seguimientos tanto en su ex departamento de Recoleta como en la sede porteña del Instituto Patria. La causa se inció en el juzgado del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, y fue trasladada mas tarde a Comodoro Py por pedido de los funcionarios imputados. Picardi se hizo cargo de la investigación en mayo de 2021, luego de que se excusara su colega Carlos Stornelli.
Según consta en la causa, Arribas, junto con el ex director de Contrainteligencia Martin Coste, y Alan Ruiz, el agente a cargo del grupo bautizado “Super Mario Bros”, consiguieron una cobertura legal durante distintos eventos internacionales, como el G20 o los Juegos Olímpicos de la Juventud, para organizar grupos de espionaje ilegal sobre Cristina Kirchner y su entorno más cercano, que en ese entonces encabezaban la oposición al gobierno de Mauricio Macri.
Picardi viene insistiendo en que se trató de “un plan sistemático y organizado”, encabezado por el propio Macri y que tuvo una amplia red de terminales, una de ellas la propia Policía de la Ciudad, donde abrevaba en grupo "Super Mario Bros". Las cámaras de vigilancia que CFK denunció en 2019 también pertenecen a la fuerza porteña, que además contaba con sus datos biométricos a través del software de reconocimiento facial. El ministerio de Seguridad porteño también está siendo investigado por la utilización de ese sistema para fines similares.
