El intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, vuelve a estar en el ojo de la tormenta luego de que se conoció el avance de la causa que investiga a funcionarios y allegados al jefe comunal de Juntos por el Cambio por la presunta venta ilegal de terrenos a vecinos y vecinas de la localidad. Según la resolución signada por la fiscal María Paula Serrano se “demuestra un entramado complejo” entre Claudio Peralta, referente territorial de Galli en el distrito, dos efectivos policiales y Mariano Ciancio, asesor del poder ejecutivo local, cercano al intendente, y recientemente renunciado a fines del mes pasado. También estaría involucrado personal de Catastro de la Municipalidad.
La titular de la UFI N° 4 de Olavarria y dependiente del departamento judicial de Azul, remitió la causa la Unidad Funcional de Investigaciones Especiales y Violencia Institucional a cargo del Dr. Ignacio Calonje. En su escrito, la fiscal Serrano basa su decisión en la Ley 14.687 respecto a los delitos que se comenten en ámbitos públicos o privados, en ejercicio de servicio activo o fuera de servicio. Hasta el momento la carátula de la causa es por “estafas reiteradas” pero voces de la oposición local no descartan que se cambie por la de “asociación ilícita” dada la posibilidad de que otros funcionarios estén involucrados en los delitos mencionados.
Los denunciados son cuatro. Los mencionados Claudio Peralta y Mariano Ciancio, a los que se suman José Sampaoli y Nelson Loiza, que al momento de los hechos eran efectivos policiales del Comando de Patrullas de Olavarría, según se constató en legajos del Ministerio de Seguridad. Según una estimación hecha por la funcionaria judicial habría habido alrededor de 100 ventas de terrenos por el valor promedio de 800 mil pesos, lo que arrojaba que las estafas alcanzarían el monto de 80 millones de pesos entre el 2019 y el 2021. Podrían ser más, dado que el proceso de investigación sigue en curso.
De los testimonios reunidos a lo largo de la investigación de la fiscalía surge que tanto Ciancio, asesor del intendente Galli, como Peralta acercaban y retiraban la documentación para la ejecución de "operaciones inmobiliarias" en la escribanía Karp-Fal. Incluso, otro de los testigos apuntó directamente contra el propio Ciancio, a quien señaló como la persona a la que le compró cuatro lotes por el “irrisorio” precio de 900 mil pesos. Los señalamientos a Claudio Peralta, referente del barrio olvarriense de Hipólito Yrigoyen, también fueron concretos. Un testigo aseguró ante la Justicia que personal de la Oficina de Catastro de la Municipalidad “lo derivó directamente a hacer el trámite al domicilio de Claudio Peralta para hacerse de un lote”.
La investigación avanza, aunque ninguno de los funcionarios ha sido llamado a declarar. Sólo ha habido allanamientos y secuestro de celulares que, por ejemplo, en el caso de Ciancio aún no se pudo acceder a su contenido porque brindó un código de desbloqueo erróneo, según consta en la resolución de la fiscal Serrano. En lo que fue clara la representante judicial es que el ex asesor de Galli tenía información que sólo podía estar en organismos públicos, como deudas de tasas y estado del inmueble y posibilitó que se ejecuten “maniobras engañosas” que incluían cesiones, boletos de compra venta y poderes de lotes ubicados en Olavarria, algunos que poseen dueño y donde hay casos de tierras fiscales.
En la resolución, María Paula Serrano advirtió que “es evidente el aprovechamiento de las necesidades sociales de los distintos barrios, pudiendo evaluar a quien realizar el ofertorio ilícito sin riesgo de ser denunciado en virtud de la vulnerabilidad y desconocimiento legal de las presuntas víctimas”. Con esta línea de análisis, la fiscal apunta al rol del referente territorial de Juntos por el Cambio Claudio Peralta.
“Hablamos como dos amigos”
Con esas palabras se refirió Marcelo Ciancio al intendente Ezequiel Galli. En sorpresivas y recientes declaraciones a un medio local, el ex asesor en el Poder ejecutivo comunal aseguró que “con Galli estamos confiados y tranquilo” porque “saben de qué se trata esto”. El ex funcionario aseguró que se lo ha utilizado para desprestigiar la gestión del alcalde que comulga con Horacio Rodriguez Larreta y trabaja por la candidatura de Diego Santilli a la gobernación.
“Al principio tuvimos charlas, un montón de encuentros, pero luego ya no hay mucho que hablar”, señaló Ciancio en declaraciones radiales y aseguró que el intendente siempre lo apoyó y sinceró la relación que los une: “Nos hemos hecho amigos y me respaldó siempre, y yo, a él”. La situación de la principal figura investigada por el lugar que ocupaba dentro de la gestión de la Municipalidad de Olavarria es la de ex empleado. Según consta en la Justicia, el 4 de abril del 2022 fue suspendido de sus funciones luego de que se conocieran las primeras denuncias. La renuncia fue presentada, finalmente, el 21 de marzo de este.
Aparentemente la suspensión inicial no habría significado una falta de ingresos para Ciancio, dado que se hizo pública una factura a su nombre emitida el 3 de agosto del 2022 por un total de 170 mil pesos a la Fundación Pensar, ubicada en Vicente López 3246, donde funciona la sede del partido político “Juntos por Olavarría”, espacio político que lidera el intendente Ezequiel Galli.
