Pese a un dictamen del fiscal Federico Delgado que lo instaba a excusarse, el juez federal Sebastián Ramos firmó una resolución en la que anuncia que no se apartará del expediente sobre el célebre viaje a Lago Escondido, donde se investiga si sus protagonistas cometieron delitos. ¿Por qué debería dar un paso al costado? Porque en los chats filtrados aparecen intercambios suyos en tono de confianza con el exminstro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, quien integraba el contingente que llegó en avión privado y se alojó en la estancia del magnate Joe Lewis. En los diálogos que salieron a la luz el magistrado llamaba "Tano" al exfuncionario, hablan de juntarse a comer "en el club" e intercambiaban favores. La fiscalía decía que debía correrse por razones de decoro. Ramos respondió que considera que no tiene ningún "impedimento moral" o de otro tipo "que represente un riesgo para las partes".

Según dictaminó Delgado, los chats filtrados pueden ser un "elemento problemático". Más allá de que se dude sobre su origen, sostuvo que esas conversaciones  "están en el mundo de la vida", "forman parte de la vida pública" y se debe trabajar con ese "realismo". El dice que no le asigna efectos jurídicos, pero sí "efectos éticos" porque son diálogos que tienen "una indiscutible capacidad de afectar la legitimidad de la administración de justicia". Entonces le señaló al juez Ramos, que una buena alternativa podía se excusarse por "motivos de decoro y delicadeza". "El señor juez debería ponderar esa posibilidad", decía, y aclaraba que eso no implicaba adjudicarle ninguna responsabilidad. Pero Ramos le retrucó: "no existen circunstancias ni hechos que puedan arrojar un manto de sospecha en torno a la imparcialidad de este magistrado". "Entiendo que no me encuentro abarcado por ningún impedimento moral y/o de otra índole que represente un riesgo para las partes e impida que, como juez natural de los hechos del proceso, continúe con mi labor judicial..." 

La teoría del espionaje

Ramos, en rigor, ya tiene posición tomada sobre las filtraciones y la escribió en la resolución que firmó en tiempo récord en plena feria judicial con la que ordenó el archivo de la denuncia contra D'Alessando y Silvio Robles, vocero de Horacio Rosatti, que se basaba en las conversaciones difundidas. Allí hablaban sobre fallos en trámite en la Corte Suprema, como el de la Coparticipación porteña, y Robles le daba letra al exfuncionario sobre la discusión por las bancas en el Consejo de la Magistratura. Ramos se basó en un dictamen de Carlos Stornelli y cerró la causa con el argumento de que no se pueden admitir pruebas o testimonios que hayan sido obtenidos mediante actividades de inteligencia ilegal. Llegó a esa conclusión, sin mandar a hacer pruebas. 

Coherente con lo que ya resolvió, y que lo favorece, Ramos hace caso omiso de los diálogos ventilados que habrían salido de un hackeo al celular de D'Alessandro. En julio de 2021 el magistrado aparece mandando un mensaje al exfuncionario donde le que quería saber cómo estaba porque hacía mucho no hablaban. Lo llama "Tano" y le dice "cuando puedas comemos algo en el club". Poco después felicita a D'Alessandro por su asunción como ministro. "Gracias por el mensaje Seba!!!", es la respuesta. En enero de 2022 aparece este mensaje: “Hola Tano, hoy me entregaron el Focus!! Gracias”. El ministro le responde: “Nada que agradecer. Ni bien entren los Toyota te doy uno”.

La investigación del cónclave

La investigación sobre el charter a Lago Escondido comenzó con una denuncia en Bariloche, a partir de la información revelada por Página/12: un grupo de jueces federales, el jefe de los fiscales porteños, un exespía, un consultor y D'Alessandro había llegado a esa ciudad el 13 de octubre de 2022 en un vuelo privado y fue llevado luego a la mansión de Lewis. La estadía duró hasta el 15. Luego se sumó el dato de que la recepción en el aeropuerto había estado a cargo de dos directivos del grupo Clarín. Era bastante evidente que era una cumbre que juntaba las patas judicial, política y mediática (de derecha) tendría entre sus temas centrales las causas  y asuntos judiciales de interés de todos ellos. La fiscala que tuvo la causa en Río Negro, Cándida Etchepare, avanzó e hizo un dictamen donde explicó sus sospechas de que se habrían cometido los delitos de los delitos de dádivas, violación de deberes de funcionario público, tráfico de influencias y falsedad ideológica de documento. Hubo allanamientos en la estancia de Lewis donde se incautaron documentos, celulares y otros dispositivos. 

Pero comenzó la puja por llevar el caso a Comodoro Py, donde esa tríada de poder se siente como en casa (algunos de los implicados incluso tienen sus despachos ahí). Los planteos fueron encabezados por uno de los imputados: el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola. Como era previsible, consiguió lo que el grupo buscaba, con el aval final de la Cámara de Casación Penal, el 23 de marzo último. Votaron los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. Carlos Mahiques se tuvo que excusar, porque es otro de los investigados. También su hijo Juan Mahiques, fiscal federal porteño, los jueces Pablo Cayssials (contencioso), Julián Ercolini (penal federal), el exagente de inteligencia, Leonardo Bergroth, el experto en campañas digitales Tomás Reinke, y los directivos de Clarín Jorge Rendo, Pablo Cassey, y D'Alessandro.

La fiscala Etchepare no necesitó los primeros chats filtrados para impulsar su investigación e imputar al contingente. En su dictamen incial señalaba datos concretos: que algunas de las facturas por el vuelo privado de la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos (Flyzar) a nombre de los viajeros tenían fecha posterior al viaje, pero los pagos fueron al contado el día de la partida. Aunque estuvieron del 13 al 15 de octubre en las estancia, los comprobantes dicen 28 de octubre. Las facturas estaban emitidas a nombre de quienes tienen cargos pero no de los dos privados que fueron en el vuelo. Una de las hipótesis, que coincide con los chats filtrados, es que allí los autodenominados "huemules" hablan de generar facturas a nombre de ellos para darle aspecto de legalidad al viaje. A funcionarios judiciales y políticos la Ley de Etica les prohíbe recibir estas invitaciones. "El viaje en su totalidad pudo haber sido un ilícito regalo a los funcionarios", dijo la fiscalía. 

Causa empantanada

Entre las discusiones por la competencia y para llevar el caso a los tribunales de Retiro, más los pedidos rechazados del ministro de Justicia, Martín Soria, y de la Asociación por la Justicia Social, de ser querellantes, la causa está trabada. En su dictamen, sin embargo, el fiscal Delgado rescató una presentación de Soria donde señala hechos nuevos para investigar y pide medidas. Un eje clave es el que pide rastrear y reconstruir las resoluciones judiciales dictadas por el juez Cayssials con posterioridad al viaje en beneficio del Grupo Clarin. Serían dos, además de que se habrían "movido" otros 24 que incluyen a esa empresa. Propone rastrear fallos, también previos, de los otros jueces. 

El fiscal Delgado sostuvo que todo esto debe ser chequeado. También otros dos aspectos: si hubo un intento de ocultar una supuesta dádiva o beneficio y si intentaron utilizar a ciertos medios de comunicación para instalar la idea de que hicieron un viaje de placer entre amigos. Para todo esto avaló los pedidos de prueba documental y testimonial del ministro y explicó que todavía no tiene todos los elementos recolectados en la causa que tramitó en Bariloche. Es obvio que habrá discusión por los chats, pero hay cuestiones que se pueden probar por otros caminos, si hay voluntad de investigar. Llama la atención el esfuerzo de Ramos por retener la causa.