Desde Lima

La defensa legal del expresidente Pedro Castillo demanda ante las Naciones Unidas su libertad y su restitución en la presidencia. Esta semana, los abogados argentinos del encarcelado exmandatario peruano, Eugenio Zaffaroni y Guido Croxatto, presentaron una denuncia y solicitud de medidas provisionales a favor de Castillo ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la que denuncian que se están violando sus derechos políticos y civiles, establecidos en el pacto internacional de la ONU sobre estos derechos. Se indica que no se respeta el debido proceso y el derecho a la defensa -las autoridades impiden que Castillo se reúna con sus abogados Zaffaroni y Croxatto-, que se están cometiendo “arbitrariedades” en contra de Castillo y su familia -no se le permite comunicarse telefónicamente con su esposa y sus dos hijos exiliados en México hace más de cuatro meses-, y que en prisión el expresidente recibe “tratos degradantes y hostiles”. Se demanda que cesen estas acciones. Sus abogados piden medidas para “evitar daños irreparables”.

En declaraciones a Página/12, Croxatto explicó que la destitución y prisión de Castillo “son arbitrarias e ilegales, ejecutadas sin respetar las normas legales. Incluso si lo quieren destituir, antes lo tienen que reponer en la presidencia y llevar adelante el proceso de destitución en forma constitucional, conforme a derecho, respetando el debido proceso, cosa que no hicieron”. La defensa de Castillo también cuestiona el sustento legal de la acusación por rebelión en su contra por haber intentado cerrar el Congreso que maniobraba para sacarlo de la presidencia.

La mutación de Boluarte

Croxatto señaló que además de violarse los derechos civiles y políticos de Castillo “también se están violando los derechos políticos de sus electores, especialmente de las comunidades originarias que habían votado a Castillo y ahora son reprimidos y asesinados por la presidenta Boluarte, que a pesar de haber sido elegida como vicepresidenta con Castillo ha dado un claro cambio de orientación al gobierno que termina configurando un fraude político”.

Desde que asumió en diciembre pasado, Boluarte se alió con la derecha y la ultraderecha que combatieron a Castillo. La represión a las protestas que estallaron luego de la destitución y encarcelamiento del expresidente ha dejado 49 muertos por disparos de policías y militares. El total de fallecidos en el contexto de las protestas son cerca de 70. La mayoría de las víctimas son indígenas. Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos han denunciado que las fuerzas de seguridad han disparado con fusiles contra manifestantes y contra pobladores que no participaban en las protestas, que hay “un sesgo racista” en la represión, detenciones arbitrarias, “tratos brutales” contra detenidos y persecución contra dirigentes y manifestantes acusados judicialmente por terrorismo.

“La represión contra las poblaciones originarias incluye a las mujeres indígenas que fueron víctimas de esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori, que exigen justicia y que desde la destitución de Castillo son reprimidas. Me sorprende que Alejandro Aguinaga siga siendo congresista cuando fue el ministro de Fujimori que llevó adelante esas esterilizaciones forzadas. Es uno de los congresistas que votó a favor de la destitución de Castillo”, afirmó Croxatto.

La demanda ante la CIDH

Esta demanda ante la ONU en defensa de los derechos de Castillo será entregada al gobierno peruano para que responda. En junio habrá una audiencia en el Comité de Derechos Humanos. Esta es la segunda demanda internacional que presentan los abogados de Castillo. Hace dos semanas presentaron un pedido de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger los derechos del expresidente. Días después de presentada esta demanda, y cuando se espera el informe final de este organismo por la represión a las protestas -el informe preliminar hace contundentes denuncias contra el gobierno peruano-, ministros y legisladores de la ultraderecha demandaron que el Perú se retire de la CIDH. Otro organismo de la ONU, la Relatoría de Ejecuciones Extrajudiciales, ha demandado al gobierno peruano explicaciones por la represión. El plazo de dos meses para dar esas explicaciones vence en los próximos días. Ahora el gobierno también tendrá que responder por las denuncias de violaciones al debido proceso en el caso Castillo.

Zaffaroni y Croxatto tienen una activa agenda internacional en el caso Castillo. Trabajan en una propuesta que le presentarán al presidente de Colombia, Gustavo Petro para que junto con representantes de comunidades originarias el gobierno colombiano demande al Estado peruano por violar la Carta Democrática de la OEA. Croxatto se ha reunido con Petro en Bogotá. Las autoridades peruanas han declarado persona no grata a Petro por su apoyo a Castillo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que también se reunió con Croxatto, prepara la presentación de una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, denunciando abusos y violaciones al debido proceso en contra de Castillo y pidiendo que la comunidad internacional respalde el restablecimiento de la democracia y los derechos humanos en el Perú.

Este jueves, Zaffaroni y Croxatto enviaron una carta a los miembros del Parlamento Europeo con un detallado relato de la grave crisis política y social en el Perú, las violaciones a los derechos humanos y la situación de Castillo. Una día antes, treinta diputados de doce país europeos expresaron en un comunicado su preocupación por los derechos humanos en Perú y por la salud y la vida de Castillo. Piden su liberación “por motivos humanitarios y de salud” y demandan un juicio justo para él. La próxima semana viajarán al Perú para ver a Castillo parlamentarios alemanes del gobernante Partido Social Demócrata y del izquierdista Die Linke.

El gobierno y la derecha demonizan a quienes cuestionan la coalición autoritaria que ha tomado el poder y denuncian las violaciones a los derechos humanos. En el caso del expresidente boliviano Evo Morales eso ha llegado a extremos absurdos, a la vez alarmantes. En Puno, región altiplánica fronteriza con Bolivia que ha sido escenario de las mayores protestas y la represión más dura, se ha abierto una denuncia penal en su contra por apología al terrorismo. En esta acusación se criminaliza el proyecto Runasur que promueve Morales para unificar a los pueblos originarios y se le acusa, sin una sola evidencia, de promover protestas violentas y armar a los manifestantes peruanos. Lo que se ha probado es que esa acusación es una grosera mentira del gobierno y la derecha para intentar justificar la represión. Zaffaroni y Croxatto también han asumido la defensa del expresidente boliviano. Este jueves, Castillo le envió una carta a Morales en la que termina diciéndole: “además de compartir las mismas causas justas y las luchas por las mismas ideas, ahora también compartimos abogados”.