La ciudad de Buenos Aires crece, cambio y muta desde la lógica más simple posible. Si alguien puede comprar algo raro y lindo, puede destruirlo sin más y puede reemplazarlo por algo feo, grandote, basto y muy rentable. Billetera mata galán, dicen, y ciertamente mata todo intento de planificar la ciudad, moderar el apilamiento, preservar una forma de vida que nos hizo porteños. Si no fuera porque los vecinos de esta ciudad le subieron el precio político al desmán inmobiliario, no habría ni APHs... Ya estaríamos tratando de recordar qué era una casa.

El tema viene al caso por el reciente fallo de la justicia porteña que concede un amparo a los vecinos de la calle Washington, vecinos que presentaron un verdadero manifiesto inteligente sobre qué se tendría que tener en cuenta a la hora de permitir demoliciones y dar permisos de construcción. El amparo firmado por el juez Francisco Ferrer, titular del juzgado 2 porteño en lo Contencioso, Administrativo y Tributario paró la demolición de una casa en Washington 2066, una de esas casas con jardines añosos en Belgrano R que ya nadie parece capaz de construir. Con 1400 metros cuadrados de terreno, la propiedad es especulativamente deseable aunque en este caso no se puede hacer una torre sino apenas tres pisos.

Pero los vecinos introdujeron una argumentación que muestra una sensibilidad  y una inteligencia que ni los especuladores ni sus socios en el gobierno porteño tienen. De movida, explicaron por qué les importa que una casa tradicional sea reemplazada por alguna modernidad fuera de lugar diciendo que “junto con las demás casas y mansiones que se encuentran construidas a su alrededor, constituye un complejo arquitectónico que cuenta la historia de un Barrio que se desarrolló en torno a su estación de tren, para el alojamiento de una población de inmigrantes que se instaló con su llegada”. Esto es profundamente exacto y explica la cantidad de casas a la inglesa del barrio y la presencia de la iglesia de San Patricio, una de las dos irlandesas de la ciudad.

Los vecinos siguen explicando que si bien el edificio no es una obra maestra de algún gran arquitecto, “caracteriza el frente de la cuadra en la cual se encuentra edificada (no solamente por su estilo arquitectónico, sino también por las especies arbóreas que se encuentran plantadas a su alrededor) conforma con los demás inmuebles un conjunto perfectamente integrado en lo que hace a estilo arquitectónico, altura y acceso de luz y aire a la zona”. El resultado es un estilo de tejido urbano “especialísimo que no se encuentra repetido en otras zonas de la Ciudad,” conformado por “casas y mansiones de más de 60 años que responden a distinto estilos de construcción señorial que tipifican e identifican toda la zona.”

El juez Ferrer dispuso en su fallo algunas medidas llamativamente firmes, ordenando que se publicite el tema y que la Ciudad disponga lo que sea necesario para que no se demuela la casa. La explicación es que Ferrer fue quien concedió el amparo para que no se demoliera el petit hotel de María Julia Alsogaray en la calle Junín, y los especuladores lo demolieron por adentro sin obedecer orden judicial alguna. El 12 de este mes, el juez fue con la policía a hacer una inspección personal de la casa en la calle Washington, cosa que después no le digan que “ya estaba así”, toda rota por adentro.

Un detalle llamativo del amparo es cuando se transcribe la defensa de lo actuado de las dos arquitectas autoras del nuevo proyecto y de la empresa involucrada. Todos juran haber hecho todas las consultas obligatorias y haber intercambiado mails discutiendo el proyecto con el Consejo Comunal. Pero resulta que los mails que adjuntaron en su defensa no son oficiales sino personales de algún miembro, y todas las instancias de la Comuna respondieron por escrito que nadie les preguntó nada de forma ni remotamente oficial. Esto suena a un diálogo para ver cómo zafar un proyecto, que resultó en cosas como un retiro más amplio de la línea municipal. Los vecinos, tajantes, afirmaron que “el concepto de participación vecinal introducido por la legislación en modo alguno puede considerarse cumplido por haber permitido que se opine sobre si en la terraza habrá o no una parrilla”, y que “ninguna de las cuentas de correo electrónico que la accionada pretende atribuir a funcionarios del Gobierno de la Ciudad es de carácter institucional”. 

Qué suerte que hay vecinos así.

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