Unas 400 personas humanas y jurídicas de todo el país vinculadas a negocios en los rubros agroindustrial, seguros, bancos y casinos aportaron en 2022 más de 65 millones de pesos a cambio de supuestos “seminarios” brindados por el denominado Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES) que preside Patricia Bullrich. La misma asociación civil sin fines de lucro solventó en paralelo actos de campaña, viajes, hospedajes y jugosos honorarios para el círculo más cercano a la precandidata a presidenta del PRO, incluyendo su exjefe de campaña Gerardo Milman, investigado por el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner. La Inspección General de Justicia que encabeza Ricardo Nissen presentó una denuncia por el desvío de fondos y la violación de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos, que recayó por sorteo celestial en manos inmejorables para la exministra: el fiscal Carlos Stornelli, actor clave del espionaje ilegal durante el gobierno macrista, y el juez federal Sebastián Ramos, íntimo del exministro porteño Marcelo D’Alessandro.
Bullrich “procuró para sí un lucro indebido” al usar “dineros que no son de su propiedad y que no fueron aportados a partido político alguno para afrontar gastos de su propia y particular campaña”, explica la IGJ. El desvío de fondos de una asociación civil para afectarlo a un fin distinto es un delito penado por el artículo 173 inciso 7 del Código Penal. En este caso también “usaron a la entidad civil para violar las disposiciones y prohibiciones de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos”, que no permite recibir “contribuciones o donaciones de personas humanas o jurídicas que exploten juegos de azar”, como “Casino Melincué S.A” o “Casino Puerto Santa Fe S.A”, y que fija un límite de aportes anuales para cada persona humana o jurídica, proporcional a la cantidad de electores registrados.
El sumario de la IGJ se inició de oficio a partir de notas de prensa publicadas a fines de 2022 por Página/12, El Cronista y Perfil que informaban sobre “almuerzos de Bullrich con empresarios” y pedidos de “dólares para financiar su campaña” y mencionaban al Instituto. El 5 de enero se hizo una visita de inspección a la sede social del IEES, en Avenida de Mayo 953, 3º A, que los anfitriones frustraron invocando “tareas de mantenimiento”. Entonces se realizaron requerimientos de información sobre estados contables, ingresos y gastos, y a partir de las respuestas se indagó también sobre el contenido de los supuestos seminarios, acuerdos con organismos por supuestas actividades académicas, y honorarios por “coordinación de equipos técnicos”. “La entidad nada dijo” sobre las notas que mencionaban su sistema de almuerzos como modo de financiación de Bullrich.
Del análisis de los registros del IEES surge un “repentino y vertiginoso incremento de ingresos y egresos” durante 2022, ya que “pasó en pocos meses de no poder costear gastos corrientes a recaudar más de 90 millones de pesos”, en el mismo período en que la prensa reflejaba los almuerzos para conseguir fondos. De las actas de comisión directiva surge que a partir de mayo de 2021 comenzaron a implementarse seminarios con “empresarios, emprendedores y profesionales”, a quienes a propuesta de la tesorera Silvia Turetzky se los sondeaba para que “financien el proyecto”. Así comienzan a crecer los ingresos. Entre mayo y diciembre de 2021 se realizaron 19 “seminarios con almuerzo”, que no figuran en actas. La misma omisión se repite en 2022. Esas actas “resultan inverosímiles” dado que según las actuaciones administrativas hubo unos 60 seminarios en 2022, en los cuales se recaudaron 65 millones de pesos, por lo que constituyeron “la principal fuente de financiamiento de la entidad”, explica la IGJ.
“Existe una evidente sincronización entre las acciones políticas de la Sra. Patricia Bullrich, presidenta de la institución, y los aportes y pagos en concepto de seminarios”, advierte Nissen. Cita como ejemplo una visita a La Pampa en junio del año pasado, durante la cual la prensa local informó sobre “un almuerzo privado con 15 empresarios pampeanos con la finalidad de recaudar fondos para la campaña electoral”. Ese mismo mes la precandidata estuvo en General Moldes, Córdoba. En llamativa “coincidencia” un gran número de empresas y/o empresarios de ambas zonas pagaron sumas de hasta 150.000 pesos al IEES en conceptos de “seminarios”.
Un notable habitué del instituto es David Lacroze Ayerza, ex presidente de la Junta Nacional de Granos en dictadura, que en siete meses de 2022 pagó casi 3 millones de pesos en conceptos de “seminarios” y almuerzos. Miembro de la comisión directiva de la Sociedad Rural, es quien hostigó a Cristina Kirchner en 2019 durante un vuelo a Cuba y solía alojar a Mauricio Macri en su mansión de Villa La Angostura. La Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz arrimó 1,6 millones de pesos en cuatro meses. La Compañía Aseguradora La Mercantil Andina SA, 2,5 millones. Entre el Banco Galicia, Mirgor S.A. y Sar Suela SRL giraron casi 9 millones de pesos. La IGJ apunta que las facturas se limitan a consignar “seminario”, sin indicar fecha ni lugar de realización ni detalles sobre la supuesta capacitación. Llama la atención también sobre el rotundo éxito de las convocatorias que, según la respuesta del IEEF, se difundían y promocionaban sólo por vía telefónica.
No sólo los ingresos del IEES coinciden con las acciones de Bullrich para recaudar fondos de campaña. También los egresos guardan estricta sincronización con los movimientos de la precandidata. El 14 de junio pasado, cuando viajó a Salta para participar de una fiesta local, el IEES le pagó 110.300 pesos a Cambytur S.A. en concepto de pasajes aéreos a esa ciudad. El día anterior había pagado a Desarrollos Maipú S.A., de Mendoza, una factura por hospedajes que también coincidían con la presencia de Bullrich. En agosto, cuando vistió Bahía Blanca, le pagaron el hospedaje a la firma Don Cornelio S.A.
El Instituto le paga a Telefónica de Argentina los gatos de cuatro líneas fijas a nombre de “Unión por la Libertad”, sello creado por Bullrich en 2003, cuando aspiraba a gobernar la ciudad, y que no sólo tuvo la misma sede de Avenida de Mayo que el IEES sino también varios miembros en común: Turetzky es la tesorera en ambos casos.
Otros gastos extraños para una asociación civil vinculada en teoría a la seguridad son los 6 millones pagados a la consultora IQ4B SA y 1,7 millones a Comunicaciones Sudamericanas SA, dedicadas a la minería de datos, la estrategia digital y el seguimiento de climas sociales, tareas estrechamente vinculadas a la actividad política. En la misma línea se inscriben los pagos al consultor en campañas Maximiliano Defranchi (525.000 pesos), al especialista en procesos electorales Santos Urquiza Rueda (1.165.000), a María Oneto, del equipo de campaña (1.260.000), entre otros.
Como gasto “altamente reprochable” la IGJ menciona el viaje de campaña de Bullrich a Miami para participar de un evento en el “Interamerican Institute for Democracy”, donde lanzó su candidatura fuera del país. El IEES pagó entonces 1,76 millones de pesos a Tucano Tours SRL.
Párrafo aparte destina a los autopagos de los propios miembros de la comisión directiva: a Consultoría EYS Patricia Bullrich, 3,55 millones; a Milman, por “coordinación de equipos”, 2,76 millones; a Alberto Fohrig, en el mismo rubro, 1,59 millones; a Martín Siracusa, secretario del IEES, 1,4 millones de honorarios. El Código Civil y Comercial no permite a una asociación civil reportar lucro para sus miembros y los pagos por honorarios deben ser autorizados por la autoridad de control, paso deliberadamente omitido, advierte la IGJ.
Entre los denunciados, además de los citados, figura nueve vocales, entre los cuales se incluyen el empresario Guillermo Yanco (pareja de Bullrich) y Milman, que renunciaron al IEES en diciembre, y cuatro revisores de cuentas. También figura el legislador porteño Juan Pablo Arenaza, quien reemplazó a Milman como jefe de campaña de Bullrich, preside “Unión por Todos” y antes trabajó como segundo en el Ministerio de Seguridad porteño que conducía D’Alessandro, el operador judicial-mediático caído en desgracia tras el tour a Lago Escondido. La denuncia de la IGJ cayó por sorteo en manos del juez Sebastián Ramos, el mismo que se negó a excusarse en la causa de Lago Escondido pese a la filtración de chats que pusieron en evidencia su íntima relación D’Alessandro. Es improbable que el chancho chifle.
