Desde Santa Fe

Tal como publicó ayer Rosario/12, el secretario de Justicia de la provincia Gabriel Somaglia formalizó su renuncia al cargo que ocupa desde diciembre de 2019 –hace tres años y medio- en la Casa Gris, donde lo reemplazará su colega y actual subsecretario del Ministerio de Trabajo, Eduardo Massot, uno de los funcionarios del ala más dura del gabinete de Omar Perotti. El gobernador aún no decidió quién sucederá a Massot como número dos del ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri. Ayer, tras confirmarse la salida de Somaglia, algunos medios locales especularon con “otros cambios en la segunda línea” del gobierno, pero dos fuentes consultadas por este diario los descartaron.  “Por ahora, no hay más cambios”, respondió un ministro del Poder Ejecutivo.

Somaglia decidió dejar su cargo por problemas de salud que el gobernador ya conocía. “Motiva la decisión, razones de salud que usted conoce”, le dijo el funcionario en la carta de renuncia. Un trance que “vengo padeciendo” y que “a partir de ahora requerirá una mayor atención” y le impedirá “continuar dedicándose a las tareas propias de su función”, explicó.

El renunciante ya había ocupado la misma cartera en el segundo gobierno de Jorge Obeid, entre mayo de 2005 y diciembre de 2007, cuando su rango era Subsecretaría de Justicia y Culto. Lo sucederá el subsecretario de Trabajo Eduardo Massot, quien se integró al gabinete de Perotti en enero de 2021 tras una extensa trayectoria en el gremio forense, donde fue presidente del Colegio de Abogados de Santa Fe, entre 2011 y 2015 y de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), en 2015.

El martes, Perotti aceptará la renuncia de Somaglia y le tomará juramento a su nuevo secretario de Justicia. “Aún no está decidido quién reemplazará a Massot como segundo en el Ministerio de Trabajo”, comentó otra fuente de la Casa Gris.

En su carta al gobernador, Somaglia le agradeció la “confianza” que le dispensó a él y a su equipo de colaboradores en la Secretaría de Justicia. "Un hecho que dignifica y resalta la labor” de la cartera, le dijo.

Y en esa línea, recordó algunos logros de su gestión, entre ellos “el proceso de digitalización” de los Registros Civil y de la Propiedad, la designación de casi 90 magistrados en el Poder Judicial y en los ministerios públicos de la Acusación y la Defensa y la puesta en marcha de tres programas de gobierno: “Santa Fe+Justicia, Santa Fe+Cerca y Santa Fe+Comunidad, entre otros”.

“Dejamos también cuatro proyectos de leyes” enviados a la Legislatura con iniciativas estructurales y de fondo: el Código Procesal Civil y Comercial, el Código Procesal Penal Juvenil, la reforma a la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) y del Registro Público de Comercio y una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Las últimas dos ya tienen sanción del Senado, pero quedaron varadas en la Cámara de Diputados que gobierna la oposición.

A fines del año 2022, Somaglia se convirtió en blanco de un operativo político que logró desplazarlo de la presidencia del Consejo de la Magistratura en el concurso que definió la sucesión del ex jefe del Ministerio Público de la Acusación Jorge Baclini y de su colega de la Defensa Penal Jaquelina Balangione. Lo reemplazó en el cargo la ministra de Gobierno Celia Arena.

Poco antes, el secretario de Justicia había reclamado a magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público que desempeñen sus cargos con “neutralidad política”. Pareció una referencia obvia a una foto que Baclini se sacó en su despacho con tres dirigentes del frente de derecha: el jefe del gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta (precandidato a presidente) y los diputados Maximiliano Pullaro (precandidato a gobernador) y Gabriel Chumpitaz (candidato a intendente de Rosario).

Hay “algunos funcionarios judiciales que están más preocupados por su aparición pública junto a candidatos electorales, que en sus magistraturas y ponderación de la justicia”, dijo Somaglia.

“Y también veo con preocupación que algunos funcionarios judiciales abren juicios de valor sobre acciones políticas del poder administrador fuera de sus actos jurisdiccionales”, se exhiben “en un rol de político” y rompen “la imparcialidad, objetividad e independencia que su investidura requiere”.

“La magistratura y los ministerios públicos exigen neutralidad política”, decía Somaglia. “Es esencial” para preservar la “credibilidad”, la “imparcialidad”, “la confianza legítima de los ciudadanos” y “evitar la politización de la justicia”.