Hay dos palabrejas que, juntas, tiñen el documento: “insumos difundidos”. Es la forma que tienen los economistas de referirse a insumos que cruzan distintos sectores de la economía e influyen tanto en la formación de los precios como en la calidad. Insumos difundidos son el acero, el aluminio, el polímero, el cemento, el papel y el vidrio. Un documento elaborado por gremios industriales al que tuvo acceso este diario propone la creación de un “Instituto de insumos difundidos”. No se trata de un centro de estudios sino, dicen, de “una institución desde la que el Estado garantice y arbitre los precios competitivos para el mercado interno”. La propuesta es una de las claves de un trabajo aprobado en Mar del Plata después de meses de debate sindicato por sindicato.

El diagnóstico para lanzar esa iniciativa es que la economía argentina es oligopólica. O sea que “pocas empresas controlan la producción y el precio de buena parte de los bienes”.

Los insumos difundidos son especialmente cruciales para las pequeñas y medianas empresas industriales, porque representan su costo principal. Como tienen importancia estratégica, “deben ser tratados especialmente para garantizar su abastecimiento a precios razonables y previsibles”. El Estado debe ser el árbitro entre los grandes proveedores y las pymes. Y para eso, según el documento de 43 páginas, “resulta imperioso desdolarizar los costos de los insumos difundidos que afectan a las fábricas locales y que generan inflación”. También dice el texto que es necesario “modificar las prácticas comerciales y financieras que puedan considerarse abusivas”.

El eje deseado sería contar con “una cadena de valor de acero y subproductos especiales siderúrgicos densa”, que abastezca a la industria local y sirva para la exportación.

El título del documento aprobado es “Principios rectores para el acuerdo 2023 sindicatos-empresas” y tiene fecha del 28 de abril de 2023. La autoría colectiva pertenece a la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), donde tallan fuerte los metalúrgicos de Abel Furlán y los mecánicos de Ricardo Pignanelli.

Junto a ellos y al resto de los sindicatos, 33 en total, como los de la Industria de la alimentación, los gráficos, los trabajadores rurales, construcción y textiles, trabajó un equipo de especialistas integrado por el ex ministro de Agricultura Julián Domínguez, la secretaria de Industria de La Matanza Débora Georgi y el director del Centro de Economía Política Argentina Hernán Letcher.

Mar del Plata fue elegida como sede, según explicó Pignanelli, por iniciativa de los sindicatos de petroleros y de trabajadores navales, para simbolizar la importancia conjunta de la exploración petrolera offshore y el desarrollo del recién licitado canal Magdalena. El canal terminará la dependencia internacional bonaerense respecto del puerto de Montevideo.

A los sindicalistas los acompañaron el dirigente sindical de curtidores y ministro de Trabajo de Buenos Aires, Walter Correa, y el secretario de Industria y Desarrollo Productivo José Ignacio de Mendiguren.

Para los sindicatos industriales, la pandemia, la guerra en Ucrania y la sequía, calificada de "histórica", potenciaron en todo el mundo "un acelerado proceso de cambio tecnológico con alto impacto social". Para salir de esta crisis, proponen un "Acuerdo estratégico de desarrollo de la industria, del agro y de la biotecnología 2030". La fecha no es antojadiza: también el 2030 es el plazo fijado por las Naciones Unidas para avanzar en políticas públicas de igualdad social.

Ya este año la propuesta es llegar a otro nivel de acuerdo, inmediato, para "industrializar nuestro sistema de producción, la ruralidad y los recursos naturales en origen, con aplicación de biotecnología y agregado de valor, para generar "más empleo de calidad y mejorar la distribución del ingreso". El ejemplo del documento es el fraccionamiento del vino en origen, en Mendoza. 

El texto dice buscar la conversión de los planes sociales en trabajo formal. "Las nuevas autoridades electas deben liderar la implementación de un acuerdo específico entre sindicatos, empresarios, organizaciones sociales y Estado", señala. Al Estado le queda la tarea de "liderar la industrialización inteligente y organizada", vinculada al sistema nacional de ciencia y tecnología. 

Al revés de plantear la antinomia "campo versus industria", el documento de los 33 parte de la base de que la Argentina "tiene una gran dotación de recursos naturales (materias primas) que el mundo demanda". Ante un reordenamiento de las cadenas de valor por razones geopolíticas, sugieren "aprovechar esta oportunidad histórica para agregar valor en origen a la cadena, desarrollando el sector de equipos para la producción y completando el ciclo de producto, sumando industrialización a los recursos naturales". Esa sería "la condición para el desarrollo regional sostenido".

Ese proceso de agregación de valor debería ser importante en la producción de alimentos, en la explotación e industrialización de minerales en origen y en la generación de energía. En alimentos, por ejemplo, las propuestas van desde la elaboración de envases a la industria de la maquinaria agrícola, pasando por productos de diseño y alta calidad. Como lo primero es "garantizar el acceso equitativo" de los alimentos y sus productos derivados a la población argentina, promueven una Ley de Fomento Agrobioindustrial y una nueva ley de Semillas, lo mismo que planes integrales de irrigación. 

En cuanto a minerales, la propuesta es que YPF sea "la columna vertebral" y que se promueva "la industrialización del litio, produciendo baterías, autopartes, bienes de capital y equipos, o insumos especiales como aleaciones y compuestos". 

Un capítulo especial, el sexto, se llama directamente "Los salarios no inciden en la inflación". El costo mayor hoy es la materia prima, no el salario, con lo cual el salario "carece de incidencia significativa en la formación de los precios de los productos al público". Por lo tanto, "los incrementos de salarios no tienen injerencia en la inflación". El ejemplo es la industria lechera donde la materia prima incide un 65 por ciento y el salario solo entre un 2,5 y un 6 por ciento. Hay una frase muy destacada en el original: "Resulta relevante destacar esta incidencia para contrarrestar las intenciones incomprensibles de producir reformas laboales con la falsa argumentación de que el costo laboral encarece los productos industriales". 

El documento señala que los gremios convocan a las universidades nacionales, a los organismos científicos y tecnológicos de la Argentina y a las cámaras empresariales para construir un agenda compartida. El objetivo es que esa agenda sea "la guía de ruta de la dirigencia política argentina, deseando que la haga propia", para recrear lo que definen los autores como "mística de la escalera social ascendente".