El ex jefe de la agrupación Cuerpos de San Lorenzo, Daniel Puyol, irá a juicio oral y público como partícipe de "aborto seguido de muerte y privación ilegítima de la libertad" de Paula Perassi, desaparecida en 2011. Así lo resolvió ayer la Cámara Penal, al rechazar un planteo de la defensa que intentaba la figura de "encubrimiento", como se le imputó inicialmente, junto a otros cuatro policías de la Unidad Regional XVII. Los abogados querellantes por la familia Perassi adelantaron que solicitarán la pena de prisión perpetua para el uniformado y para los civiles implicados por el mismo delito. Con la resolución, se evalúa la posibilidad de que Puyol vuelva a prisión preventiva efectiva, ya que goza del beneficio de la detención domiciliaria.

"Está acusado de haber brindado toda la logística para hacer desaparecer a Paula. Le dio impunidad a los actuantes y creemos que sin la participación directa de Puyol, este delito no se pudo haber cometido. Es un partícipe principal en todo esto", dijo Adrián Ruiz, abogado de la familia Perassi.

Con el fallo del juez Carlos Carbone, el ex jefe policial "deberá responder por la acusación más gravosa, que es la que tienen Gabriel Strumia -amante de Paula-, su esposa y la sindicada abortera. Es un delito que conlleva la pena de prisión perpetua", agregó Ruiz.

En diciembre pasado, el fiscal sanlorencino Román Moscetta, presentó requisitoria de elevación a juicio para los nueve imputados en el expediente. Luego, la querella solicitó la ampliación de indagatoria y acusó a Puyol de un delito más gravoso que un mero encubrimiento, al considerarlo parte en la desaparición y aborto sin consentimiento, tal como expresa la teoría del caso: Paula estaba embarazada de pocas semanas, de la relación extramatrimonial con Strumia, quien le pidió que abortara y ante su negativa, fue forzada a hacerlo. Según los investigadores, Strumia y su chofer, Díaz, la sacaron engañada de su casa para que se realice un aborto.

La acusación fiscal alcanzó también a los policías Jorge Krenz, Gabriel Godoy, María José Galtelli y Aldo Gómez, a quienes se les achacó el delito de "encubrimiento agravado por ser funcionarios policiales"; y al chofer de Strumia.

El cambio para la calificación penal de Puyol tuvo que ver, en su momento, con pruebas de la querella acerca de que "a menos de 15 horas" de la desaparición de la mujer, Strumia se comunicó con él.

El abogado Ruiz habló también de la búsqueda de los restos de Paula, por la que su padre, Alberto Perassi, clama en cada oportunidad ante la prensa. La "hipótesis más firme" para los querellantes es que el cuerpo "fue incinerado".

La causa que ahora está a un paso del juicio oral, tuvo varias idas y vueltas: en septiembre de 2012, el juez Eduardo Filocco procesó por al empresario de transporte, Strumia, y a su chofer por haber llevado a Paula a Timbúes contra su voluntad, donde entienden que se realizó el aborto.

Tras permanecer presos algunos meses, la Alzada revocó el procesamiento y ambos recuperaron la libertad. La fiscalía luego elaboró una nueva teoría del caso y en 2015 pidió la detención de nueve personas: Strumia, su esposa Roxana Michl, Díaz, la sindicada abortera Mirta Rusñisky, Puyol, Krenz, Godoy, Galtelli y Gómez. Más tarde también cayó Díaz. En mayo de 2015, el magistrado procesó a los civiles de aborto seguido de muerte y a los policías por encubrimiento agravado.

Hace un año, el camarista Adolfo Prunotto ordenó las libertades en un fallo que recibió críticas hasta de sus propios colegas. Meses después, el juez Carlos Carbone avaló las prisiones, que se fueron modificando.