El derrumbe en Floresta esta semana, que terminó con la vida de 3 personas y más de 30 familias en la calle, dejó en evidencia las falencias en materia habitacional del distrito más rico del país: uno de cada tres habitantes alquila, la mitad de esos hogares registra hacinamiento y hay unos 4.000 inmuebles con riesgo de derrumbe. En este contexto, distintas organizaciones que estudian las problemáticas urbanas cuestionaron la falta de políticas públicas. 

Lo primero que señalaron las organizaciones en diálogo con Télam es que "existe un mercado informal de alquileres" al que recurren quienes no cuentan con las condiciones para un contrato legal y el cual retroalimenta la precariedad habitacional. Objetaron también la definición del gobierno porteño de priorizar los negocios inmobiliarios por sobre el financiamiento de iniciativas estatales que tiendan a morigerar la situación. 

Ademas,  denunciaron a la administración local diciendo que realiza controles nulos o ligeros en las casas usurpadas o con construcciones ilegales en su interior que representan peligro. Para poder concretar la fiscalización de propiedades privadas tomadas es necesaria una orden judicial de ingreso y para ello es requisito previo una denuncia del dueño de la vivienda. "Las casas usurpadas son una suerte de tierra de nadie donde el Estado nunca llega", afirmo Javier Miglino, director de la organización Defendamos Buenos Aires

Desde la organización tambien advirtieron que existen en la Ciudad unas 4.000 viviendas que registran un riesgo de colapso. "Están representadas por una mayoría de casas tomadas o usurpadas, hoteles en pésimo estado y edificios carentes de mantenimiento", afirmaron. La situación irregular de este tipo de viviendas antiguas --en las que las familias subalquilan habitaciones en condiciones de hacinamiento-- predominó desde el siglo pasado en barrios como Monserrat, San Telmo y La Boca; no obstante, en las últimas décadas el modelo habitacional de los inquilinatos apareció también en Almagro, Flores, Floresta, Liniers y Nueva Pompeya.

Jonatan Baldiviezo, abogado ambientalista y urbanista, sostuvo que "la Ciudad está en un contexto de crisis habitacional donde uno de los grandes problemas que se está teniendo hace varias décadas es la imposibilidad del acceso a la vivienda de gran parte de la población". 

Para el letrado, por la ausencia del Estado se empiezan a desarrollar alternativas. "Las familias de más recursos alquilan formalmente, las de menos recursos construyen o compran en barrios populares y luego están las que acceden a un alquiler informal en situaciones muy precarias y empiezan a surgir esa especie de inquilinatos", preciso. 

Baldiviezo, que preside el Observatorio del Derecho a la Ciudad, consideró que la fiscalización no es la única salida para evitar que se repitan tragedias como la de Floresta. "Tenemos un gobierno que se concentró en estos 15 años en los emprendimientos inmobiliarios con el suelo público, pero no se preocupó en resolver la cuestión habitacional", remarcó al tiempo que destaco la importancia de politicas habitacionales. 

Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otras organizaciones, reveló que "más de la mitad de los hogares inquilinos del Área Metropolitana Buenos Aires vive con hacinamiento". En tanto que el 35% de los consultados respondió que no alquila una vivienda completa, sino una habitación.

Catalina Marino, coordinadora del programa Derecho a la Ciudad de ACIJ, señaló que este tipo de encuestas: "visibiliza una problemática que requiere de políticas integrales para el acceso a la vivienda y que la vivienda cumpla su función de uso y no como una reserva de valor o como un medio especulativo".

"Aunque no se conocen todavía los datos actualizados a la fecha, en la última década se ha hecho visible un incremento de las condiciones de vulnerabilidad habitacional, particularmente en la zona sur, donde ocurrió el derrumbe", dijo por su parte la legisladora porteña del Frente de Todos y vicepresidenta de la Comisión de Vivienda, Ofelia Fernández. 

Y reflexionó que "una de las manifestaciones de tal situación son las modalidades de hábitat colectivo informal, así como los hoteles y pensiones en los que conviven miles de familias sin que, en la mayoría de los casos, el Ejecutivo local ejerza tareas de regulación y control para garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable y el derecho a la vivienda digna de las familias que los habitan".