Desde Santa Fe
A 20 años de la catástrofe del río Salado –que se cumplieron ayer- el diputado Carlos del Frade advirtió sobre un operativo en la Corte Suprema de la provincia para cerrar la causa judicial que investigó a los responsables y convertirla en el monumento a la impunidad. El “crimen hídrico” –como se lo llama- dejó un tercio de la ciudad de Santa Fe bajo agua, más de 150.000 damnificados y 23 muertos. “El Poder Judicial tiene la obligación de reparar y no archivar una causa de semejante hondura existencial y social”, dijo el legislador que el viernes presentó un proyecto para que la Cámara declare su “preocupación” por el hecho. Según un informe periodístico –que citó Del Frade-, la Corte podría anular la condena a tres años de prisión en suspenso por “estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas” al único imputado en el proceso: el ex director de Hidráulica de la provincia Ricardo Fratti, porque los otros dos: el ex ministro de Obras Públicas Edardo Berli y el ex intendente de Santa Fe Marcelo Alvarez, ya fallecieron. El ex gobernador Carlos Reutemann nunca fue investigado, sólo declaró como testigo –por escrito-, se amparó en sus fueros de senador nacional y también murió impune, en julio de 2021.
La condena la dictó el juez Octavio Silva en febrero de 2019 a los dos imputados en ese momento: Fratti y Berli. Porque Alvarez había fallecido casi un año antes, en abril de 2018. Los condenó a “tres años de prisión de ejecución condicional” por “estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas”. Un año después, en marzo de 2020, la Cámara Penal de Santa Fe confirmó la sentencia de Silva por considerarla “justa y adecuada” en un fallo unánime de los camaristas Fernando Gentile, Alejandro Tizón y Bruno Netri, quien es sobrino del juez de la Corte Suprema, Mario Netri. La fiscal de la causa Mariela Jiménez -ya jubilada- había pedido el máximo de la escala penal, que era cinco años de prisión, pero la Cámara ratificó la pena de tres años y de ejecución “condicional”, lo que significa que nunca hubo detenidos. En mayo de 2021, el ex ministro Berli falleció por coronavirus.
Del Frade propuso que la Cámara de Diputados declare su “preocupación” por un operativo en la Corte Suprema de la provincia para cerrar la causa por la catástrofe del 29 de abril de 2003, según informó el sitio digital “Zona Crítica”. Y exhortó a “profundizar las investigaciones, generar la respuesta judicial que reclama el dolor de más de 150 familias que perdieron a sus seres queridos” y “establecer las responsabilidades políticas por los hechos que generaron el desborde del río Salado”. “El Poder Judicial tiene la obligación de reparar con sus fallos y no cerrar una causa de semejante hondura existencial y social”, insistió el legislador.
“La Corte Suprema de Justicia de la provincia –dijo Del Frade al citar el informe periodístico- evalúa por estas horas declarar la prescripción de la causa inundaciones de 2003 y anular la condena” a Fratti, el único ex funcionario de Reutemann que sigue imputado. “Además, acompañaría esa (supuesta) decisión con el argumento de la lesión del plazo razonable, que es una de las garantías que tienen los imputados”.
“Son dos cuestiones distintas”, dijeron fuentes citadas por el portal. “Uno es el instituto de la prescripción” de la acción penal y otro el “plazo razonable” de los procesos penales. “Puede suceder que en cualquiera de los casos, la Corte ordene también investigar si hubo mora o dilaciones en la causa.
La catástrofe del río Salado dejó 23 muertos directos, “aunque organizaciones sociales relevaron más de 150 por causas colaterales” por el traumatismo, entre ellas “angustia, stress o patologías preexistentes que se dispararon con el evento, como las afecciones cardíacas”.
La Corte debe resolver un recurso de queja impulsado por la defensa tras el fallo de la Cámara de Apelaciones de marzo de 2020 que confirmó la sentencia del juez Silva.
La investigación judicial se inició en mayo de 2003 por denuncias de damnificados, pero sólo persistieron en el proceso los esposos Jorge Castro y Milagros Demiryi y su familia, como actores civiles.
La acción penal ya se extinguió en los casos del ex intendente Alvarez por su fallecimiento en 2018 y del ex ministro Berli, en 2021. Hoy, el único imputado es Fratti.
En 2019, cuando la fiscal Jiménez le pidió a la Cámara que aumente la condena a Beli y Fratti a cinco años de prisión –lo que no ocurrió- el fundamento era una omisión de la condena en primera instancia. El juez Silva “no consideró que las 18 muertes se produjeron por asfixia por inmersión”. Las víctimas quedaron atrapadas en su propia casa ante un aluvión de seis y hasta siete metros de altura y una de ellas era un beba de meses que el agua arrancó de los brazos de su madre, mientras intentaba salvarle la vida. El juez tenía todas las pruebas y la posibilidad de escuchar a los familiares de las “víctimas para evaluar la pena” a los ex funcionarios de Reutemann. “Hablamos de 18 personas muertas”, dijo Jiménez. “Y a esto “se suma el daño causado a los bienes, que tampoco fue tenido en cuenta por el magistrado” a la hora de la condena, agregó.
