Durante los casi siete años que estuvieron allí, la Casa de Belén en nada se pareció a un hogar para los hermanitos Ramírez. Era la representación del infierno en el que los habían sumido después del operativo en el que una patota de la Brigada de Lanús acribilló a su mamá. Para los dos varones y la nena, solo había golpes, humillaciones, penitencias –que incluían comer con los perros– y reiterados abusos sexuales. Después de 40 años desde que terminó ese calvario, Carlos, María y Mariano Ramírez esperan que la Justicia argentina reconozca su sufrimiento. Este jueves, el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata dictará sentencia. La fiscalía y las querellas pidieron a los jueces que declaren que el Hogar Casa de Belén –dependiente de una parroquia de la localidad de Banfield y asociado al Tribunal de Menores que manejaba la jueza Marta Delia Pons– funcionó como un campo de concentración para niños y niñas durante la dictadura.

Carlos (5), María (4) y Mariano (2) vivían con su mamá, Vicenta Orrego Meza, en una casita que alquilaban en la calle Nother del barrio San José de Almirante Brown. Su papá, Julio Ramírez, había sido secuestrado hacia finales de 1974 y después legalizado. Vicenta y sus hijos compartían la vivienda con dos compañeros, José Luis Alvarenga y María Florencia Ruival.

En la madrugada del 15 de marzo de 1977, un grupo de hombres de la Brigada de Lanús –conocida como El Infierno por el centro clandestino que funcionó en esa dependencia– llegó hasta la casa donde estaba la familia Ramírez. No hubo más preanuncio que una balacera. Todos se aterrorizaron, incluido el perrito que salió disparado a esconderse detrás de la heladera. Carlos, el mayor de los hermanos, intentó sin éxito rescatarlo. Cuando decidió correr hacia su mamá, una bala le rozó la nuca.

Vicenta logró sacar a los chicos de la casa. Hay testimonios que dicen que hizo flamear un pañuelo blanco. Los testigos también indican que la acribillaron cuando se asomó para asegurarse que sus hijos saldrían con vida. Vecinos del barrio cuentan que la policía les pidió a unos muchachos que estaban con un carro que trasladaran los cuerpos de Vicenta, Florencia y José Luis. Los cuerpos de Ruival y Alvarenga se encontraron en el cementerio de Rafael Calzada. Vicenta sigue desaparecida.

Carlos, María y Mariano se quedaron en la casa de unos vecinos, Raúl Vitasse y Otilia Fernández. Después de unos días, Vitasse y Fernández fueron a la comisaría de Adrogué para preguntar qué debían hacer con los hermanitos. Allí les recomendaron ir al Tribunal de Menores de Lomas de Zamora, que estaba a cargo de Pons –una de las juezas identificadas con la dictadura–. La magistrada los recibió el 21 de marzo de 1977 y les dijo que se quedaran tranquilos, que ella se ocuparía de reunir a los hermanitos con su familia.

Nada de eso ocurrió. Ese mismo día, Pons mandó a los chicos al Hogar Leopoldo Pereyra de Lomas de Zamora. Sin demasiadas explicaciones, la jueza decidió trasladarlos al Hogar Casa de Belén después de que el 14 de abril de 1977 se presentara en el juzgado Teresa Raquel Sotelo, integrante de la comisión directiva de esta institución.

La fachada del Hogar Casa de Belén en Banfield.

Un campo de concentración infantil

La Casa de Belén es una vivienda baja, con un jardincito en la entrada, del barrio de Banfield. Está ubicada en la calle Pueyrredón al 1600, a dos cuadras de la parroquia de la Sagrada Familia y de la calle principal de la localidad del partido de Lomas de Zamora.

La casa, según se reconstruyó en la causa, se compró en 1976 por impulso del párroco Oscar Armando Delgado Carrizo. Según le informaron desde la oficina de prensa del Obispado de Lomas de Zamora a Página/12, el Padre Delgado estuvo al frente de la Sagrada Familia entre 1959 y 1981 –cuando falleció durante un viaje a Roma–. La misma fuente aclaró que no hay un documento que indique cuándo se puso en funcionamiento el Hogar Casa de Belén. Sin embargo, la fiscalía encontró un artículo en un medio local que informaba que abrió sus puertas el 19 de marzo de 1977 –cuatro días después del operativo de la calle Nother–.

El lugar quedó en manos del matrimonio compuesto por Manuel Maciel y Dominga Vera, que se mudaron con sus tres hijos a la casa de la calle Pueyrredón. En el expediente, un testigo relató que Delgado había elegido a Maciel porque era conocido en el barrio porque se dedicaba a hacer arreglos. Los hermanos declararon que Maciel tenía armas, usaba ropa de fajina y que solía hacer reuniones con militares.

Durante los años que estuvieron allí, los hermanitos sufrieron golpizas, privaciones y abusos sexuales por parte de Maciel y otros hombres que frecuentaban el Hogar. Para ellos no hubo juegos sino sufrimientos. Al poco tiempo de llegar, los volvieron a bautizar y los anotaron en la escuela parroquial bajo el apellido Maciel. María se acercó al párroco para decirle qué pasaba en el Hogar. Cuando volvió a la Casa de Belén, Maciel y Vera ya estaban enterados y preparados para golpearla hasta que no pudiera mantenerse en pie.

Para la fiscalía, el Hogar Casa de Belén fue una reproducción fidedigna de lo que sucedía en los centros clandestinos de detención. “Detrás de cada maltrato y de cada abuso estaba la intención de destruir su identidad como hijos e hijas de personas desaparecidas y esas pequeñas historias con las que ellos venían”, le dice a este diario el auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira.

El rol del juzgado

Lucila Domínguez, la tía de los chicos, viajó desde Paraguay para encontrar a sus sobrinos. La jueza Pons rechazó entregárselos aun cuando una de las trabajadoras sociales recomendó hacerlo. Lo mismo hizo ante los pedidos del padre, quien logró que le dieran la opción de salir del país hacia Suecia hacia finales de 1980. Desde allá continuó la búsqueda con el acompañamiento del fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Emilio Mignone.

Pons denegó en 1982 el pedido de restablecer la patria potestad de los chicos con una de las diatribas a las que tenía acostumbradas a las Abuelas de Plaza de Mayo que solían concurrir a su juzgado para saber de sus nietos y sus nietas. “No es la infrascripta quien proceda a externar a los menores y entregarlos a un padre que lejos de cumplir su rol de tal, no supo respetar las leyes de un país que lo albergó, traicionando los principios sustentados en nuestra Carta Magna y que tanta sangre demandó el consagrarla. Violaría el juramento efectuado al asumir mi función como Juez de Menores si diera curso a lo peticionado, porque padre no es solo el que da la vida sino el que cultiva minuto a minuto ese papel tan importante, y ha quedado abundantemente acreditado en autos que el Señor Ramírez Domínguez puso en peligro la seguridad, la educación y la moralidad de su hijos menores con su inconducta al infringir disposiciones legales vigentes en nuestro país”, escribió. Recién en noviembre de 1983, poco más de un mes del retorno de la democracia, la Corte Suprema habilitó la reunificación de Julio con sus dos hijos y su hija.

Por los años que pasaron, únicamente llegó una imputada a juicio por lo padecido por los hermanitos en el Hogar Casa de Belén, la exsecretaria del Tribunal de Menores Nora Susana Pellicer, quien en su defensa alegó que todo lo padecido por los Ramírez fue parte del plan de Pons. En el banquillo tambien hay seis policías bonaerenses y el exministro de Gobierno Jaime Lamont Smart, que deberán responder por el operativo del 15 de marzo de 1977 y por uno que hicieron al día siguiente en el que mataron a Pedro Juan Berger --padre de María Antonia Berger, sobreviviente de la masacre de Trelew--, Narcisa Adelaida Encinas y Andrés Steketee.

En honor a la verdad

Pese a que no estuvieron en el banquillo Pons, Maciel o Vera, la fiscalía y las querellas –de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la familia– pidieron una declaración de verdad que acredite lo padecido por los hermanos. Además, reclamaron que se desafecte el lugar y que pase a funcionar como un espacio de memoria.

“El proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad en Argentina está, sin dudas, consolidado. Pero todavía hay algunos aspectos que siguen faltando y por los cuales tenemos que seguir peleando. Uno de esos aspectos es la violación de derechos humanos de niños y niñas durante el terrorismo de Estado", apunta la auxiliar fiscal Ana Oberlin.

"Estos episodios quedaron invisibilizados o muchas veces fueron abordados casi como daños colaterales y no con el protagonismo y la centralidad que tuvieron para estos niños y estas niñas el sufrimiento que se les infringió al haber presenciado el secuestro de sus padres y madres, por haber sido llevados/as a centros clandestinos, por haber sido apropiados o por haber sido alojados –como en el caso de los hermanos y la hermana Ramírez– en un hogar de menores que se constituyó en un dispositivo concentracionario. Siempre decimos que el sistema de justicia es androcéntrico, pero también es androadultocéntrico y es por eso que la experiencia de niños y niñas es invisibilizada o tratada como de menor importancia.  Es importante luchar para que se visibilice, se avance como corresponda y se haga justicia por ellos y ellas", concluye.