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Desde Reino Unido
La coronación de Carlos III este 6 de mayo viene saturada de chismografía sobre la familia real. Entre los apasionantes debates que atraviesan los medios se encuentran si el príncipe Enrique vendrá al evento, si deberían invitar a su esposa Meghan, cómo van a ocultar al acusado de pedofilia Príncipe Andrés, los nervios previos de la futura reina Camila Parker-Bowles y un larguísimo y tedioso etcétera.
Con un enfoque mucho más sustancioso, el matutino The Guardian ha publicado a lo largo de este mes artículos que revelan la fortuna del Rey, sus manejos financieros, la opacidad que envuelve a la monarquía, la contribución del esclavismo a la fortuna real, el gasto estatal en mantener esta pompa tan británica y su futuro.
La investigación tiene un título elocuente: “El costo de la monarquía”. Entre sus revelaciones de esta semana se encuentra que el caído en desgracia Príncipe Andrés usaba un esquema offshore para sus inversiones, estrategia también empleada por el Rey, la difunta reina Isabel II y otros miembros de la familia real. No en vano el abuelo de Carlos III, el Rey Jorge VI, se refería a la monarquía como la empresa: “The Firm”.
Arquitectura financiera monárquica
La “firm” es dueña de 500 mil hectáreas, de parte de la costa inglesa, de zonas exclusivas del centro de Londres, de centros comerciales en ciudades y pueblos ingleses, de un portafolio de inversiones que ha incluido a paraísos fiscales como las islas Cayman y Bermudas, de castillos, joyas, obras de arte y un etcétera más largo que las rencillas familiares.
Las tres grandes columnas de su armadura financiera --los ducados de Lancaster y Cornualles y el Crown Estate-- duplicaron su valor en la última década, de unos 9 mil millones de libras a unas 18 mil millones. Según el The Guardian, el Rey Carlos III y su madre, la Reina Isabel II, recibieron más de mil millones de libras de ingresos netos en las últimas décadas de los dos ducados.
La tercera columna de este emporio, el “Crown Estate”, es una entidad comercial creada por el parlamento para administrar bienes raíces y otras propiedades de la monarquía. Con un funcionamiento a la británica, las ganancias del Crown Estate van al Departamento del Tesoro que le da a la monarquía un porcentaje conocido como la “Sovereign Grant” (Subvención Monárquica) para financiar sus viajes oficiales, recepciones, seguridad y otros costos del ejercicio de sus funciones.
En 2022 la corona recibió unos 86 millones de libras de la “Sovereign Grant”. En comparación, los Borbones de España cuestan una bicoca: 7,4 millones. La renovación del Palacio de Buckingham iniciada en 2017 representó un aumento de esta subvención, que pasó de un 15% de las ganancias del Crown Estate a un 25%.
Al momento de su fallecimiento, se calculaba que la riqueza de la reina rondaba los 386 millones de libras (420 millones de dólares). Además, la corona está exenta por ley de pagar impuesto corporativo, patrimonial o sobre la renta.
Los privilegios de la monarquía
La monarquía goza de una prerrogativa llamada el “Crown consent” por la que la corona tiene que dar su consentimiento cuando el parlamento propone una ley que pueda afectar sus intereses económicos. Según Buckingham Palace este consentimiento es “puramente formal". En la "monarquía parlamentaria" británica el rey reina, pero no gobierna.
En la práctica las cosas no son tan claras. “The Firm” ha aprovechado los vericuetos del consentimiento real para modificar proyectos que no ponían en peligro sus intereses económicos (con una expropiación, por ejemplo), pero podían afectar la opacidad de su vasta fortuna. El The Guardian desenterró documentos de los años 70 que demuestran que la reina Isabel II buscó y consiguió que la realeza fuera exceptuada de un proyecto de ley del gobierno de Edward Heath contra el uso de testaferros que ocultaban la identidad de los dueños reales de las empresas. El gobierno conservador terminó introduciendo una cláusula especial que exceptuaba a las compañías usadas por “jefes de estado” de la nueva transparencia corporativa.
Esta opacidad financiera es fundamental para la monarquía, que perdería parte de su aura si apareciera mezclada con apuestas financieras, portafolios de inversiones, paquetes accionarios y la vulgar bolsa de valores.
La investigación sobre "El costo de la monarquía" chocó una y otra vez con esta opacidad. La “Freedom of Information Act”, que garantiza el libre acceso a la información de cualquier esfera de la vida pública, rebotó contra la armadura monárquica cuando el The Guardian pidió información sobre un item de su financiamiento: el gasto en seguridad de la familia real.
El gobierno, que con frecuencia funciona como aliado de la monarquía, respondió que suministrar este dato constituía una amenaza para la seguridad del estado. El matutino citó dos notorios ejemplos en que esta información es pública: la presidencia de Estados Unidos y Francia. El gobierno no cedió. En marzo The Guardian apeló a la justicia, que deberá pronunciarse al respecto.
En los llamados memos de la araña negra ("black spider memos") el matutino tardó diez años y una apelación a la Corte Suprema para ganar acceso a su contenido. Los memos mostraban cómo el entonces Príncipe Carlos había hecho lobby en el gobierno para favorecer una serie de políticas que iban desde la aniquilación de un tipo de zorrillos, los tejones, hasta la medicina alternativa. La monarquía “reina y no gobierna”, pero usa toda su influencia en determinadas políticas públicas.
El esclavismo y la monarquía
La investigación del The Guardian revela siglos de estrechos vínculos entre la riqueza monárquica y el esclavismo. El matutino publicó documentos que prueban que en 1689 la compañía esclavista hegemónica de la época, la Royal African Company, había transferido mil libras en acciones (una fortuna en la época) al Rey Guillermo III.
El encargado de la operación fue el subdirector de la Compañía, Edward Colston, símbolo del esclavismo británico que saltó a una póstuma celebridad en 2020 cuando una manifestación derribó una estatua icónica suya en la ciudad de Bristol.
La investigación documentó que entre el siglo 17 y el 19 unos 12 monarcas británicos fomentaron, apoyaron o se beneficiaron directamente del esclavismo. Este jueves publicó que en 1686, un ancestro directo del Rey Carlos, participó en la adquisición de unos 200 esclavos a la Royal African Company.
Informaciones de este tipo erosionan el respeto reverencial que durante siglos sostuvo a la monarquía. A nivel nacional, el Reino Unido tiene una importante minoría de origen caribeño y africano, centros vitales del esclavismo. A nivel diplomático, preside ese anacronismo que es la Mancomunidad de Naciones, una asociación política de 56 ex colonias británicas. En medio del revuelo que causó el The Guardian, el Rey Carlos III expresó su “profundo pesar y rechazo por los horrores del esclavismo” y se comprometió a apoyar estas investigaciones.
Sus declaraciones fueron recibidas con reservas por políticos, académicos y organizaciones de la sociedad civil que buscan transparentar el rol del esclavismo durante el imperio británico. Eric Phillips, vicedirector de la Comisión de Reparación del Caricom, que representa a 20 países caribeños que padecieron el esclavismo, dejó en claro que el Rey debía ir mucho más allá. “El Rey Carlos debería presentar una disculpa pública y efectuar una justicia reparatoria de los países afectados”, señaló Phillips.
¿El porvenir de una ilusión?
La pompa, la tradición y el chisme, la cobertura mediática, las series de Netflix, el peso de la historia y la costumbre protegen a esta multimillonaria “empresa”. La actual crisis económica y la desintegración de viejos sueños imperiales la ponen en entredicho.
“Con solo un millón de libras de los ingresos que tiene el Rey se podrían reabrir cinco centros para ancianos, capacitar a 250 personas para el trabajo en guarderías, financiar 25 mil citas con médicos de cabecera. La Subvención Soberana equivale a 30 horas de guarderías anuales para 13 mil niños de entre tres y cuatro años. Los más de mil millones de libras de los ducados nos permitirían pagar el salario de 30 mil enfermeras y cuatro mil maestros”, señala en el The Guardian la analista e historiadora Polly Toynbee.
Maestros, enfermeras y personal médico han sido protagonistas de un año de huelgas como no se veían desde la década del 70, que precedió a Margaret Thatcher. A pesar del apoyo popular a los huelguistas, no hay por el momento un cuestionamiento serio de la opinión pública a la vigencia de la monarquía y sus privilegios. Según una encuesta de YouGov, un 60% de la población apoya a la institución.
El sondeo revela, sin embargo, dos tendencias que apuntan a un posible cambio en la percepción social. Hace una década el porcentaje de simpatizantes de la monarquía era un rotundo 75%. En 1953 la Coronación de Isabel II fue un hecho popular sin precedentes. Según la encuestadora, hoy un 40% de los menores de 25 años no solo no apoyan a la monarquía sino que quieren su abolición.
“Creo que todavía estamos hipnotizados por toda esta fantasmagoría de la realeza que estimula un autoengaño nacional respecto a nuestro verdadero poder global. Todas estas grandiosas ceremonias reales sostienen una ilusión en la mitad de la población de que nuevamente gobernaremos los mares y el mundo”, señala Toynbee
A pesar de esta ilusión, un 52% de los entrevistados en la encuesta dijeron que la coronación no les interesaba en lo más mínimo: solo un 15% se mostró “muy interesado” en el evento. La Coronación costará alrededor de 100 millones de libras del contribuyente, que tendrá eso sí un indudable beneficio para el conjunto de la población: un día feriado en el país que tiene menos vacaciones en Europa.
