“Sé que a mi hijo no me lo van a devolver pero no quiero que ninguna otra mujer pase por lo mismo”, dice a Página/12 Laura Silva. Se le llenan los ojos de lágrimas. Baja la vista. Tiene 26 años, trabaja en el sector de limpieza en el municipio de Merlo, donde vive; y es mamá de un niño de 8 años. En 2018, cuando tenía 21, fue a dar a luz a su segundo hijo, Alexander, al Hospital de Morón. Llegó con un embarazo a término y contracciones dolorosas, acompañada por su mamá y su hermana, pero –según denunció– la mandaron de nuevo a su casa. Volvió horas más tarde, después de haber tenido pérdidas y seguir con las mismas contracciones dolorosas y la sometieron a una cesárea de urgencia: cuando despertó le entregaron a su hijo muerto y le comunicaron que le habían tenido que sacar el útero y que no podría volver a quedar embarazada.

Laura y otras cinco mujeres –todas ellas de condición humilde, con trabajos de limpieza o de amas de casa, algunas que habían sido madres en la adolescencia– cuentan historias similares: fueron a parir al Hospital de Morón y les entregaron un bebé muerto o con una lesión cerebral gravísima, y en ese contexto, además sufrieron maltrato verbal, no las atendieron cuando pidieron atención, no las dejaron estar acompañadas en la habitación, las dejaron a oscuras cuando pedían una luz prendida o no les permitieron tener un celular a mano. Todas denunciaron que sufrieron violencia obstétrica en el Servicio de Obstetricia durante la gestión de Cambiemos en la intendencia, entre 2016 y 2019: denunciaron en la Justicia –están las causas abiertas en la UFI N° 4 y N° 5 de Morón–, en el mismo municipio y en diversos organismos públicos al no encontrar respuestas y no saber dónde reclamar. “Pedimos justicia”, dice Laura. Las otras mujeres que denuncian son Karen Pérez, Celeste Cornejo, Daiana, I. y Patricia. Las dos últimas prefieren no dar sus nombres completos.

“Es muy importante destacar la experiencia de estas mujeres que se han podido mantener juntas a lo largo de estos años, convirtiendo sus pérdidas en una lucha colectiva”, dice a Página/12 Laura Anzorena, socióloga y abogada. Junto a otras dos abogadas viene acompañándolas en su lucha desde mediados de 2019. Para ayudarles a darle visibilidad a la denuncia crearon el perfil de Instagram @gestarjusticia_parirderechos.

Pasaron casi siete años desde la primera denuncia y tres desde que el municipio, durante la gestión de Lucas Ghi, del Frente de Todos, abrió un sumario administrativo.

“El sumario administrativo sigue abierto”, confirmó a Página/12 Marina Rodríguez, subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género de Morón. En el sumario, contó Anzorena, se presentaron a testificar una treintena de personas, entre familiares, otras mujeres que estuvieron internadas en el mismo Servicio de Obstetricia, y diez doulas.

Anzorena alerta sobre la necesidad de canales de denuncia de la violencia obstétrica en el país. A pesar de que hay una Ley de Parto Respetado desde 2004, que fue reglamentada en 2015, quienes sufren este tipo de violencia no saben dónde recurrir.

Un recorrido interminable

Cada una de las seis mujeres presentó su denuncia en el municipio, en la Defensoría del Pueblo de la Nación, en la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (CONSAVIG) y en el INADI, entre otros organismos. “El artículo 6 de la Ley 25.929 de Parto Respetado dice que la violencia obstétrica es 'falta grave' a los fines sancionatorios, más allá de la denuncia penal en la fiscalía pero sabemos lo difícil que es probar un “homicidio culposo” o lesiones en una causa judicial contra médicos”, señala Anzorena.

Las seis mujeres en 2019 obtuvieron resoluciones de la Defensoría del Pueblo de la Nación que dicen que los hechos denunciados constituyen “violencia obstétrica”. En aquel momento el organismo le pidió al municipio de Morón que inicie sumarios para investigar y que implemente medidas de capacitación, dada la cantidad de casos similares.

Laura, Karen, Celeste, Daiana, I. y Patricia se conocieron entre sí por publicaciones en Facebook, cuando fueron contando de manera individual lo que les había pasado. Nunca, dicen, fueron escuchadas durante la intendencia del exjefe comunal de Cambiemos, Ramiro Tagliaferro, exesposo de María Eugenia Vidal. O sí, pero de la peor manera. Las denunciaron por amenazas en redes sociales (la causa es la IPP 19445/19). Y a una de ellas, Daiana, la justicia le llegó a dictar una orden de restricción de acercamiento a 200 metros del hospital y de los consultorios externos, para evitar que vaya a manifestarse cuando su hijo quedó con secuela de parálisis cerebral. También el municipio dispuso que hubiera policía en el Servicio de Obstetricia para impedir que allí se escucharan sus voces desgarradas.

Recién fueron escuchadas, aclaran, cuando el macrismo dejó el Gobierno local y asumió una nueva gestión a cargo del intendente Lucas Ghi, del Frente de Todos. Ghi las recibió en la jefatura comunal en enero de 2020 junto a otrxs funcionarios, y a la diputada nacional del FdT, oriunda de Morón, Mónica Macha,

Además del resultado del sumario administrativo, que todavía esperan, pidieron al municipio poder pintar un mural en las paredes del hospital, un homenaje a sus hijos muertos, y que les den una salita para poder asesorar a otras mujeres, brindarles información, concientizar sobre los derechos de las mujeres en el parto.

Las historias

Daiana denunció que llegó con una orden de internación programada, pero la mandaron a la casa. Volvió ese mismo día a las 23 ya con contracciones dolorosas. Le dijeron que regrese a su casa porque no había dilatado. Tres horas después la internaron y quedó en una camilla, según la denuncia. Comenzó un trabajo de parto muy doloroso, a las 8 de la mañana le rompieron la bolsa, y –relató– aumentó el dolor. En el proceso –denunció– recibió malos tratos por parte de las obstétricas: le dicen que no grite que no estaba en la cancha, que eso le pasaba por no hacer el curso de preparto, le dicen que exagera. Transcurrida una hora siente un dolor muy intenso y se siente desvanecer y escucha “cesárea de urgencia”. Su hijo Benicio sufre una lesión en el trabajo de parto que lo deja con una secuela de parálisis cerebral.

Laura denunció en la justicia que luego de la cesárea, donde su hijo murió “estaba sola con una enfermera que me estaba retirando las vías. No sé su nombre. Es la única persona que me trató bien. Que se puso en mi lugar. Ella me preguntó “¿Lo querés conocer a tu bebé?” Me explicó que lo traían cambiado en una cunita. Yo le digo que sí. Me lo trae y lo tengo en brazos. Ella se quedó acompañándome. Yo lloraba y le decía “Hijo agarrame la mano por favor, bebé, soy mamá”. En ese momento pasa otra enfermera y pregunta despectivamente “¿Tanto va a llorar?”, la enfermera que me acompañaba la mira y le dice: "Está llorando porque falleció su bebé", y la otra le responde de manera distante: "Ah, pensé que era por la cesárea…".

“A partir de una publicación que hizo en Facebook mi hermana, de mi caso, me empezaron a contactar las otras chicas. Me atendí todo el embarazo en el Hospital de Morón, estaba de 33 semanas…”, cuenta a Página/12 Celeste Cornejo. Tiene 40 años, trabaja para una empresa de limpieza y es mamá de un adolescente de 14 años. Su cesárea, con final trágico fue el 14 de julio de 2018. Celeste denunció que la primera noche después de la muerte de su hijo Benicio, una enfermera se presenta en la habitación y le dice a su pareja de mala manera que no podía permanecer con ella: “Le informamos que se encontraba autorizado. Ante mi negativa y angustia de quedarme nuevamente sola, la enfermera llama a personal de seguridad que de mala forma obliga a mi pareja a retirarse”.

A Celeste no le muestran el cuerpo de Benicio, lo llevan a la morgue directamente y le dicen que para retirarlo tiene que ir alguien a reconocerlo:

En la denuncia ante la justicia contó: “En ese momento yo no tenía fuerzas para ir a verlo en una morgue, que era el requisito para poder retirar el cuerpo” (…) “En ese momento llega de visita mi sobrina (de 20 años) junto con una amiga. Al llegar le preguntan: “¿Sos familiar de Cornejo?” “Sí”, responde ella. “Acompañame”. Y ahí empiezan a caminar por muchos pasillos y pasillos hasta que entran a una habitación y sin avisarles nada, le mostraron una caja de cartón donde estaba el cuerpo de mi hijo. Tenía un papel tipo recetario con mi apellido “CORNEJO”.

“No son nuestros casos únicamente. Muchas no se animan a hablar. Conocimos otras familias pero no siguieron con las denuncias. En algunos casos se repiten los mismos médicos. Si bien para nosotras no hay reparación alguna, pero por lo menos queremos ver que no se repita, queremos asesorar a otras mamás, queremos dejar en una pared del hospital un homenaje a nuestros hijos muertos” dice Celeste. Piden que la jefa de Obstetricia, que es la misma en la actualidad que cuando ellas fueron atendidas en el servicio, sea separada del cargo.

Karen Pérez ahora tiene 26 años: la beba que perdió en el parto era su segunda hija, Giulianna. “Tendría cinco añitos ahora”, dice a este diario. Los relatos tienen diferencias y muchas similitudes. “A mí me pasó todo el 14 de octubre de 2017. Hace cinco años que estoy en lucha”, dice. Vive con su pareja en Morón, y tiene otros dos hijos, Bastián, de 10 y Renata, de 3.

Karen contó en la justicia que después de la cesárea y de mostrarle el cuerpo de su hija muerta, las médicas se dirigen a mostrárselo a su pareja y a su mamá. "Al verla ambos estaban felices porque nadie les había avisado lo sucedido. Mi mamá estaba con la cámara prendida del celular para sacarle foto, el padre de Giulianna la besa, todos entendiendo que la bebe estaba dormida. Mi mamá la levanta de la espalda, y le hablaba, hasta que se dio cuenta que no respiraba. Le levantó el bracito y se le caía, y ahí se da cuenta y empezó a llorar. Nadie les había explicado nada ni preguntado si querían despedirse de la bebé, directamente se la dieron y fue así”.

Otra de las mujeres prefiere que la identifiquen con su inicial, I. Ella llegó al Hospital de Morón con un embarazo de 41 semanas acompañada por su marido y una amiga por si no dejaban entrar varones. La hicieron entrar sola. Ni el celular le permitieron tener y pasó la noche en soledad, asustada. En el parto, denunció, le hicieron maniobra de Kristeller –consiste en presionar de modo enérgico con ambos puños o con el antebrazo sobre el fondo del útero– y terminó con un parto por fórceps que dejó muy lesionado su aparato reproductivo y urinario, con secuelas a nivel de salud física y mental para ella. También Patricia denuncia haber sufrido mucho maltrato durante un trabajo de parto muy largo, recibir un trato discriminatorio por ser mamá de 5 hijos y ser “grande” –tenía 46 años. Finalmente el parto se complicó y su sexta hija, Mili, quedó lesionada gravemente.

En concreto, buscan que el Estado reconozca que lo que les pasó fue violencia institucional y de género, y que se podría haber evitado. Además de la resolución del sumario, y la posibilidad de pintar un mural, esperan un pedido de disculpas público. Piden justicia pero saben que la posibilidad de una condena penal es difícil de obtener.

Una marcha nacional

Se habla poco sobre violencia obstétrica. Muchas mujeres no saben adónde recurrir. Para darle visibilidad al problema y reclamar respuestas del Estado más de cuarenta organizaciones que trabajan en la temática convocan para el 17 de mayo a las 17 a la primera marcha nacional contra la violencia gineco-obstétrica, frente al Congreso en el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado.

Está previsto que se lea una declaración conjunta, y que haya acciones para visibilizar esta forma de violencia desde el arte. Las organizadoras piden q se vaya con indumentaria de color rojo, “queremos que sea una marea roja, que es el color que identifica esta lucha”, dice a Página/12 Luján Arcidiácono, politóloga, coordinadora de la Campaña Nacional contra la Violencia Ginecobstétrica. También entregarán un petitorio a la Cámara de Diputados de la Nación exigiendo el tratamiento y sanción de una serie de iniciativas

Estas son:

- Proyecto de ley de Capacitación Obligatoria al Personal de Salud en violencia

ginecobstétrica.

- Proyecto de ley para la creación de casas de parto.

- Proyecto de ley de Ejercicio Profesional de lxs licenciadxs en obstetricia.

Arcidiácono recordó que a fines del año 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Argentino por la muerte de Cristina Britez Arce, una mujer, que fue víctima de violencia obstétrica, y lo instó a que tome medidas que contribuyan a prevenir este tipo de violencia. Durante su embarazo, Cristina Brítez Arce había presentado varios factores de riesgo que no fueron atendidos de forma adecuada por el sistema de salud, lo que derivó en que el 1 de junio de 1992 una ecografía practicada en la Maternidad Sardá, de la ciudad de Buenos Aires, mostrara que el feto había muerto. El mismo día y mientras estaba internada para inducirle el parto, ella murió por “paro cardio respiratorio no traumático”.