La ley de electromovilidad firmada por el ex ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas se encuentra hace más de dos años en los cajones del Congreso. El tiempo necesario para perder estado parlamentario y, por eso, el gobierno trabaja en una nueva junto con los principales actores del sector. Respetando el espíritu de la original de incentivar la producción local de vehículos eléctricos, apuntan a un texto más corto con reducción de aranceles a la importación de electropartes que no se producen localmente, a la vez que beneficios fiscales para la producción y venta para adaptarse al mercado mundial.

China tiene un compromiso de contar con un parque automotor del 20 por ciento de vehículos eléctricos para 2025 para llegar a la neutralidad de carbono en 2060. En Canadá plantearon un 30 por ciento de eléctricos para 2030 y cero emisiones en 2050. En Europa hay sanciones fiscales para vehículos con combustión interna a la vez que subsidios para eléctricos, y algunos países como Noruega y Países Bajos directamente dejarán de vender vehículos con motor desde 2035. Mercados compradores de autos argentinos como Paraguay o Costa Rica también le pusieron fecha a la electrificación de su parque automotor: 2030.

La industria automotriz argentina debe desarrollar su cadena de valor para insertarse en las nuevas tendencias productivas con tecnologías sostenibles en el marco de la transición energética a la que las principales potencias ya le ponen fecha. La ley de Promoción de la Movilidad Sustentable, con la firma del ex ministro de Economía Martín Guzmán y Matías Kulfas, fue presentada en 2021 y perdió estado parlamentario.

Por este motivo, las áreas de Industria, Asuntos Estratégicos, Transporte y Energía del gobierno avanzan en una ley "corta" que presentaron la semana anterior a sindicatos y  representantes de la cadena automotriz. "La producción nacional de vehículos híbridos y eléctricos es una prioridad estratégica para el Estado", aseguró la titular de la Secretaría de Asuntos Estratégicos (SAE) Mercedes Marcó del Pont en la presentación del proyecto que continuará debatiéndose esta semana entre los equipos técnicos del sector público y privado. De acuerdo al gobierno, si no se promulga una ley que traccione esta transición el país podría correr el riesgo de perder mercados a los que actualmente exporta.

La iniciativa plantea beneficios fiscales para la producción y exportación de automóviles, monopatines y bicicletas eléctricas o sus electropartes y equipamiento especial; reducción de aranceles a la importación de partes que no se producen localmente; reducción de aranceles para la importación de vehículos eléctricos terminados, contra el compromiso de la fabricación local; e incentivos a la formación profesional y avance en regulación de conversión de vehículos de combustión interna a eléctricos. 

Actualmente, la industria cuenta con incentivos para la inversión, producción y exportaciones a través de beneficios fiscales y reducción de aranceles. A futuro, a través de la producción de unidades con motorización más sostenible, se busca desarrollar plataformas de exportación; expandir la cadena de electropartes nacionales; promover la producción de vehículos eléctricos y equipamiento auxiliar; establecer infraestructura de electromovilidad; fomentar la formación profesional; y avanzar en regulaciones tecnológicas. “La propuesta se complementa con la industrialización del litio en el país para la producción de baterías y garantizará, con una fuerte articulación en materia de capacitación y formación, elevados niveles de empleo en el sector”, aseguró Marcó del Pont. 

La ley original contaba con 82 artículos que intentaban establecer un régimen con beneficios y requerimientos para incentivar la inversión de firmas para avanzar en la fabricación de vehículos eléctricos, ya sea autos, motos o de transporte público, sino también avanzar en las partes, ya sea fabricante de motores eléctricos, chasis, carrocerías, software, sistemas de comunicación o estaciones de carga. Uno de los artículos más resistidos por la industria era el 79, que prohibía la comercialización de vehículos con motor de combustión interna nuevos en el territorio nacional a partir del 2041. El proyecto original planteaba llegar a una producción de 1,8 millones de unidades en 2030 (en 2022 totalizó 536 mil unidades) con inversiones de más de 8300 millones de dólares y exportaciones de 5000 millones. 

El proyecta cuenta con un desafío extra marcado por un Congreso prácticamente paralizado en el año electoral. El mismo destino corren el proyecto de Ley de promoción del Gas Natural Licuado (GNL), que busca dar un marco regulatorio de estabilidad en la regulación cambiaria y libre aplicación de divisas para las firmas que inviertan y produzcan GNL en Argentina, que ya se encuentra en la oficina del ministro de Economía Sergio Massa. Tras un encuentro con Massa, el presidente de YPF Pablo González, aseguró que la ley será enviada al Congreso "en los próximos días", acompañada por la de Hidrógeno verde y, "quizás, la de litio", aseguró.