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De manera recurrente hemos afirmado que no existe verdadera democracia sin comunicación democrática. También hemos dicho que la concentración de la propiedad de los medios coarta la democracia, restringe la libertad de expresión, entre otros motivos porque no permite la pluralidad y la diversidad de voces.
Por más indiscutible –por lo menos en algunos ámbitos- que puedan ser la aseveraciones anteriores de nada sirven si, partiendo de la centralidad de las personas en los procesos comunicacionales, no se toma en cuenta el contexto social, político y económico, su incidencia sobre la calidad de vida de ciudadanos y ciudadanas y las condiciones en las que se está desarrollando la cotidianeidad de quienes habitamos la Argentina.
Podríamos entonces invertir la premisa para decir que si bien no existe democracia sin comunicación democrática, tampoco es posible la democratización de la comunicación o el ejercicio pleno del derecho a la comunicación, en una sociedad donde no rigen principios de justicia social, de igualdad entre las personas y con grandes desequilibrios e injusticias en todos los niveles.
La democracia comunicacional y el derecho a la comunicación –siendo centrales porque habilitan al conjunto de los derechos- se conquista y se sostiene también en la lucha por la justicia y la integralidad de derechos. Y no se trata de establecer prioridades, de anteponer un derecho a otro.
No menos cierto es que en cuarenta años de vigencia de la democracia en nuestro país y a pesar de diversas iniciativas -incluyendo leyes en la materia- no ha sido posible garantizar el efectivo ejercicio del derecho a la comunicación. Derecho que -es bueno precisarlo- no se restringe a la libertad de expresión aunque la incluye. El derecho a la comunicación es un derecho ciudadano que asiste a toda persona por su sola condición de miembro de una comunidad y, en consecuencia, corresponde al Estado -actuando en nombre de la sociedad- generar condiciones para el ejercicio de tal derecho.
Es impensable entonces que sin un sistema de justicia ecuánime y ponderado, con enormes desequilibrios económicos y sociales que coartan la vida digna, sin acceso garantizado y equitativo a servicios como la salud y la educación –para mencionar tan solo algunas cuestiones- se pueda pensar efectivamente en comunicación democrática.
En una sociedad sin justicia social y sin acceso pleno a los derechos los espacios de comunicación (los medios de comunicación, pero también todos los ámbitos donde circula la palabra y los bienes culturales) se verán irremediablemente restringidos a funcionar como medios de resistencia y reivindicación. No por ello dejan de ser una valiosa contribución que apunta a la mejora de la sociedad en que vivimos, pero lejos estamos de alcanzar el propósito del ejercicio integral del derecho.
La democracia plena no puede estar desvinculada de la justicia en todos los ámbitos y niveles. Y la comunicación como derecho solo se puede ejercer en ese contexto y con esas condiciones. Si bien todas las prácticas de comunicación desde los bordes y protagonizada en nombre de la ciudadanía constituyen un aporte valioso para caminar hacia sociedades más justas edificadas sobre la vigencia plena de derechos.
