Un tribunal de Perú rechazó ayer el pedido de libertad del expresidente Ollanta Humala y de su esposa, Nadine Heredia, quienes están bajo prisión preventiva desde julio, acusados de haber recibido dinero de la constructora Odebrecht para fines electorales. Según informó el Poder Judicial en su cuenta de Twitter, la Segunda Sala Penal de Apelaciones rechazó la apelación de los abogados de Humala y confirmó la orden de 18 meses de prisión preventiva. Justifica su decisión, “considerando que Humala y Heredia son procesados por el delito de lavado de activos agravado’’.
Humala está detenido en una cárcel de las fuerzas especiales de la Policía, donde también se encuentra recluido el expresidente Alberto Fujimori por crímenes de corrupción y contra los derechos humanos. Por su parte, Heredia está presa en un penal de mujeres en el sur de la capital. La fiscalía acusa a la denominada “pareja presidencial’’ de aceptar fondos de la firma brasileña para la campaña electoral de 2011 y de recibir financiación irregular de Venezuela para las presidenciales de 2006. Humala, quien ha negado todos los cargos, recordó que la ley peruana no prohíbe recibir dinero del extranjero para fines políticos.
El juez Richard Concepción Carhuancho dictó a mediados de julio prisión por 18 meses para Humala y la ex primera dama, tras acoger la solicitud del fiscal, quien alegó riesgo de fuga o de demanda de asilo. Ambos aseguran que han estado en Perú para responder a la justicia y que se han entregado voluntariamente, apenas se dispuso su detención.
La fiscalía de Lavado de Activos recordó que el propio exdirector ejecutivo de la firma, Marcelo Odebrecht, admitió que entregó 3 millones de dólares al Partido Nacionalista de Humala, a pedido del brasileño Partido de los Trabajadores (PT), como una contribución “ideológica’’ y que se hizo llegar a través el entonces ministro brasileño Antonio Palocci, actualmente condenado en el caso de pago de sobornos a cambio de obras públicas, conocido como “Lava Jato’’.
Odebrecht reconoce que pagó en Perú unos 29 millones de dólares en sobornos a cambio de obras públicas, entre 2005 y 2014, que comprende a los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Humala. Toledo, sobre quien pesa una orden de extradición desde Estados Unidos, es acusado de haber recibido 20 millones de dólares a cambio de ganar la concesión de una carretera. Del gobierno de García hay varios funcionarios presos por recibir sobornos de la brasileña para ganar la construcción de una línea de metro en Lima.
Una reciente publicación del diario O Globo de Brasil, asegura que Odebrecht aportó dinero en 2011 –desde fondos no declarados– para la campaña de la lideresa de oposición en Perú, Keiko Fujimori, hija del preso expresidente Fujimori. Ella lo niega.
