![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2017-02/horacio-cecchi_0.png?itok=ipmjsbcZ)
Las fiscales especializadas en Género, Verónica Pérez, de la UFIJ 3 de Esteban Echeverría, y Fabiola Juanatey, de la UFIJ2 de Banfield, que intervinieron desde el inicio en el caso de Anahí Benítez, tuvieron en sus manos la información suficiente como para haber encontrado a la adolescente dos días antes de que fuera asesinada el 3 de agosto de 2017, mediante el pedido de localización a las empresas de telefonía celular. El pedido lo hicieron. Pero lo hicieron mal. Erraron el rango temporal y un dígito del número de carcaza del teléfono (IMEI) de Anahí. Es decir, el 1 de agosto de 2017 pidieron que se buscara si al IMEI le habían cambiado el chip pero erraron el período —pidieron que se investigara en fechas en que aún no había sido secuestrada— y pasaron mal el último dígito del IMEI.
Las empresas respondieron de inmediato pero negativamente. Cuando las fiscales detectaron el error lo enmendaron y enviaron un nuevo pedido. Esta vez el 4 de agosto. Las empresas respondieron de inmediato y una de ellas, Claro, positivamente: el 31 de julio, un chip de esa empresa había reemplazado al original en la carcaza del celular de Anahí. Ya era tarde. Anahí había sido asesinada un día antes.
El dato, terrible por donde quiera que se lo vea, fue proporcionado por el abogado defensor de Marcos Bazán, Manuel Garrido, presidente de Innocence Project Argentina durante su exposición ante los jueces del Tribunal Oral 7, cuando llevaba 2 horas y media de minucioso y encendido alegato. También revela la increíble incapacidad de quienes encabezaban la investigación, manipulada por la urgencia de soluciones exigidas por la entonces gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal (a 15 días de las PASO de 2017) y el procurador general Julio Conte-Grand, a través de su operador, el fiscal general adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera.
"Para colmo de males —dijo Garrido y cortó su alegato para dar un sorbo de agua antes de proseguir. Venía de describir la serie de incongruencias y "falsedades" del adiestrador de canes Diego Tula, cuyo marcado a Bruno ("el Messi de los perros", para María Eugenia Vidal) proporcionó la excusa para arremeter contra Marcos Bazán—. Para colmo de males, existió otro hecho tan aberrante y tan grave que las fiscales intervinientes debían disimular, ocultar bajo los frondosos pliegues de la patraña del 'hippie de los hongos': Lamento tener que hacer referencia a esto que jamás debió haber ocurrido y le pido a los jueces que hagan un último esfuerzo para oír bien".
Y comenzó la explicación del tremendo error que de no haber ocurrido hubiera muy probablemente evitado la muerte de la adolescente. "El 1 de agosto de 2017, la fiscalía de instrucción requirió mediante oficio a la DAJUDECO (Dirección de Observaciones Judiciales de la Corte Suprema) que efectuara la geolocalización del IMEI 355519073676300 y se informara si impactó una nueva tarjeta SIM del 31 de julio al 1 de julio de 2017."
Como advirtió Garrido, el "período es confuso ya que debió referirse al 1 de agosto de 2017 y no al 1 de julio. Esto hizo que el período de interés quedara fuera del requerimiento, ya que la interpretación más razonable de los destinatarios seguramente fue que el periodo requerido abarcaba del 31 de julio de 2016 al 1 de julio de 2017". El abogado continuó explicando que las empresas respondieron ese mismo día en forma negativa. Y subrayó la inmediatez porque si los datos no hubieran sido erróneos, ese mismo día habrían tenido la detección del cambio de chip y la ubicación. El 2 de agosto, la fiscal Pérez envió la misma solicitud con datos erróneos al ENACOM, y el 3 de agosto fue el propio Scalera quien insistió ante el ENACOM "con carácter muy urgente" utilizando los mismos datos erróneos.
El cambio se produjo recién al día siguiente, el 4 de agosto al mediodía, cuando alguien desconocido de la fiscalía advirtió el error y dejó "un cartelón", como lo describió Garrido, manuscrito. "Allí se lee —contó el abogado— '355519073676306 IMEI CORRECTO'. Sin embargo, la persona que verificó cuál era el número de IMEI correcto no dejó una constancia documentando la existencia de la averiguación, con quién se realizó y de dónde surgía el número correcto de IMEI. Es decir que no se cumplió con lo que es usual en el ámbito judicial: documentar las informaciones que se van recopilando."Más del desorden en que estaba sumida la causa. El número cambiaba el último dígito 0 por 6.
El 4 de agosto, a las 17.13, "apenas cuatro horas después" del fax enviado por la fiscal Pérez, la misma recibió en su mail la respuesta de Claro en la que le informaba del primer impacto el 31 de julio, es decir, la verificación del cambio de chip en la carcaza del celular de Anahí. El envío permaneció en el correo de la fiscal desde el 4 de agosto pero, "sorprendentemente —sostuvo indignado Garrido— recién se solicitó la intervención del número que había impactado el día 10 de agosto a las 16.35 horas."
Es decir, nadie hizo nada de nada durante casi una semana con la recepción del dato pedido con urgencia. Recién en esa fecha y hora, la fiscal Juanatey presentó un escrito al Juzgado de Garantías 5 para intervenir el número del chip que había sido colocado en el aparato de Anahí.
Después siguió la descripción de los informes de la empresa en respuesta a los pedidos de ambas fiscales. Por ejemplo, entre el 11 y el 13 de agosto surgen los datos de que desde ese número instalado en el celular de Anahí se realizaron dos llamados, ambos entrantes. El primero el 31 de julio y el segundo el 6 de agosto.
La reseña realizada por Garrido dejó en evidencia lo que el abogado consideró "de una gravedad inusitada", si se considera que la información correcta hubiera surgido el 1 de agosto y tal como quedó determinado, la muerte de Anahí tuvo lugar el 3 de agosto a la noche.
"La fiscalía no pudo dar con la pista adecuada en tiempo oportuno por la negligencia en confeccionar sus solicitudes. Debe tenerse presente que las empresas requeridas contestaron el mismo día 1 de agosto lo que se les pedía pero, claro, seguramente con un error sobre las fechas requeridas o bien sobre un IMEI que no era el correcto. La fiscalía pudo probablemente haber evitado el femicidio de Anahí si hubiera obrado con la debida diligencia. Ello no ocurrió".
Garrido finalizó subrayando la falta de reacción cuando el 4 de agosto, aunque ya tarde para rescatar a Anahí, ya tenían los datos de quienes estaban con su celular. "Insólitamente pidieron la intervención de ese número recién el día 10 de agosto. Evidentemente, las fiscales habían estado distraídas diseñando y concretando toda esta patraña contra Marcos Bazán", sostuvo el abogado y agregó que "este procedimiento manifiestamente negligente, en un caso de tal gravedad, amerita sin duda que se examine la conducta de las y los fiscales mencionados a la luz de las normas vigentes en materia disciplinaria y de enjuiciamiento de fiscales". Para finalizar con que "todo este encadenamiento explica también la subsistencia absurda de la cortina de humo generada con la imputación a Bazán".
