La Gendarmería Nacional secuestró un auto y un trailer en el que se trasladaba carbón, mientras pasaba sobre la ruta nacional 34 a la altura de Embarcación, en el departamento San Martín.
Estas acciones, desplegadas en la tarde del sábado, que involucraron el secuestro de 200 bolsas de carbón de un kilogramo cada una, desencadenaron protestas y cortes de ruta que se extendieron hasta el primero de mayo.
Este tipo de operativo contra una familia criolla que compra el carbón a las comunidades wichí ubicadas en la ruta provincial 53, en donde se encuentran Misión Chaqueña, Carboncito y Padre Lozano, entre otras, no es el primero que termina judicializado y con vehículos secuestrados.
Hasta ayer se esperaban resultados en la audiencia convocada por la fiscala de Embarcación, Gabriela Souto, y referentes de la familia Soria que solicitaban la devolución de sus herramientas de trabajo.
Ante los hechos, en horas de la noche, familiares de quienes habían sufrido el secuestro “llegaron y, superando en número a los gendarmes, se llevaron la carga de carbón”. Así lo informó en un comunicado el Ministerio Público Fiscal Federal. Uno de los integrantes de la familia, Nicolás Soria, añadió que efectivamente sacaron la mercadería que aún se encontraba junto al auto sobre la ruta 34, “y se la regalamos a la gente”.
El domingo “otro grupo familiar regresó para exigir la devolución del rodado, tras lo cual iniciaron el corte de ruta”, se indicó en el comunicado del Ministerio Público Fiscal. El vocero de la familia Soria afirmó que efectivamente fue así, detalló que la protesta comenzó a las 22 del domingo último para terminar a las 6 del lunes 1 de mayo. Y de allí en más se hicieron cortes intermitentes hasta las 10.
Aunque el conflicto judicial se radicó en jurisdicción provincial, el auxiliar fiscal de la Sede Fiscal Descentralizada de Tartagal, Rafael Lama, “comunicó a los causantes la infracción incurrida por el corte de ruta, circunstancias en que, luego de un diálogo con los mismos, se logró el despeje de la ruta”, indicó el Ministerio Público Fiscal Federal.
Economías de subsistencia y ayuda estatal excluyente
El conflicto por el traslado de la producción es a raíz de la insuficiencia de guías de transporte que justifiquen la procedencia del carbón. En cada uno de estos papeles se indica la cantidad y procedencia del producto.
“A veces nos dan solo 14 talonarios y nos ponen cupos. Y parece que a ellos cuando trasladan en bolsas chicas les piden más papeles”, dijo a este medio el cacique de Misión Carboncito, Ceferino Vallejos. Recordó que los problemas en la producción de carbón subsisten, ya que en más de una ocasión las fuerzas de seguridad secuestran la carga y la situación queda judicializada y en manos de la fiscala Souto.
“Al iniciar la semana pasada, encontraron que un camión trasladaba 100 kilogramos de hojas de coca en un compartimento oculto. Y lo tuvieron secuestrado dos o tres días y lo devolvieron”, contó Nicolás Soria para poner de resalto la desigualdad del trato cuando se trata del carbón que producen en las comunidades indígenas y comercializa la familia criolla.
“Todo el mundo sabe que aquí la comunidad vive de estas producciones de carbón”, indicó por su parte Vallejos. Al ser consultado sobre la deforestación que esta actividad podría implicar, aseguró que “se hace con leña seca no solo de donde vivimos, sino de otras fincas en donde compramos”. Y explicó que tirar los árboles que son nuevos “y hacer carbón con madera verde implica perder hasta el 50 por ciento de la producción”.
A esta producción de subsistencia se suma la de agricultura familiar o comunitaria. “Cultivamos zapallo, zapallito, sandía, maíz y un poco de tomate y pimiento. Somos muy pocos los que hacemos (esta actividad) porque se nos marchitan las plantas o por falta de agua”, contó Vallejos.
Si bien existen pedidos de ayuda al Estado, manifestó que las condiciones que imponen para recibirlas los excluyen. Como ejemplo, indicó la obligación de abrir una cuenta bancaria.
