En la jornada de ayer, la organización Madres Protectoras de Salta se manifestó en las puertas de la Legislatura de la provincia, con el propósito de pedir la anulación del proyecto de ley sobre la creación del Registro de obstructores de lazos familiares, impulsado por el senador por Capital y actual candidato a intendente, Emiliano Durand. Aseguraron que la iniciativa legislativa no garantiza una protección a las infancias y adolescencias, además de estigmatizar y perseguir a las madres protectoras. 

El 7 de marzo la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones este proyecto de ley, y con ello obligó a que tenga que ser nuevamente tratado en la Cámara Alta de Salta, que había sido el lugar de origen de esta iniciativa. Tras conocerse el tratamiento exprés y su media sanción, organizaciones de mujeres, redes nacionales en defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes y hasta la Cámara de Diputados de la Nación, mostraron su descontento con la iniciativa. 

La referente de Madres Protectoras en Salta, Yanela Barrios, se hizo presente ayer en las puertas del recinto legislativo y contó que desde hace casi dos meses vienen manifestando su rechazo al proyecto de ley, ya que constituye un ataque hacia las mujeres y revictimiza a las infancias que sufrieron violencia y abuso. Narró que desde la aprobación en marzo, justo antes del 8M, empezaron a tejer redes con otras provincias que también tuvieron iniciativas similares y en las que no prosperó. 

"La convocatoria de hoy es para pedir la anulación de este proyecto de ley", expresó Barrios, quien además insistió en la ausencia de protección a las infancias y adolescencias. Por tal razón, sostuvo que no se puede seguir esperando a que el tratamiento del proyecto esté sometido al tiempo electoral y voluntad de sus impulsores. "Este proyecto tiene que anularse y ya no podemos seguir esperando que pasen los días", más aún ante las diversas manifestaciones que se produjeron desde su aprobación en Diputados, sostuvo la referente. 

A los pronunciamientos en contra, se sumaron pedidos de audiencia al presidente de la Cámara de Senadores, el vicegobernador Antonio Marocco, que hasta ahora no respondió a ninguna solicitud. El 20 de marzo, Barrios junto a referentes de distintas organizaciones de Salta, se apersonaron en las oficinas del Senado y lograron ser recibidas por el vicepresidente de la Cámara Alta, Walter Cruz, quien se comprometió a profundizar en la temática pues reconoció que su voto a favor, en la primera instancia, estuvo guiada por un mero estigma que trata a las mujeres como "resentidas" y "vengadoras" de sus ex parejas y que por eso impiden el contacto de sus hijos con sus otros protegenitores. 

"Extraoficialmente nos dicen que la ley va a ser tratada después de las elecciones, y la verdad que no podemos seguir esperando porque no se trata que tomen las decisiones dependiendo de cómo van las campañas electorales", cuestionó la referente de Madres Protectoras. En esa línea, recordó que el rechazo a la iniciativa se dio antes del inicio de la contienda electoral en Salta, que será el 14 de mayo. "Con estas legislaciones se continúa con la desprotección de las infancias", manifestó Barrios en declaraciones a Radio UNSa. 

El proyecto de ley prevé que en el Registro de Obstructores de Lazos Familiares, se inscribirán las altas y bajas que ordenen los juzgados competentes. Además, se extenderán de forma gratuita certificados de inclusión o de no inclusión en el Registro de Obstructores de Lazos Familiares, sea ante requerimiento de cualquier persona humana o jurídica de carácter público o privado.

Con ello, se busca llevar un listado completo y actualizado de los "obstructores de lazos familiares", que además será publicado en una página web, "con los datos personales necesarios para su correcta individualización" y en el Boletín Oficial de la provincia, al menos una vez cada seis meses del año. También se buscará "promover la incorporación de las empresas e instituciones privadas al cumplimiento de lo que esta Ley establece".

Asimismo, el Registro deberá remitir semestralmente la nómina de "Obstructores de Lazos Familiares" a la Administración Pública Provincial, centralizada o descentralizada, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado, obra social del Estado o cualquier otro organismo dependiente del Estado Provincial. 

Pero desde Madres Protectoras afirmaron que la iniciativa representa una violencia indirecta hacia las mujeres puesto que la mayoría de las causas radicadas en el ámbito judicial, son encabezadas por madres que acompañan las denuncias de sus hijos o hijas. "Esto hace que sea una ley que viene a atacar a las mujeres" porque "también traería una serie de sanciones gravísimas", dijo Barrios.

De acuerdo al proyecto, algunas de esas sanciones pueden ser la imposibilidad de ser adjudicatarias de viviendas sociales entregadas por organismos estatales provinciales, o de obtener o renovar créditos, o ser beneficiarias de subsidios o cualquier otro tipo de asistencia financiera, provenientes de entes u organismos del Estado provincial, centralizado o descentralizado, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado.

Incluso, las diputadas nacionales por el Frente de Todos, Mónica Macha y Verónica Lía Caliva elevaron un proyecto de declaración a la Cámara de Diputados de la Nación, en el que plantean su preocupación por el proyecto de ley. Allí señalaron que en su artículo cuarto se establece como autoridad de aplicación al Fuero de Familia del Poder Judicial, que será también quien defina los méritos o requisitos para integrar el registro en cuestión. De ello se deduce que "no se requiere sentencia firme para que una persona sea incorporada al mismo. Sin embargo, la integración de dicho registro restringiría el acceso a derechos consagrados en la Constitución Nacional tales como acceso al trabajo y a la vivienda". 

A ello se suma la estigmatización hacia las mujeres ya que se suele decir que están "despechadas" y que planean una "venganza" contra sus ex parejas. Este discurso está enmarcado dentro de un inexistente Síndrome de Alineación Parental (SA), que tuvo su origen en Estados Unidos en 1985 y procura atacar las investigaciones de abusos sexuales a niños y niñas afirmando que las denuncias por estos delitos son solo expresiones infantiles inculcadas o elaboradas por sus madres para denigrar o acentuar la ruptura con sus ex maridos o ex parejas. 

En ese sentido, Barrios manifestó que el proyecto de ley va en contra de las legislaciones vigentes y tratados internacionales que garantizan la protección de las infancias y las mujeres. 

Desprotección de las infancias 

La referenta de Madres Protectoras insistió en la falta de protección a los derechos de niños, niñas y adolescentes que trasunta el proyecto de ley, puesto que "viene a atacar y no trae una solución o protección" hacia el sector. "Es una revictimización hacia las víctimas", refirió, dado que además de narrar el contexto de violencia y abuso que padecen, las infancias podrían ser obligadas a revincularse con sus abusadores, con lo que "Es gravísimo lo que se vendría a plantear". 

En esa línea, el proyecto de declaración de Macha y Caliva sostiene que la aplicación de este registro en los términos que se describen en el proyecto, "podría producir severos perjuicios a los derechos de lxs niñxs, cuyos relatos en sede penal -por causas en las que se investigan delitos sexuales- no han sido tenidos en cuenta, incrementando los padecimientos de las madres protectoras, que también son criminalizadas por la ley penal cuando pretenden defender a sus hijxs que relatan haber sido víctimas de abusos".

Es decir, "se correría un alto riesgo de estar obligando a niñxs a vincularse con quienes han cometido abusos sexuales contra ellos, en tanto ese delito llegara a comprobarse y a efectivizar una eventual sentencia, proceso que puede llevar un largo tiempo, incluso años". Por tal motivo, las legisladoras afirmaron que la aplicación de tal herramienta podría ser utilizada para "sumar padecimientos a niñxs abusados" que no han sido escuchados en sede penal y a madres protectoras que intentan que el sufrimiento de sus hijxs no siga reproduciéndose.

Por ello, Barrios aseguró que la iniciativa sólo vendría a "proteger y defender a abusadores y violentos, y pondría como delincuentes a las madres que protegemos y las que estamos cuidando a nuestros hijos" durante el inicio de un proceso judicial. Cuestionó también la revictimización en ámbito judicial puesto que "la misma justicia dilata las causas y no se llega a una resolución definitiva". A esta situación se agrega que ya hay resoluciones de "sobreseimiento a los abusadores y violentos".