El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de las Naciones Unidas evaluó al Estado argentino y en sus observaciones finales hizo varias referencias a violaciones de los derechos humanos en Salta. Concretamente, cuestionó el decreto 91/23, que crea un protocolo antipiquetes o antiprotestas, por entender que limita la libertad de reunión de las minorías, en particular de los pueblos indígenas. 

También efectuó recomendaciones para prevenir y sancionar la violencia sexual contra niñas y mujeres originarias ejercida por criollos en la provincia; expresó preocupación por los desalojos y la falta de titularización de tierras ancestrales a las comunidades, y por la violencia institucional en perjuicio de miembrxs de pueblos indígenas, afrodescendientes y migrantes.

Las evaluaciones del CERD tienen relación con el cumplimiento o no de sus obligaciones internacionales para garantizar la eliminación de la discriminación racial. La última evaluación había sido en 2016.

En el apartado 26 de las observaciones finales, titulado "Libertad de reunión pacífica y defensores de derechos humanos", el Comité expresó preocupación "por los informes sobre el aumento de medidas e iniciativas legislativas a nivel provincial que restringen indebidamente el derecho de reunión pacífica de las minorías, en particular de los pueblos indígenas, como el Decreto 91/23 en Salta". 

También cuestionó "una iniciativa legal en Jujuy para reformar la Constitución de la provincia y limitar la protesta social".

Salta/12 consultó al presidente del Comité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes en Salta, Rodrigo Solá, quien expresó que desde este organismo local ya le habían advertido al gobierno salteño que el decreto 91 "es susceptible de generar responsabilidad internacional" al Estado argentino. "En estas observaciones del CERD ya tenemos la primera muestra de reacción internacional en ese mismo sentido", señaló.

"Estando en la misma línea, vamos a comunicarle a la provincia para que tome conocimiento independientemente de las formas institucionales, el Comité (internacional) debe comunicar al Estado Argentino y (éste) a Salta. Nosotros también, mañana (por el miércoles) vamos a presentar formalmente para que Provincia tome conocimiento", anunció Solá.

El Comité contra la Tortura de Salta realizó una observación técnica al gobierno salteño por el decreto 91 mediante el que en febrero de 2023 aprobó un protocolo para la actuación de fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas, que pretendía regular las protestas en el norte de la provincia, protagonizadas sobre todo por pueblos originarios ante la falta de servicios básicos como el agua, la electricidad y el acceso a la salud. Organizaciones de derechos humanos, sociales, políticas, de mujeres y diversidades sexuales e indígenas se manifestaron exigiendo que sea derogado.

Solá explicó que la responsabilidad internacional es del Estado Nacional, pero en el caso de los Estados federales, "las provincias también tienen obligaciones de dar respuesta". "Creemos que se abre un canal interesante de diálogo interjurisdiccional entre Nación y Provincia en relación al punto específico del protocolo que acá ya está aprobado por decreto. Seguiremos trabajando por la derogación", manifestó.

El CERD recomendó al Estado argentino que adopte todas las medidas necesarias para garantizar el ejercicio del derecho de reunión pacífica sin discriminación alguna por motivos de raza, color, linaje o ascendencia, u origen nacional o étnico, y mencionó también a las provincias.

"Portación de rostro"

 "Nos parecen interesantes las (observaciones) que son generales como la del uso de perfiles raciales, esa persistencia en la práctica, esto tiene que ver con lo que nosotros decimos normalmente 'la portación de rostro', especialmente lo que tiene que ver con pueblos indígenas, inmigrantes, de países limítrofes, en nuestro caso por todas las fuerzas de seguridad", consideró Solá.

"Otro tema para poder trabajar interinstitucionalmente es lo que tiene que ver con el aumento de la violencia institucional y la criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos", señaló el presidente del Comité contra la Tortura.

En este sentido el CERD expresó preocupación por la persistencia de la práctica del uso de perfiles raciales por parte de las fuerzas policiales y otros agentes del orden, que afecta en particular a las personas pertenecientes a pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, resultando en muchos casos en violencia policial y, en algunos casos en la muerte de las víctimas. 

En esa línea, el organismo internacional recomendó al país "adoptar legislación que prohíba de manera explícita el uso de perfiles raciales por los agentes del orden, a nivel federal y provincial", que se adopten medidas para prevenir y erradicar la práctica, que se hagan capacitaciones para las fuerzas de seguridad, que se investiguen y sancionen los casos relacionados con este tema, también el registro y desarrollo de estadísticas, entre otras. 

Propiedad comunitaria indígena y desalojos

En el apartado 30 de las observaciones del CERD, hay otras menciones a la provincia de Salta. La preocupación planteada es por la falta de una normativa adecuada para garantizar la propiedad comunitaria de las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas, a pesar de lo dispuesto en el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, y de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en su sentencia en el caso de Comunidades Indígenas de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) contra la Argentina. 

El CERD señaló que son "limitados" los avances en el relevamiento territorial previsto por la ley 26.160, y expresó su preocupación por el hecho de que todavía "no exista un mecanismo para la titularización de las tierras ancestralmente ocupadas por los pueblos indígenas, aunque algunas provincias han adoptado medidas para este fin, de acuerdo con lo informado por la delegación del Estado parte".

Respecto a esta situación, el Comité advierte que aún no se ha dado cumplimiento a medidas importantes ordenadas por la Corte IDH entre ellas, la de adoptar leyes, y/o de otro carácter para dotar de seguridad jurídica al derecho de propiedad comunitaria indígena.

En ese marco, el CERD también manifestó preocupación porque pese a que ley 26.160 con sus distintas prórrogas suspende los desalojos de los pueblos indígenas, estas acciones se siguen llevando a cabo, con violencia policial en ese contexto y también en las protestas.

El organismo ejemplificó con los casos de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, que terminó con la muerte de Rafael Nahuel el 25 de noviembre de 2017; de la comunidad guaraní Cheru Tempa, en Salta, en julio de 2020; de la comunidad Tusca Pacha, del Pueblo Kolla, en Jujuy, en octubre de 2020; y también mencionó a las comunidades de los Pueblos Tolombón y El Mollar, en Tucumán, en agosto de 2021 y febrero de 2022. 

"Le preocupan también al Comité las informaciones que dan cuenta de actos de violencia contra comunidades indígenas por bandas armadas, en particular en las provincias de Santiago del Estero y Río Negro", añadió el organismo.

La violencia sexual contra niñas y mujeres indígenas

Asimismo, el CERD manifestó preocupación  por "las diversas denuncias de abusos y violencia sexual que sufren mujeres y niñas indígenas por parte de varones criollos ('chineo'), en particular en el norte del país, como es el caso de mujeres y niñas del pueblo wichí en Salta".

El organismo recomendó al Estado adoptar las medidas necesarias para prevenir los abusos y la violencia sexual contra las mujeres y niñas indígenas, afrodescendientes y migrantes, teniendo en cuenta la dimensión interseccional y la necesidad de desarrollar políticas culturalmente pertinentes y con la participación de las mujeres y comunidades afectadas. También "para investigar, sancionar a los responsables y brindar reparaciones adecuadas a las víctimas, incluidos los casos contra las mujeres y niñas del pueblo wichí en Salta".

Asimismo, el CERD requirió la incorporación de una perspectiva de género en todas las políticas y estrategias contra la discriminación racial, a nivel federal y provincial. También que se adopten medidas para prevenir la criminalización de mujeres indígenas que reclaman por sus derechos y garantizarles un acceso efectivo a la justicia, el respeto de los derechos fundamentales y las garantías del debido proceso. Hizo mención a las detenciones de mujeres e infancias de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, en la provincia de Río Negro, el 4 de octubre de 2022, en el marco de un allanamiento y desalojo violento.

Las siguientes organizaciones presentaron dos informes sobre discriminación estructural y la situación de los pueblos indígenas al CERD, para que conozca en profundidad la situación en Argentina: el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI), la Asociación de Mujeres Abogadas Indígena (AMAI), Abogadas y abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), la Comisión Argentina de Refugiados y Migrantes (CAREF), Diáspora Africana de la Argentina (DIAFAR) y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).