Ante la oferta múltiple de los organismos gubernamentales en relación a la asistencia de las adicciones, habría que preguntarse cuál es la relación entre la demanda específica y no discursiva y las ofertas desproporcionadas desde lo oficial y lo privado.
Alli se abren diversas interpretaciones. Cuando una persona adicta decide emprender un tratamiento en algún dispositivo terapéutico. ¿Cuál es la evaluación que se tiene en cuenta? ¿Cómo reacciona el equipo tratante frente a la urgencia de la familia? ¿Estamos dispuestos a priorizar lo que verdaderamente necesita la persona adicta o cederemos para que comience un proceso urgente?
La falta de una instancia de evaluación coherente que defina un diagnóstico posible nos llevara por caminos tumultuosos, de fracasos, de recaídas constantes.
Es entendible la posición de los dispositivos gubernamentales. Frente a la demanda, sea cual fuera, deben dar alguna respuesta, pues para eso fueron creados. Lo que ocurre es que esas intervenciones lejos de ser terapéuticas son solo curitas en heridas profundas.
¿Mientras tanto que hacemos con la familia y los vínculos que conviven con la persona adicta que no tiene voluntad de cambio?
La oferta desmedida y politizada demuestra la falta de criterio frente a una problemática compleja y misteriosa. Son como las hojas otoñales barridas hacia un conteiner. No hay individualización. Se piensa a la población adicta como manada.
Además de utilizar esta crítica situación intima de personas y familias como plataforma política hacia nuevos espacios de poder.
Creo que hay que supervisar cada caso que llega a un dispositivo para no repetir errores y caer en la trampa toxica del victimismo y el clientelismo. Debemos revalorizar los tratamientos para que estos puedan ser verdaderos espacios terapéuticos de contención y reinserción social.
Osvaldo S. Marrochi
Presidente Fundación Esperanza de Vida
