El registro de juicios por accidentes o enfermedades laborales creado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo cosecha rechazos. La Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) definió ayer al listado donde las aseguradoras deben informar las demandas recibidas como “una lista negra para estigmatizar y atemorizar a trabajadores y abogados que reclaman judicialmente el cumplimiento de sus legítimos derechos”. La entidad analiza junto con otras organizaciones presentar un amparo contra la Resolución 760 del Ministerio de Trabajo que dispone el Sistema Integral de Registro para el Estudio de la Litigiosidad del Sistema de Riesgos del Trabajo (Sirel). El registro se alimentará, entre otros, de los nombres de los trabajadores que demandan a las ART y de los letrados patrocinantes. La normativa forma parte del abordaje contra la elevada “litigiosidad” asociada al sistema de riesgos del trabajo que, según aseveró el presidente Mauricio Macri, es causada por la “mafia de los juicios laborales”.
La resolución exige a las ART que remitan a la Superintendencia información detallada sobre las acciones judiciales donde la demanda plantee la inconstitucionalidad de la legislación vigente. El recurso es utilizado por los abogados para que los trabajadores accedan a los tribunales sin atravesar las comisiones médicas, la instancia médico-administrativa obligatoria establecida a comienzos de año. “Lejos de ser un sistema ‘integral’ para estudiar la litigiosidad en materia de riesgos del trabajo, el mismo se limita a registrar sólo los procesos judiciales en donde se haya planteado la inconstitucionalidad de las referidas normas”, advierten desde la AAL al considerar que “se trata de una manifiesta violación a la Ley de Protección de los Datos Personales (Ley 25.326), del derecho a la privacidad y el libre ejercicio de la profesión de abogados”. Los letrados advierten que el objetivo del registro no es el estudio de las causas de la litigiosidad ya que ignora “los incumplimientos patronales y de las ART”.
“Exigimos que la SRT y el Ministerio de Trabajo dejen sin efecto la resolución y se abstengan de ejecutar acciones tendientes a perseguir y/o investigar a los trabajadores y sus abogados que ejercen el legítimo derecho a la jurisdicción con vistas a reclamar la aplicación de la Constitución Nacional”, indicó el colectivo de letrados laboralistas. Desde Justicia Legítima también cuestionaron la creación del Sirel al expresar su “rechazo a cualquier discriminación o lista negra”. Emitió un comunicado donde recordó que “luego de muchos años volvemos a vivir una situación discriminatoria: en 1997 una acordada de la Cámara del Crimen porteña creó un registro de los abogados que ‘se excedían en el trato al personal o en algunos escritos’. Dos años después el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal logró que esa ‘lista negra’ se anulara”.
