Lo hoja de ruta en materia económica que se trazó el Gobierno para después de las elecciones de octubre ubica como objetivos prioritarios la rebaja del gasto público y el déficit fiscal, provocar una caída de los costos empresarios y forzar a las provincias a ajustar también sus presupuestos y la carga impositiva. En su esquema, eso se producirá al mismo tiempo que seguirá bajando la inflación y habrá una profundización de la reactivación económica por los mayores grados de inversión privada. Con miradas distintas sobre las posibilidades de éxito y las consecuencias de este plan, el economista Dante Sica, titular de la consultora Abeceb, y Roberto Feletti, secretario de Hacienda del partido bonaerense de La Matanza, coinciden en que esos serán los ejes fundamentales del programa de gobierno para 2018, y anticipan los instrumentos que utilizará el Poder Ejecutivo para ponerlo en práctica.

“La agenda de la sostenibilidad fiscal es el gran tema que el gobierno tiene por delante, ya que está en el centro de todas las dudas sobre la consistencia de la política económica”, remarca Sica. “Hasta ahora le viene tirando al gasto con el naranjero, pero de acá en más empieza una pelea de racionalización del presupuesto línea por línea”, adelanta el consultor, de buen diálogo con las autoridades nacionales. “El PAMI detectó que en un pueblo de tres mil habitantes el 50 por ciento estaba con internación domiciliaria. Esos son renglones que se van bajando de a poco pero que en dos años hacen diferencia. Es un trabajo puntilloso de mejora de la eficiencia del gasto”, ejemplifica. La meta de déficit primario (antes del pago de la deuda) que se fijó el gobierno para 2018 es de 3,2 puntos del PIB, frente a los 4,2 puntos proyectados para este año. Para lograr ese ajuste de unos 6 mil millones de dólares, una de las vías será continuar con el recorte de subsidios a la electricidad, el gas, el agua y el transporte. Para noviembre ya están pautados aumentos de tarifas en los dos primeros servicios, mientras se esperan definiciones sobre los otros dos, en el marco de una política que prevé incrementos semestrales a los usuarios hasta 2019.  “Vamos a un 2018 con más tarifazos, como se sabía, pero la gran novedad del año que viene será la puesta en discusión del gasto previsional, que es uno de los grandes globos de erogaciones para el Estado”, indica Feletti con preocupación.

Menos gasto en jubilaciones, como es obvio, significa una caída en la masa de ingresos disponibles para ese sector de la sociedad. “Hay mucho que trabajar en la cuestión previsional. Es uno de los principales motores de indexación del gasto público”, agrega el titular de Abeceb, quien supone que el equipo económico modificará la fórmula de cálculo de la movilidad de los haberes para incorporar en el índice la evolución de la inflación nacional, como sugirieron la OCDE y el FMI. La ley que se aprobó en 2009, que dispone dos aumentos por año, en marzo y en septiembre, permitió desde entonces una acelerada recomposición del poder de compra de las jubilaciones, salvo en 2014 y 2016, cuando las devaluaciones provocaron subas de precios que estuvieron por arriba de los aumentos. La reforma del mecanismo de movilidad le pondría límites a ese proceso de mejora de las prestaciones, lo mismo que el reemplazo ya aprobado de las moratorias por la nueva pensión por vejez, que atrasa en cinco años la posibilidad de las mujeres de acceder a un beneficio (de 60 a 65 años) y reduce el monto a percibir al 80 por ciento de la jubilación mínima (5115 pesos en la actualidad) contra el piso del haber mínimo que garantizaba la moratoria una vez saldada la deuda de aportes (6394 pesos en este momento). Es decir, cerca del 60 por ciento de los argentinos que no logran completar los años de aportes para jubilarse sufren una pérdida significativa de recursos con este cambio de política, y de ellos, las más afectadas son las mujeres. Otro eje de la reforma previsional en estudio es el aumento, por ahora voluntario, de la edad de retiro. 

Respecto de la cuestión fiscal, el equipo económico también proyecta una disminución de las partidas para obra pública, fomentando en su reemplazo el esquema de asociación público-privado, donde estos últimos aportan el capital y el financiamiento para que el Estado pueda avanzar con la infraestructura sin comprometer fuertes desembolsos, ya que la inversión se va pagando en cuotas a los contratistas a medida que concluyen los trabajos. “La proyección del Gobierno es alcanzar unos dos puntos del PIB en obras por esta vía”, señala Sica. Sobre el resto del presupuesto se trabajará “renglón por renglón”, agrega el economista, para afianzar una caída del gasto que permita alcanzar aquella meta de un déficit de 3,2 puntos del PIB en 2018. “Hay subsidios cruzados entre sectores que también hay que rever, como los beneficios fiscales a Tierra del Fuego”, apunta Sica. Esta primera parte del programa de gobierno para la segunda mitad del mandato de Mauricio Macri se resume bajo el concepto de que un Estado más chico liberará cargas al sector privado, y eso supuestamente les dejará espacio para volcarse de lleno a la inversión, principal motor que intentan activar desde el Ejecutivo para el crecimiento económico, explica Feletti.

“Menos Estado y menos impuestos, ese es el programa en el que está trabajando el oficialismo”, agrega el ex viceministro de Economía del kirchnerismo. Es, también, lo que reclaman al unísono las mayores cámaras empresarias y organismos internacionales como el FMI. Y no solo para el Estado nacional, sino sobre todo para provincias y municipios. “Las tasas municipales son de delincuentes. La imaginación no tiene límites, pero el descaro tampoco. Las municipalidades tienen que sobrevivir, pero ¿a costa de nuestra sangre?”, planteó por ejemplo esta semana el presidente de la cámara de industrias de la alimentación, Copal, Daniel Funes de Rioja. Si se produce una rebaja de impuestos y tasas, las provincias y municipios deberán achicar también el nivel de gastos o recurrir al endeudamiento, aunque esta última salida no puede ser nunca una opción permanente. “Una ley que el Gobierno quiere tratar en 2018 es el acuerdo federal fiscal. Este año vence la prórroga que se fijó en el presupuesto de 2017 y es el momento de encarar el tema. Uno de los objetivos es poner límites al impuesto a los Ingresos Brutos, que es de los más distorsivos. Desde 2000 en adelante las provincias dejaron de actualizar los impuestos al patrimonio, que es su potestad, y descansaron en la suba de la nominalidad de Ingresos Brutos. Hace quince años esta carga representaba el 30-35 por ciento de la recaudación de las provincias más grandes y hoy llega hasta el 70 por ciento”, señala Sica. “Si lo quieren reemplazar por una mayor alícuota de IVA, las provincias van a perder unos 6000 millones de pesos”, analiza Feletti, quien anticipa que por esta cuestión el próximo año habrá tensiones fuertes entre la Nación y las provincias, sobre todo dependiendo del resultado de las próximas elecciones por la fortaleza política que logren unos y otros. “Es una tarea que empezará después de octubre y que se irá haciendo por etapas. Es una oportunidad para abrir el debate de un tema pendiente hace dos décadas como es la distribución primaria entre Nación y provincias”, agrega Sica. En el marco de la pulseada por un nuevo acuerdo federal fiscal, el gobierno de Macri redoblará la presión para que los regímenes jubilatorios provinciales se amolden a las pautas nacionales, menos ventajosas para los trabajadores que las vigentes en la mayoría de los distritos. Otra vez, el gasto previsional aparece en el centro de la atención de Cambiemos para 2018.

Como se indicó más arriba, la baja de gastos es el camino para la reducción de impuestos que diseña el Gobierno, lo cual quedará expresado en un proyecto de ley de reforma tributaria. Esto forma parte, explica Sica, del otro gran capítulo de trabajo del oficialismo para 2018 junto con la agenda de la “sostenibilidad fiscal”: “la agenda de la competitividad”, a través de un achicamiento de costos para las empresas. Esto incluye, como puntos neurálgicos, “la reforma de las relaciones laborales, el blanqueo laboral y la disminución de las contribuciones a la seguridad social”. “Hay numerosos convenios colectivos de trabajo que quedaron desactualizados, que fueron pactados en otra realidad productiva. Por ejemplo, en la UOM se exige que los calderistas vayan acompañados de un ayudante, pero ahora las calderas tienen mecanismos electrónicos de operación en forma remota”, describe. “Hay que modernizar el sistema de relaciones laborales porque si no las inversiones se van a ir para otro lado”, enfatiza. “Los acuerdos productivos como el de petroleros o el de las automotrices puede ser un buen puente. Los sindicatos saben que pusieron algo pero ganaron en términos de empleo”, argumenta. El blanqueo laboral, a su vez, será el eslabón para justificar una caída de los aportes empresarios para jubilaciones y demás componentes de la seguridad social. “La orientación de la política económica se concentra por el lado de la oferta, mientras que por el lado de la demanda casi su única prioridad es apuntalar la inversión”, resume Feletti. En esa línea, agrega Sica, el Gobierno también avanzará en una mayor desregulación financiera para alentar un aumento del financiamiento a las empresas a través del mercado de capitales.

2018 será entonces, si el Gobierno consigue oxígeno político en octubre, un año de profundización de las políticas neoliberales que ha ido desplegando desde diciembre de 2015, con reformas estructurales de flexibilización laboral, recorte en el presupuesto para jubilaciones, disminución impositiva para las empresas y ajuste del gasto público a nivel nacional y provincial, con mayor desregulación financiera, aumento de tarifas de los servicios públicos y rebaja de contribuciones a la seguridad social. Es difícil imaginar un escenario más inquietante para trabajadores, jubilados y en general para las mayorías populares con un programa económico que reedita experiencias ya vividas durante la dictadura y la década del 90. Las actividades asociadas al mercado interno, en particular las industriales, también conocen las consecuencias de esas políticas, que favorecen a sectores concentrados y consagran una distribución regresiva del ingreso en beneficio de unos pocos.