El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Municipales de San Nicolás, Rodolfo Cecchi, fue trasladado a otra dependencia, a 40 kilómetros de distancia de su lugar de trabajo habitual, en represalia por su defensa del derecho a la salud de los trabajadores y contra la privatización del intendente, Manuel Passaglia.
“Dejá de hablar con medios nacionales, dejate de joder”, relata Cecchi que le dijo un alto funcionario del área de Salud, hace apenas un par de días. El martes a última hora recibió la notificación: lo destinaron a la delegación municipal de Conesa, a más de 40 kilómetros del casco, donde reside y trabajaba hasta un día antes, en la terminal de micros. "Me quieren lo más lejos posible, para hacer y deshacer tranquilos", agregó.
La medida es violatoria de la inmunidad sindical que le corresponde al dirigente, precisamente por su condición. Con estos argumentos, Cecchi reclamará por escrito y espera su pronta reversión. También puso en conocimiento de la situación a las autoridades de la Federación de Sindicatos Municipales Bonarenses (FESIMUBO), que conduce Rubén "Cholo" García.
Cecchi afirma que lo que más molesta fue que expuso públicamente los manejos de la administración Passaglia. "Hablan de un informe que no existe, que nadie vio, y si hubiera realmente un informe favorable, lo hubieran publicado en el diario El Norte”, asegura refiriéndose al medio local que, con un fuerte vínculo histórico con las gestiones de los Passaglia, Ismael y Manuel, anticipó al anuncio con el que el actual intendente anunció el acuerdo de la Municipalidad con la prepaga Avalian.
En ese anticipo el medio justificaba la decisión como consecuencia de "la voluntad de los trabajadores de dejar IOMA, manifestada en el informe de la consultoría externa". Pero el supuesto informe no trascendió, hasta hoy nadie pudo verlo, ni siquiera trascendió el nombre de la empresa que ejecutó el trabajo, y en el ámbito local dudan de su existencia.
"El intendente también miente cuando dice que los que quieran seguir con IOMA pueden hacerlo", asegura el trabajador municipal en referencia a los pacientes con enfermedades crónicas. "Lo que debería decir en realidad es la prepaga no quiere a los crónicos, pero no es que se quedan en IOMA: al caerse el convenio, deben reafiliarse, pero en otras condiciones, más onerosas y desfavorables", describe.
La explicación tiene causas actuariales y financieras. IOMA invirtió durante 2022 en San Nicolás 140 millones de pesos más de los que recaudó por los aportes. En el balance del instituto provincial, que cuenta con 2,2 millones de afiliados, ese pasivo se compensa, pero para una empresa privada, debería computarse como pérdida. Y para una empresa como Avalian, de sólo 140 mil socios, sería la diferencia entre un balance en negro y uno en rojo.
Avalian cuenta con un único sanatorio propio, el Aliare de Rosario, recién inaugurado. En la provincia de Buenos Aires, contrata a terceros. En el marco de la creciente concentración de la infraestructura sanitaria cada vez en menos manos, la situación implica una debilidad, debido a existente tensión en torno a la escasez de camas. Algunos grandes jugadores, como IOMA, pueden presionar por su gran volumen de facturación, pero también en este punto la capacidad de negociación de Avalian es sensiblemente menor.
En este escenario, IOMA inauguró en 2020 su primer hospital propio: el Gabriela Carriquiriborde, en Temperley. Fue diseñado sobre la base de la clínica Comahue, que tras quebrar se cooperativizó y sus trabajadores tomaron contacto con el instituto para encontrar una solución.
Frente a esta situación, los trabajadores municipales permanecen en estado de alerta, a la espera de novedades que podrían producirse el jueves, cuando el titular de IOMA, Homero Giles, se traslade a San Nicolás para una reunión del consejo consultivo regional. Allí se evaluará la situación y se determinarán los pasos a seguir. “Estamos esperando el dictamen de inconstitucionalidad de la asesoría de la gobernación para judicializar la medida”, afirmaron desde el instituto. El consejo incluye la participación de representantes sindicales, por lo que la reunión será también de apoyo y desagravio a Cecchi.
La Ley de creación del IOMA N° 6.982 establece que son afiliados obligatorios los trabajadores de las municipalidades que adhieran al régimen y detalla que la masa salarial municipal para cada distrito es el resultado del producto del total de agentes municipales. De allí que la norma, al admitir la adhesión de las municipalidades a la ley provincial, sólo posibilita la adhesión masiva del personal municipal, no existiendo posibilidad alguna de adhesión parcial y, los aportes y contribuciones son destinados en su totalidad a la obra social provincial.
En paralelo, la Ley 23.660 regula el sistema de obras sociales nacionales, excluyendo a las obras sociales provinciales, y la totalidad de los aportes y contribuciones son destinados a la obra social elegida dentro de ese Sistema, una vez deducido el aporte del Fondo de Distribución Solidario que ingresa a la Superintendencia de Servicios de Salud. Se trata de dos sistemas distintos y no está contemplada la posibilidad de pasar de uno a otro. Una ley provincial no puede ser derogada con una ordenanza municipal. Hacerlo requeriría de otra ley.
De la media docena de intendentes bonaerenses del PRO que amenazaron romper con IOMA, sólo el nicoleño siguió los pasos del precandidato a gobernador e intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel. El resto ratificó, formalmente y por escrito, su adhesión al convenio vigente.
