La Inspección General de Justicia actuó de oficio y anuló la reforma del estatuto del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la UBA, aprobada durante una convulsionada Asamblea Extraordinaria el pasado 19 de abril que terminó con golpes, corridas y denuncias por parte de la oposición. Un grupo de alumnos habían acusado al oficialismo de Franja Morada y Nuevo Derecho de restringir el acceso al Aula Magna, donde se realizó la votación, mediante "vallas, golpes, patovicas y amenazas". Ahora, el organismo resolvió dejar sin efecto el resultado de la asamblea, ya que "no se ha garantizado la participación plena de los alumnos en condiciones de ejercer el derecho a voz y voto".

En la resolución se afirma que las autoridades del centro no dispusieron las condiciones necesarias para el normal funcionamiento de la asamblea. Entre otras irregularidades, los inspectores de la IGJ, que presenciaron el acto en carácter de veedores, certificaron que se restringió el acceso al Aula Magna tras completar su capacidad, a pesar de que no se había alcanzado el 10 por ciento del padrón, como establece el estatuto. "Teniendo en cuenta el caudal de alumnos que componen el padrón de asociados no se garantizaron los medios para acreditar el tiempo, ni el espacio para albergar en debida forma ni siquiera un cinco por ciento del mismo, vulnerándose así, el derecho a voz y voto pleno del mismo", dice la resolución.

Para ingesar al recinto, los alumnos debían pasar por un sistema de doble acreditación con DNI en las mesas dispuestas en las entrada. Sin embargo, para cuando se decidió cerrar el acceso, aún había muchos estudiantes que reclamaban participar de la asamblea. El acto y la posterior votación se realizaron entonces en medio de gritos, silbidos e insultos por parte de integrantes de la oposición, que acusaban a las autoridades del centro de perjudicar a las demás agrupaciones. Ocho representantes denunciaron "haber recibido diversas agresiones físicas por parte del oficialismo; irregularidades en el ingreso, entre ellas, que la implementación del sistema de doble acreditación tuvo como objetivo dilatar el ingreso para que ello no perjudicara las mayorías del oficialismo; la falta de identificación del personal de seguridad, atento a que la Facultad cuenta con guardia propia; la imposibilidad de constatar el quórum; y la negación del derecho a ser oídos y hacer uso de la palabra, habiéndose registrado debidamente en la lista de oradores".

Finalmente, y a pesar de los conflictos desatados dentro y fuera del Aula Magna, con los enfrentamientos entre estudiantes y seguridad viralizados posteriormente en redes sociales; la Comisión Directiva dio por válida la votación tras alcanzar la mayoría de dos tercios de los presentes y legitimó la reforma estatutaria. Sin embargo, desde la IGJ aseguraron que "la gravedad de los conflictos consecuentes que tomaron relevancia pública, justifican su intervención de oficio en función de las competencias dadas por la Ley 22.315", por lo que el organismo resolvió declarar "irregular e ineficaz a los efectos administrativos la Asamblea Extraordinaria celebrada el 19 de abril de 2023". Las autoridades deberán convocar una nueva asamblea dentro de los próximos sesenta días "debiendo garantizar la participación de todos los asociados con derecho a voto a efectos de asegurar la representatividad de las decisiones a las que se haya arribado".