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Desde Lima
El gobierno de Dina Boluarte sigue acumulando denuncias por violaciones a los derechos humanos. Este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe sobre la represión a las protestas antigubernamentales en el que se hace referencia a ejecuciones extrajudiciales y se habla de masacre. El organismo interamericano exige que los responsables sean sancionados e indica que las investigaciones deben tener “un enfoque étnico-racial”. La mayor cantidad de víctimas son pobladores indígenas, campesinos de las zonas andinas. “La respuesta del Estado (a las protestas) estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza”, señala el informe.
La CIDH, como antes otros organismos de derechos humanos, denuncia disparos de las fuerzas de seguridad contra manifestantes y contra personas que no participaban en las movilizaciones, incluso contra brigadistas de salud que atendían a los heridos, acciones que, indica esta Comisión, “podrían constituir ejecuciones extrajudiciales”. Este informe precisa que las protestas y la represión se han dado “en un marcado contexto de discriminación histórica por origen étnico-racial y situación socioeconómica”, fundamentalmente contra la población indígena, y en un marco de “fuerte tensión” entre Lima y otras regiones, especialmente las del sur andino. El documento denuncia una campaña de estigmatización que acusa de “terroristas” y “violentistas” a las poblaciones movilizadas contra el gobierno, mayoritariamente indígenas. Estigmatización extendida a quienes denuncian las violaciones a los derechos humanos. Autoridades del gobierno y sus alados de la derecha parlamentaria y de los medios hegemónicos forman parte central de esta estigmatización.
Desde diciembre, cuando estallaron las protestas luego de la destitución y encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo, la represión ha dejado 49 muertos por disparos de la policía y del ejército. El total de fallecidos en el marco de las protestas son 67. Hay más de mil heridos y numerosas detenciones arbitrarias. El informe de la CIDH analiza las matanzas en las zonas andinas de Ayacucho, donde el 15 de diciembre los militares mataron a diez personas, y Juliaca, donde el 9 de enero murieron 18 pobladores por disparos de las fuerzas de seguridad.
La CIDH indica que hubo actos de violencia de algunos manifestantes que intentaron tomar los aeropuertos de ambas localidades, pero denuncia que se disparó contra pobladores desarmados lejos de los aeropuertos que un grupo había intentado tomar, por lo que no se trató de una respuesta en defensa de esas instalaciones, como alegan las autoridades, sino de una acción “de carácter persecutorio”. Se denuncia que se disparó a matar apuntando “contra órganos vitales”. Los fallecidos murieron por disparos en la cabeza, el tórax, el abdomen o la espalda, como han confirmado las necropsias. “Hechos que, al ser perpetrados por agentes del Estado, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales”, denuncia la CIDH. Agrega que al tratarse de “múltiples privaciones del derecho a la vida” estos hechos “podrían calificarse como una masacre”. Se reseñan testimonios de familiares de víctimas que han resultado heridas por la represión que denuncian que son discriminados en los centros de salud, por haber participado en las protestas y por ser indígenas.
“La Comisión condena enérgicamente el uso indiscriminado de la fuerza mediante armas de fuego contra población inerme por parte de agentes del Estado peruano”, se lee en el informe de la CIDH. Entre sus recomendaciones, se demanda asegurar reparaciones integrales para las víctimas y sus familiares, que incluyen acceso a la justicia y al derecho a la verdad, atención a su salud física y mental, una reparación pecuniaria. El organismo demanda una investigación “célere, seria, eficaz, independiente” realizada por fiscales especializados en derechos humanos, procesos con jueces independientes y sanción para los culpables. Lo contrario a lo que se viene haciendo. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, cercana a la derecha de la coalición autoritaria que gobierna, ha debilitado las fiscalías de derechos humanos y ha formado un equipo fiscal para estas investigaciones en el que de diez fiscales solamente uno tiene experiencia en casos de derechos humanos. Las investigaciones avanzan lentamente, a ritmo de impunidad.
En respuesta a la CIDH, la presidenta Boluarte declaró que su gobierno respeta los derechos humanos y promueve el diálogo y la paz social. Parecía que hablaba de otro gobierno, muy distinto al suyo. A pesar de las evidencias, insistió en negar responsabilidad en las muertes por la represión y volvió a culpar de las muertes durante las protestas a los manifestantes, que una vez más llamó “vándalos”. “Rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre”, señaló, para referirse a la parte central del informe de la CIDH. Las evidencias dejan sin piso ese rechazo. Dijo que era consciente de la importancia de evitar que se repita lo sucedido, pero su gobierno felicita públicamente y protege a los represores, lo que es una invitación para que las violaciones a los derechos humanos se repitan.
En declaraciones a Página/12, Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú (CNDDHH), señaló que “este informe de la CIDH refuerza lo que hemos dicho los distintos organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, que aquí hubo ejecuciones extrajudiciales y masacres”. Indicó que el informe de la CIDH tiene “un peso diferente” a los anteriores de “organizaciones muy respetadas de la sociedad civil” porque se trata de un organismo que es parte de un tratado internacional que el país a suscrito.
“Es un informe bastante completo porque aborda un conjunto de elementos contextuales que ayudan a entender las movilizaciones sociales y explican muy bien lo que está ocurriendo en el país. Este informe nos permite tener una incidencia muy fuerte en el campo internacional respecto a la responsabilidad del Estado peruano. Es distinto que vayamos a diferentes países u organismos internacionales con nuestros informes de la sociedad civil, a que lo hagamos con un informe de la CIDH. Para las víctimas este informe es un elemento de referencia muy importante para presentarlo en las causas abiertas. Es el primer informe de la CIDH sobre el Perú desde el año 2000, lo que indica la gravedad de la situación actual”, afirmó Dador.
La secretaria ejecutiva de la CNDDHH apuntó que las recomendaciones sobre acceso a la justicia “tienen que darse en tiempo oportuno, no podemos esperar más de treinta años para una sentencia, como ha ocurrido en una serie de casos”. En su opinión, la responsabilidad penal de la cúpula del gobierno, comenzando por Boluarte y su jefe de gabinete Alberto Otárola, traba el avance de las investigaciones judiciales.
La CIDH no puede aplicar sanciones si no se cumplen sus recomendaciones, sentencias que sí puede imponer la Corte Interamericana. Para que el caso llegue a la Corte primero se debe agotar la vía judicial interna o demostrar que las condiciones en el país no permiten un ejercicio real de la justicia. “Si no se cumple lo que demanda la CIDH, sería un elemento para argumentar que las condiciones en el país imposibilitan avanzar en un proceso judicial y pedir la intervención de la Corte”, opinó Dador.
Legisladores de la derecha y la ultraderecha reaccionaron con la histeria que exhiben cuando se trata de responder a denuncias de violaciones a los derechos humanos. Saltaron para atacar a la CIDH y demandar que el Perú se retire del sistema interamericano de derechos humanos.
