A partir del 11 de mayo se llevará a cabo en la Sala VI del Tribunal de Juicio de la ciudad de Salta la audiencia de debate por el "homicidio calificado" de la maestra Rosa del Milagro Sulca, cometido en abril de 2020.
La principal acusada es una mujer que ahora tiene 20 años, pero que era adolescente al momento de los hechos, por lo que se determinará su responsabilidad penal. También un amigo suyo será juzgado, pero por encubrimiento agravado. Además, están acusados cinco operadorxs del 911 y dos policías que fueron al domicilio de la víctima, quien llamó para pedir ayuda a la línea de emergencias, pero no la socorrieron.
El juicio será presidido por la jueza Mónica Mukdsi, y está previsto que las audiencias se extiendan hasta el 24 de mayo. La primera será el 11 de mayo, a partir de las 9 en el salón de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial.
En el juicio intervendrán el fiscal Leandro Flores y la fiscala Verónica Simesen de Bielke, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas. También se presentó como querellante la Fundación Cintia Fernández con la representación del abogado Pablo Tort.
"Actuamos en representación de la Fundación entendiendo que se trata de un derecho afectado que nos concierne a todos, porque el homicidio no fue el accionar de una sola persona, sino que los miembros de la fuerza no llevaron a cabo su labor", dijo Tort a Salta/12. En este sentido, el abogado remarcó que les preocupa "la responsabilidad de la provincia de Salta", por la "gravedad institucional" que implica que estén imputados integrantes de la fuerza policial y operadorxs del sistema de emergencias 911 "que omitieron prestar auxilio".
El letrado señaló que el crimen de Sulca "deriva de una violencia estatal", por parte de la policía y del 911, que incurrió en incumplimiento de sus deberes. Sostuvo que el asesinato se perpetró "con complicidad indirecta" de estos funcionarios "que no hicieron bien su trabajo".
La Fundación se presenta como "tutora de los intereses colectivos, como puede ser la seguridad" y tiene "la posibilidad de presentarse en el juicio como representación indirecta", explicó Tort.
Salomé Abigail Soria está imputada por el delito de homicidio calificado por alevosía y criminis causa. Al tratarse de una adolescente al momento de los hechos, según el procedimiento que explicaron desde el Poder Judicial a Salta/12, en este juicio se determinará su responsabilidad penal y luego un juez de menores dispondrá en otro juicio más corto cuál será la pena a aplicar.
En este caso, Tort indicó que por jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en base a lo que determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la pena se mitiga para la joven y puede alcanzar los 15 años de prisión como máximo, ya que a las infancias y adolescencias no se les puede aplicar la prisión perpetua.
La joven llegará al juicio privada de la libertad, acusada de asesinar a cuchillazos a Sulca, en la madrugada del 28 de abril, cuando ingresó a su casa de Villa Mitre para robarle, algo que ya había hecho en otras oportunidades, según señaló la Fiscalía.
Tort indicó que Soria ya conocía a Sulca, por eso ella tenía un trato particular con la víctima, "por eso logra inmiscuirse en el domicilio", y se estima que esto fue con el consentimiento de la docente.
Otro acusado es Martín Oscar Laime (26), apodado "Loro", por encubrimiento agravado. La fiscala Ana Salinas Odorisio, quien intervino en la investigación penal preparatoria hasta el requerimiento a juicio, pidió que este hombre sea juzgado porque apareció en escena fuera de la casa de Sulca, cuando ya se había cometido el crimen. Se determinó que el imputado se reunió con Soria en las inmediaciones, y a pesar de que la vio con su ropa ensangrentada y lesionada, no denunció este hecho y hasta le prestó un abrigo.
Soria y Laime estuvieron juntos hasta el día siguiente y en la causa se reunieron registros fílmicos y testimonios que los ubican a ambos en la vereda de la vivienda de la víctima horas más tarde.
Además, hay cinco operadorxs del 911 y dos policías que llegaron al juicio imputadxs por incumplimiento a los deberes de funcionario público.
Lxs operadorxs acusados son Marcelo Tintilay Cordeyro, Héctor Roberto Herrera, Gustavo Javier González, Gabriela Valeria Casasola Moyano y Normando Domingo Corbera,
Mientras que los policías que acudieron al domicilio de Sulca en el móvil 1113, pero que no la socorrieron porque aseguraron que nadie respondió a sus llamadas en la puerta, son Antonio Exequiel Sanhueso y Juan Carlos Vizgarra.
"De acuerdo a la postura nuestra, los testigos más importantes serán los que expliquen el funcionamiento del 911, en principio todas las personas que pueden ser de la fuerza policial o no y saben cómo se debía haber operado", consideró Tort, desde el interés de la querella que apunta al accionar de los funcionarios policiales y operadorxs.
La defensa de los acusados estará a cargo de Miguel Fernando Páez, por Soria; la defensora oficial penal Patricia González, por Laime; el defensor oficial penal Jorge Eduardo Bonetto, por Tintilay Cordeyro; Andrés Chibán, por Casasola Moyano; Pablo Alberto González, por Herrera y González; Carlos Fernando Rojas, por Corbera; Ariel Vázquez, por Sanhueso, y Nicolás Ceferino Vedia, por Vizgarra.
