En un contexto en el que las empresas armamentistas y ligadas al petróleo y al gas obtienen enormes ganancias, el actual conflicto en Ucrania y, especialmente, las sanciones contra Rusia, han provocado, en cambio, una profunda crisis económica a nivel global.

Junto con los efectos del Brexit, uno de los países que más están sufriendo las consecuencias de su participación en esta contienda bélica es el Reino Unido, destacado además por su máximo compromiso al interior de la OTAN por su guerra sin cuartel contra Rusia.

En efecto, y pese a que el gobierno británico informó el final de una prolongada recesión, los números de la economía todavía son críticos. No sólo por los altos costos de la energía, sino también por la persistente suba de los impuestos y, principalmente, por un índice de inflación que en el mes de marzo se ubicó en el 10,1%.

Como si fuera poco, el país gobernado por el ultramillonario Rishi Sunak (foto), dueño de un patrimonio de más de 4.500 millones de dólares, se enfrenta hoy a una impensada crisis alimentaria, en la que escasean productos en góndolas e, incluso, frutas y verduras. Por ende, en Londres y en otras ciudades, abundan las filas en los centros de ayuda alimentaria y en los comedores sociales.

En este complejo marco, el Reino Unido avanza vorazmente con distintas medidas paliativas no sin que se produzcan distintas implicaciones internacionales, tanto en el orden económico, como así también político y ambiental. En este sentido, el desenvolvimiento de la industria pesquera británica constituye una muestra fehaciente de una política de depredación que afecta a una cantidad creciente de naciones, entre ellas, por supuesto también a Argentina.

En un inicio, el Atlántico Norte devino un escenario de disputa más intensa por recursos pesqueros cada vez más limitados, en donde el Reino Unido busca un mayor predominio territorial frente a otros gobiernos como los de Noruega, Dinamarca y, desde ya, la Unión Europea. Frente a la competencia desenfrenada y sin acuerdos, es poco lo que puede hacer la Comisión de Pesca del Noreste Atlántico (NEAFC, por sus siglas inglés) que, no casualmente, tiene su sede en Londres.

El resultado es que hoy la sobrepesca amenaza la existencia de la caballa y del arenque, dos especies de las que el Reino Unido obtiene importantes beneficios económicos en detrimento de un ecosistema cada vez más precario e inestable.

En el Atlántico Sur la situación es todavía más compleja, ya que la pugna por los recursos marítimos, amenazados por la sobrepesca fomentada desde el Reino Unido, se engloba dentro del más amplio reclamo argentino en torno al territorio en disputa correspondiente a las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.

Además de la actividad pesquera, Londres obtiene importantes ganancias a partir del negocio de la venta de licencias, una lucrativa práctica comercial iniciada en 1987 y que hoy, con la connivencia de otros gobiernos y naciones, le permite super explotar un amplio espacio marítimo reivindicado como propio.

El caso que más ha acaparado la atención es el de la Milla 201, donde en el límite jurisdiccional del Mar Argentino se agolpan centenares de embarcaciones pesqueras originarias de países tan diversos como España, China, Taiwán y Corea del Sur. Una gran cantidad de estas naves, que operan con las cuestionadas licencias británicas y, además, sin dar cuenta de su ubicación, depredan la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina en busca de codiciadas especies de creciente consumo en Europa.

Los pobladores de las Islas Malvinas también son activos participantes del negocio de las licencias pesqueras, cuya alta demanda ocasionó un aumento del 12% en su precio. Entre los principales compradores de licencias se encuentran buques de origen español que, en 2022 obtuvieron cerca de 365 millones de euros por la comercialización de, al menos, 100 mil toneladas de calamar…

Por supuesto, la riqueza ictícola no es la única en esta región. La posesión en Malvinas le posibilita a Londres el aprovechamiento de una vasta área plena de recursos hidrocarburíferos y de nódulos polimetálicos, casi sin explotar en el fondo marino frente al agotamiento de las reservas en el hemisferio norte.

Una situación similar se vive en las islas Georgias del Sur, a mil kilómetros al este de las Islas Malvinas, donde también operan ilegalmente barcos pesqueros con licencias ilegítimas otorgadas por el Reino Unido. En este caso, afectando también el área marítima protegida por iniciativa británica para la conservación del medio ambiente…

La Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos de la Antártida (CCRVMA, por sus siglas en inglés), un organismo multilateral integrado por 26 países, entre los cuales se encuentran Argentina y el Reino Unido, tampoco logró un acuerdo efectivo en torno a la captura de la merluza negra, el espécimen más preciado en este entorno.

Pero el desenfreno británico no sólo afecta a Argentina. En junio de 2022, el lejano conflicto en Ucrania tuvo su correlato en el Atlántico Sur cuando, con la excusa de una represalia contra Rusia, el Reino Unido se adjudicó licencias para la pesca de merluza negra en un área del tamaño de Francia. Se produjo así un impensado conflicto nada menos que con Estados Unidos, que no sólo desaprobó la iniciativa británica, sino que, además, impidió la importación de este espécimen.

Con el aumento de la explotación pesquera, en gran medida incentivado por el Reino Unido, se están agotando las poblaciones de peces, en particular, del calamar y de la merluza. No se trata sólo de un problema económico para Argentina: por estas horas, y sin ningún tipo de control, podríamos estar ingresando en una verdadera catástrofe ambiental.

Pero lo cierto es que, más allá de la práctica depredadora de la industria pesquera, el Reino Unido difícilmente podrá revertir el futuro oscuro al que se enfrenta, ya que el FMI augura un decrecimiento del 0,6% de su economía para 2023, por lo que se convertiría en el país del G7 con peor desempeño económico en este año.

Para colmo de males, la misma entidad predijo que, pese a la infinidad de sanciones comerciales, la economía rusa crecerá este año un 0,3%. Una realidad difícil y humillante para el gobierno de Sunak que ha profundizado su enfrentamiento bélico contra Rusia sin ninguna racionalidad política y, mucho menos, económica, afectando así la sostenibilidad ambiental de buena parte del planeta.