La Justicia porteña suspendió provisoriamente la licitación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que incluía a las personas en situación de calle y a los y las cartoneras en una lista destinada al relevamiento de la higiene de las calles porteñas. Fue tras un amparo presentado por las organizaciones del sector, que denunciaron el "trato ilegítimamente discriminatorio" que para ellos significaría la puesta en práctica del "servicio de relevamiento" con el que el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana busca proteger la "imagen de Ciudad Limpia". Tras la resolución de primera instancia se abre un período en el que la Justicia deberá determinar si ordena derogar la medida de forma definitiva o si le da el visto bueno al GCBA para implementar la licitación, que supera los 1500 millones de pesos.

La medida precautelar fue dictada por la jueza Patricia López Vergara, subrogante en el Juzgado N°2 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario. En su resolución, la magistrada dio la razón de forma provisoria a las organizaciones al considerar, entre otras cosas, que la "semántica y la estructura gramatical" utilizada por el Ministerio en los pliegos de la licitación "podrían configurar categorías sospechosas de discriminación". La jueza hizo especial hincapié en el punto 3.2 de los pliegos, en el que se enumeran las "incidencias" a relevar de las “condiciones que impactan en la higiene urbana en la vía pública”.

Para López Vergara, la redacción de los pliegos "sugeriría que las adjudicatarias deberán relevar espacios y estimar si la presencia de ciertas personas perjudicaría la limpieza, la higiene y la estética, al igual que lo haría una bolsa de basura, un auto abandonado o un graffiti en una pared". En los fundamentos de su resolución de 23 páginas, la jueza escribe en condicional. Le otorga al Ministerio el beneficio de la duda con un plazo de cinco días desde el fallo para que argumente las razones de la licitación y presente "todos los antecedentes administrativos que dieron origen al proceso licitatorio".

"El fallo dice que hay una situación a investigar. Hay un conjunto de organizaciones que representan a los cartoneros y a las personas en situación de calle que estamos diciendo que esa licitación plantea una discriminación abierta hacia el sector. Por lo tanto, esto amerita que la Justicia estudie si es o no así, y que en tal caso evalúe si la licitación corresponde o no", dijo a Página 12 Alicia Montoya, de la Cooperativa El Álamo y representante de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores. Esa Federación fue la que presentó la acción de amparo inicial, en conjunto con la organización Proyecto 7, que trabaja con personas en situación de calle, y con la Asociación Civil Isauro Arancibia.

En los pliegos de la licitación se especifica que los relevadores deberán evaluar, en primer lugar, el "estado de higiene de las cuadras" para buscar elementos "que sean susceptibles de producir contaminación visual". El pliego lista elementos como residuos domiciliarios, restos de podas o de obras. El siguiente punto, sin embargo, incluye "asentamientos precarios producto de personas en situación de calle". Ese apartado es descripto así: "Verificación ocular de la presencia de personas y/o conjunto de las mismas que se encuentren residiendo transitoria y/o permanentemente en vía pública". Los cartoneros y cartoneras son incluidos en la lista, aunque llamados "recuperadores". El pliego concluye que el relevador tiene que registrar cuando encuentre cualquier otro elemento que "perjudique la imagen de Ciudad Limpia e higiene en la vía pública".

"Nos están diciendo que somos iguales a un montículo de basura. Lo que afea a la Ciudad es la política pública que, con la cantidad de viviendas vacías que hay, es incapaz de habilitar un techo a una mamá o a un anciano", dijo en este sentido Montoya. En el amparo colectivo, las organizaciones solicitaron la derogación de la licitación por dos puntos. Por un lado, argumentan que significa un "trato ilegítimamente diferenciado y discriminatorio". Por otro, sostienen que el servicio de mantenimiento de la higiene urbana ya está garantizado, por lo que asignar los más de 1500 millones de pesos a otras empresas constituiría "una duplicación de fondos públicos". La licitación ya fue preadjudicada a dos empresas, aunque ahora la jueza ordenó suspender ese trámite de forma provisoria.

Consultados por Página 12, fuentes del Ministerio aseguraron a este diario que ya respondieron la notificación de la precautelar y que este viernes presentarán la documentación requerida para que continúe el curso legal del litigio. Sobre el objeto de la licitación, ya habían respondido a este diario que "el punto de la contaminación visual no es para las personas en situación de calle" y que esas personas no son tomadas como "variables de limpieza". También sostuvieron que "el programa es para mejorar la limpieza en lugares complejos" y que los relevadores sólo "observan la situación" y, llegado el caso, lo derivan a Buenos Aires Presente.

Al conocerse la licitación, el legislador del Frente de Todos Matías Barroetaveña presentó un pedido de informes en la Legislatura y ahora dijo a este diario que espera "que esta decisión judicial frene definitivamente esta escandalosa contratación; pocas veces vimos un accionar estatal con semejante nivel de discriminación hacia dos colectivos de los más vulnerables". "Por otra parte, indigna que los recursos que se les niegan para subsistir se utilicen para este fin, evidentemente esos 1520 millones forman parte de un esquema de financiamiento poco trasparente”, aseguró.