Desde Santa Fe

El fiscal federal Walter Rodríguez pidió ayer el juicio oral y público de su colega del MPA de Santa Fe Cristina Ferraro en un dictamen que reveló el “plan orquestado” para ocultar 1.110,000 dólares y 3 millones de pesos que había en una agencia de turismo que operaba como cueva financiera, en febrero de 2020, horas después del homicidio de su dueño, Hugo Oldani. Rodríguez explicó que “Ferraro no sólo restó importancia a las pilas de dinero en efectivo halladas en el lugar del crimen”, sino que pese a su condición de funcionaria pública “hizo todo lo posible” para actuar –sin éxito- en lo que su acusador llamó “ignorancia deliberada” o “ceguera simulada” ante los hechos. Ahora, la fiscal deberá responder ante el Tribunal Oral de Santa Fe por dos cargos: supuesto “encubrimiento agravado” y “abuso de autoridad”.

Rodríguez solicitó también el juicio oral a otros cuatro imputados en la investigación, entre ellos el abogado José Luis Hernández (yerno de Oldani), su colega Virginia Venetucci (amiga de la familia Oldani) que “cumplía funciones en la asesoría letrada de la Policía de Santa Fe”) y Diego Medero, esposo de una empleada de la agencia de turismo, María José Calle.

En noviembre de 2020, el fiscal Rodríguez ya había pedido el juicio oral de Virginia Oldani y de María José Calle –entre otros- por supuesta “intermediación financiera no autorizada”. Y ayer, le imputó a Hernández, Venetucci y Medera el “plan” para “ocultar y hacer desaparecer 1.100.000 dólares y 3.050.000 pesos en efectivo y documentación de valor que constituían rastros, pruebas e instrumentos del ilícito precedente” que era la “intermediación financiera no autorizada”.

El quinto acusado en el proceso es el comisario José Julián Nizzo, el ex jefe de Zona que levantó la custodia de la empresa Oldani sin orden judicial.

En su dictamen, Rodríguez describió el “comportamiento” de Ferraro en la medianoche del 11 de febrero de 2020, cuando “se constituyó” en la sede de la empresa, en una galería del microcentro santafesino. Y le reprochó –entre otras cosas- no haber documentado con la presencia de testigos la cantidad de dinero que había en estantes y en una caja fuerte que no ordenó abrir.

“Ferraro debió haberse representado la posibilidad que semejante suma de dinero” era “incompatible con el giro comercial de una agencia de turismo de Santa Fe” y podía estar vinculado “a actividades no autorizadas por la legislación cambiaria” y “a la comisión de delitos económicos, financieros o tributarios”.

“Como si esto fuera poco, en el lugar donde se divisó la pila de dinero, también se encontraba una caja de seguridad color naranja que no fue abierta ni registrada” por la “resistencia” que opuso Virginia Oldani con argumentos que eran “inoponibles” a la fiscal Ferraro, quien actuó en el procedimiento con “alto grado de informalidad” .

Otra de las pruebas que valoró el fiscal Rodríguez es el testimonio de una oficial de la Policía de Santa Fe, quien confirmó que el coordinador de la escena del crimen Pablo Molinas le dijo a la fiscal Ferraro que habían encontrado “gran cantidad de dinero en efectivo”, pero la funcionaria le respondió que “eso no era de interés ya que se encontraba abocada al homicidio, por lo que Molinas regresó y siguió filmando” el lugar. En el dictamen de ayer, Rodríguez pidió el sobreseimiento de Molina.

Antes de colocar la faja de clausura de la agencia, Ferraro autorizó a Virginia Oldani, Hernández y Venetucci a ingresar a la agencia. “Los tres salieron del local con carteras y bolsos” y “una mochila”, agregó la testigo.

“Ferraro actuó con conocimiento y queriendo ocultar, alterar y desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito”, dijo Rodríguez. La fiscal debió “haberse representado como alternativa al móvil del crimen que investigaba, que los elementos desaparecidos podían de algún modo relacionarse con otros delitos”. Es decir, “la posibilidad de encontrarse frente a elementos probatorios compatibles con delitos contra el orden económico y financiero o tributarios”, explicó.

Rodríguez citó la sentencia de la Cámara Federal de Rosario (Sala B) que confirmó el procesamiento de Ferraro el 16 de marzo. La fiscal –dijo el tribunal- “mostró una actitud sospechosamente desinteresada respecto de dos circunstancias que fueron puestas en su conocimiento” por los policías Molinas y Sueldo: “El hallazgo de una gran cantidad dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera (que conforme consta en las imágenes fotográficas tomadas por el perito ese volumen extraordinario se aprecia nítidamente). Y el contenido de la caja de seguridad que se encontraba cerrada -y que la hija de Oldani se negó rotundamente a abrir- cuando fue invitada a hacerlo.”

“Ferraro no sólo le restó importancia a las pilas de dinero en efectivo halladas en el lugar del crimen”, sino “hizo todo lo posible para ubicarse en una situación conceptualmente conocida como 'ignorancia deliberada', que aquí se traduce en la desatención de su rol esencial de perseguir delitos de acción pública y colocarse -sin éxito- dentro de un esquema de 'ceguera' simulada con el propósito de mostrarse ajena al conocimiento de los elementos del delito precedente”, que es la “intermediación financiera no autorizada”, concluyó el fiscal Rodríguez.