Son 214 días ya los que permanecen detenidas las lagmien de la comunidad Lafken Winkul Mapu desde el allanamiento y desalojo violento del Comando Unificado, que sufrieron en octubre de 2022, “a partir de una causa inventada por el Poder Judicial en connivencia con los sectores más reaccionarios y supremacistas de Bariloche y el Estado argentino, a través del Ministerio de Seguridad y Parques Nacionales”, expresa en un comunicado La Gremial de Abogados y Abogadas que representa a Betiana Colhuán, Luciana Jaramillo y Romina Rosas, todas con prisión domiciliaria. Esta semana, La Gremial presentó un nuevo pedido de excarcelación inmediata, frente al tiempo transcurrido en el cumplimiento de la medida, el retardo de justicia y la ausencia de fundamentos que la sostengan. “Los delitos son excarcelables y sin embargo la Justicia de Bariloche y la Cámara han negado permanentemente las excarcelaciones presentadas”, expone el documento.
Hace cuatro meses, además, que con la causa elevada a juicio oral y público se sigue discutiendo la competencia, sin considerar la situación de detención. “Despojadas de su territorio, sin acceso al Rewe que representa de vital importancia para el desarrollo de la Machi, las tres lagmien junto con sus seis hijos menores de edad llevan siete meses presas ilegalmente”, subrayan.
Desde el brutal operativo en Villa Mascardi, con la participación de 200 integrantes de distintas fuerzas de seguridad, las mujeres fueron apartadas de su comunidad, sometidas a requisas violatorias, forzadas a parir de modo incompatible con sus costumbres, mientras permanecían esposadas y vigiladas. "Se les menoscabó la posibilidad de sustentarse -concluye el comunicado-, se les requisaron telares y objetos esenciales para cumplir con sus ceremonias religiosas, se les niega vivir en el contacto con la naturaleza que su cosmovisión les reclama."
