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Tras una década de incubar la causa judicial, finalmente la jueza de San Martín Alicia Vence decidió citar al grupo de exdirectivos y exgerentes de las fábricas ceramistas Cattaneo y Lozadur que siguen vivos a prestar declaración indagatoria. Tanto las querellas de familiares y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, al igual que la Fiscalía, solicitaron que se los indague por su participación en los secuestros de 15 trabajadores de esas fábricas, y la desaparición de la mayoría de ellos, sucedidos durante la última dictadura cívico militar.
Entre el 22 y el 24 de mayo, Vence y personal del juzgado federal de Instrucción número 2 de San Martín que ella dirige indagarán a Carlos Garparutti, Alfredo Katzenstein, Alfonso Amoroso, José Penas y Miguel Puigdevall, quienes durante la última dictadura cívico militar se desempeñaron tanto en los directorios como en cargos jerárquicos de las compañías que producían elementos de cerámica y de porcelana en el cordón fabril localizado en la zona norte del Conurbano bonaerense.
El llamado a indagatoria indica que se los interrogará en relación al “Caso 347”, tal como el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín identificó en 2014 a las violaciones a los derechos humanos que sufrieron 15 gremialistas ceramistas entre 1976 y 1977. Los pedidos de imputación y de indagatoria emitidos por las partes acusadoras a lo largo de los años implicaba a un grupo más amplio de civiles empresarios vinculados con Lozadur y Cattaneo, pero la mayoría han fallecido.
“Es algo importante que haya directores citados a indagatoria porque eso eleva la relación de responsabilidad de las empresas en los crímenes de lesa humanidad”, indicó el abogado Pablo Llonto, quien representa al grupo de familiares de ceramistas víctimas del terrorismo de Estado desde mucho antes de que comenzara a construirse el camino para juzgar a civiles por estos crímenes. Fue esa querella la que primero solicitó a Vence que indague a los civiles. El Juzgado ya contaba con la documentación ventilada en el marco del “Juicio a los obreros” que indicaba el rol de los dueños y mandamases de Lozadur y Cattáneo en secuestros y desapariciones de trabajadores. Principalmente se trataba de documentos reveladores sobre su compromiso con el plan sistemático de secuestro, tortura y exterminio de trabajadores con participación gremial –documentos desclasificados, actas de las compañías, resoluciones dictatoriales–. La reacción del juzgado fue nula.
En mayo pasado, una nueva presentación esta vez de parte de la querella de Secretaría de Derechos Humanos reforzó con más elementos el vínculo. “La dictadura había identificado como uno de los principales blancos de su feroz política represiva a los trabajadores y sus organizaciones sindicales”, introdujeron los abogados de la querella en su presentación del año pasado, en la que subrayaron que “la represión llevada adelante por el aparato del Estado fue posible a través de una pinza de tres mordazas: la organización del circuito represivo a cargo de las Fuerzas Armadas, la participación del sector empresario y las intervenciones a los sindicatos producidas a través del Ministerio de Trabajo”.
Los civiles
Durante los años de la dictadura, Gasparrutti y Katzenstein eran director titular y jefe de producción de Cerámicas Cattáneo respectivamente. Amoroso era director de Porcelanas Lozadur, compañía de la que Penas y Puigdevall fueron gerente y subgerente de Relaciones Industriales, es decir, el nexo entre el directorio y la comisión interna en la fábrica. El gerente general Pedro Bouche y los directores Pedro Urs Naser y Daniel Igartúa completaban la lista de civiles a indagar presentada por las partes acusadoras, pero fallecieron durante los años de inacción judicial.
La citación a indagatoria no aclara cuáles son los casos por los que se los va a interrogar, pero en la generalidad se trata del secuestro de 15 obreros ceramistas que tenían participación sindical, en el marco de la Federación Obrera Ceramista de la república Argentina (FOCRA) en las dos plantas. Ambas estaban ubicadas en Villa Adelina, partido de San Isidro, zona que quedó bajo el control del área 420 a cargo de la Escuela de Comunicaciones del Ejército, con asiento en Campo de Mayo.
La resistencia de los ceramistas
El colectivo de ceramistas en general sufría pésimas condiciones laborales, así que la lucha gremial en el área, que comenzó algunos años antes del golpe de 1976, apuntó sobre todo a mejorarlas. En Lozadur, la persecución recrudeció unos meses antes del 24 de marzo aquel. El secuestro de Juan Pablo Lobos, trabajador del sector “Pasta” de esa empresa fue el que abre el proceso: se lo llevan de su casa en la madrugada del 13 de febrero, aparece a las horas asesinado en Tigre. Más o menos a la misma hora de ese día se llevan a Segundo Figueroa, que era delegado de base en la misma planta. Lo liberan a las horas.
El objetivo de aquellos episodios era amedrentar a los trabajadores, ponerle un freno al proceso de organización que crecía desde 1975, cuando el grupo que integraban Figueroa y Lobos, con participación en la Agrupación Obrera de la Cerámica de Villa Adelina, había logrado tomar las riendas del sindicato. El Ejército intervino la filial 2 de la FOCRA, localizada en Villa Adelina. Pero no surtió mayor efecto. En noviembre de 1976, trabajadores de Lozadur decidieron iniciar un plan de lucha ante la negativa de la empresa de mejorar condiciones de trabajo. En realidad, sí hubo respuesta de la empresa: Figueroa y Salvador Scarpato, dirigente del sindicato de ceramistas, fueron secuestrados y desparecidos a mediados de aquel mes.
El cuerpo de trabajadores no bajó los reclamos. La dirección de Lozadur no pudo siquiera despedir a uno de los delegados, Bernardo Veksler, a quien debieron reincorporar tras un paro de actividades. En Cattáneo, el cuerpo de trabajadores y sus delegados seguían de cerca el conflicto en la planta hermana, se replegaban a las medidas de fuerza, replicaban los reclamos. En agosto de 1977, quien hasta hacía algún tiempo había sido delegado, Artemio Lezcano, fue secuestrado. Es uno de los pocos sobrevivientes.
En octubre siguiente, los reclamos por mejoras salariales y laborales continuaron en Lozadur. El directorio implementó un lockout patronal que precedió la estocada final: cerró su planta, despidió a todes sus empleades y días después, entre el 2 y el 3 de noviembre, fueron desaprecides siete trabajadores, todes delegades de base: Ismael Sebastián Notaliberto, Dominga Crespo, Felicidad Crespo, Ramón Villanueva, Elba Puente Campo, Sofía Cardozo, Francisco Palavecino. Tras la razia, la empresa abrió sus puertas y retomó la actividad.
En Cattáneo la cacería comenzó días antes: Juan Carlos Panizza, Pedro Ponce y Faustino Romero fueron secuestrados mientras intentaban ingresar a sus puestos de trabajo. Se los llevaron desde adentro de la fábrica. A Jorge Ozeldín y a José Ponce los fueron a buscar a su casa. Ponce sobrevivió, declaró que fue torturado en Campo de Mayo, donde vio a algunos de sus compañeros. Declaró en el juicio de 2014, pero falleció.
