Luego de más de 20 años de intentos fallidos, los guardaparques de la provincia de Buenos Aires tienen una ley que crea un régimen laboral específico el cual reconoce su trabajo de protectores de las áreas naturales. Dejan de ser encuadrados como personal administrativo y ahora se contemplan las distintas tareas que les toca afrontar en la preservación de la biodiversidad, el control de incendios, la colaboración en investigación científicas y la educación ambiental. El proyecto fue impulsado por el gobernador, Axel Kicillof, lo cual consideran un “hito histórico” entre la comunidad amparada por la norma y que sirve para afirmar que existe un Servicio de Guardaparques del Sistema Provincial de Áreas Protegidas de la Provincia de Buenos Aires.
Este nuevo instrumento engloba y determina la totalidad de las funciones de los guardas forestales, como el resguardo del patrimonio natural y cultural presente en los Parques, Reservas y Monumentos Naturales que sean puestos bajo su custodia, la participación en la “elaboración y ejecución de planes de prevención, lucha y manejo del fuego”, así como contar con un poder de policía que le permite fiscalizar y actuar ante infracciones. Asimismo, se plasman en el texto de la ley el derecho a contar con equipamiento e infraestructura correspondiente para desarrollar su labor, tener su uniforme, y cobrar las compensaciones correspondientes por la dedicación exclusiva al trabajo.
Por qué es es importante
Las Áreas Naturales Protegidas representan aproximadamente más del 5% del territorio de la provincia de Buenos Aires, afirman desde el Ministerio de Ambiente. Se compone del Parque Provincial Ernesto Tornquist, el primero en ser fundado, que dio pie al sistema actual áreas protegidas, y se le suman 29 reservas naturales en suelo bonaerense, ocho monumentos naturales, y distintos refugios de vida silvestre. “Al principio dudaban si era una promesa del inicio de una nueva gestión, por todo lo que les había tocado vivir en su búsqueda por esta ley”, cuenta Gabriel Terny, director provincial de Bienes Comunes y Ordenamiento Ambiental del Territorio, dependiente de la cartera liderada por Daniela Vilar.
Previo a la sanción de esta nueva norma, quienes están al frente del cuidado de las áreas protegidas en territorio bonaerense tenían sus tareas establecidas en distintos actos administrativos, leyes, y decretos reglamentarios. En conjunto, todo daba un sustento legal para que desarrollen su trabajo, pero no contemplaba la diversidad de sus funciones y el tiempo dedicado, dificultando el correspondiente reconocimiento económico. A su vez, no había legislación que considerara los riesgos y la dedicación exclusiva de tiempo de parte de este grupo de trabajadores. Uno de los mayores inconvenientes era que estaban únicamente bajo el régimen la Ley 10.430, la cual está diseñada para empleados primordialmente administrativos.
Para tomar dimensión de este escenario de multiplicidad de instrumentos que regulaban su tarea, basta con ver que la ley provincial 10.907, que rige sobre las reservas naturales, funcionaba como ley marco para los guardaparques. En su artículo 14, propiamente, habla del rol de los guardas. Lo llamativo es que, dentro de su decreto reglamentario, el 218/94, el artículo 25 estipulaba que los guardias forestales tienen poder de policía dentro de las reservas y parques, pero anclado en las “facultades previstas por los Arts. 13 y 14 del Decreto-Ley 8785/77” de la dictadura. Este decreto determinaba las faltas agrarias dentro del código rural, lo cual hacía que se mimetizara el rol de los guardaparques con el de un inspector del entonces Ministerio de Asuntos Agrarios.
“La sanción de esta ley es producto del Programa de Fortalecimiento al Sistema de Áreas Naturales Protegidas lanzado al principio de la gestión”, explica Terny. Esta batería de medidas presentada el año pasado por el propio Kicillof incluía distintas líneas de acción e inversión dentro de las reservas, entre la que se destacaba las vinculadas al personal. Al día de hoy, fueron entregados vehículos 4x4, se han reparado los puestos de guardia, y se han acondicionados los caminos internos, “como nunca se hizo” relata.
“A las reservas también se las fortalece ordenando los temas laborales”, sostiene el funcionario. Asegura que contaban con un diagnóstico de la situación de las áreas naturales de la provincia al momento de iniciar su tarea en el Ejecutivo, por lo cual se adoptó como necesidad inmediata la regularización de los casi 60 guardaparques con los que cuenta la provincia. “Se creó un Servicio que ya existía pero que no tenía marco normativo”, sonríe.
La labor para desarrollar el texto de la ley, cuenta Terny, fue producto de un “ida y vuelta” con los guardaparques y los distintos sectores del gobierno que intervenían para el desarrollo de la norma. “Había que encontrar el equilibrar para llevar adelante una ley posible”. En estos momentos se está incorporando personal de guardas, dada la necesidad histórica, pero porque durante este gobierno se crearon dos nuevas reservas naturales en la provincia. La Centinela del Mar, en la costa de Miramar, y el Islote Gaviota Cangrejera, frente al puerto de Bahía Blanca, dado que concentra el 70% de la población de esta especie.
Una perla dentro del proceso fue el día de la sanción. “Nos avisaron el mismo día, porque se decidió horas antes de que arranque la sesión”, dice Terny y recuerda su caminata hacia el recinto de la Cámara de Senadores, donde la medida obtuvo la fuerza de ley. “Hubo una decisión política del gobernador desde crear el Ministerio de Ambiente, a tener un presupuesto con perspectiva ambiental, que permitió que se alcancen estos objetivos”, analizó. Hoy se está normalizando también la situación laboral de muchos guardaparques que tenían contratos flexibles y hoy están pasando a formar parte de la planta permanente de la provincia.
La búsqueda de fortalecer la cuota de personal radica es para "desarrollar la potencialidad de las áreas naturales de la provincia", reveló el funcionario. La cantidad de guardaparques que se necesitar para cuidar un área protegida está ligado a características como la extensión geográfica, pero también a otras más complejas. "Se tienen en cuenta las actividades que se realizan en el lugar, no todos tienen los mismos objetivos de preservación, se evalúa si tiene o no objetivos turísticos, y hasta se considera su accesibilidad", describe Terny.
Dos décadas de espera
El proyecto de ley, según cuentan desde el personal que integra históricamente el equipo de preservación ambiental de la provincia, data de una primera reunión el 11 de mayo del año 2000. Allí, durante la conmemoración de la creación del Parque Provincial Ernesto Tornquist, guardaparques bonaerenses y de Parques Nacionales desarrollaron un taller donde se empezó a conversar con fuerza la necesidad de un marco normativo para su labor. En 2001 hubo un segundo encuentro que cimentó las bases de una propuesta de ley que los ampare.
Tras varios intentos fallidos con las gestiones desde el Poder Ejecutivo, se intentó por el camino legislativo. El ex senador por la quinta sección, Gervasio Bozzano, tomó la iniciativa y presentó el proyecto dos veces, pero en ambas ocasiones la falta de consenso hizo que perdiera estado parlamentario. Con la creación del Ministerio de Ambiente en 2021, los guardaparques hicieron llegar su reclamo a la titular de la cartera, Daniela Vilar. Luego de trabajar el texto y generar los acuerdos necesarios, el propio Kicillof impulsó la norma. Incluso fue una de las leyes por la cual pidió apoyo a la Legislatura durante su discurso inaugural de sesiones de este año.
Facundo Casalle Pintos, marplatense, guardaparques desde 1998, cuenta a Buenos Aires/12 que el paso dado con la sanción de la ley es “histórico”. Habla de aquellas primeras reuniones a principios del milenio y recuerda la falta de empatía que hubo a lo largo de estas décadas para con esta demanda. “Nuestro trabajo va desde educación ambiental en las escuelas a tareas de infraestructura, como reparar carteles, tranqueras, caminas, y vehículo”, relata quien hoy está al frente de la Reserva Sierras Grandes. El guarda explica el abanico de conocimientos con el que debe contar quien cumple esta función a partir de las numerosas circunstancias que tocan atravesar.
“Tenés que combatir el fuego, colaborar con investigaciones, atender accidentes y realizar un primer auxilio, saber llevar adelante una evacuación en zona agreste”, comienza a enumera Casalle Pintos. Y continúa. “Trabajamos con animales, expuesto a la fauna salvaje, así como al uso de herramientas a explosión, o unzo cortantes”, señala entre los riesgos. Por ello, sintetiza, “era difícil que todo esto se contemple si no había una norma específica”.
Las palabras del guardaparque rememoran el inicio de este camino pero aclara que ahora empieza el camino más complejo, que es el de la reglamentación. "La tarea esta concluida con el decreto reglamentario vigente", afirma. Para ello, hay un plazo de 180 para discutirlo y presentarlo. Es un trabajo durante los próximos 6 meses.
