El camarista Alejandro Slokar rechazó el intento de Mauricio Macri de correrlo de la causa sobre el espionaje a las familias del ARA San Juan, el submarino que se hundió en 2017. Slokar fue designado junto con Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci para decidir si confirman o revocan el sobreseimiento que el expresidente consiguió en la Cámara Federal porteña en julio del año pasado de la mano de tres jueces que llegaron a ese tribunal durante el gobierno de Cambiemos, Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia.

Slokar llegó a la causa después de que fue apartado su colega Carlos Mahiques. Tan pronto como se conoció su asignación al caso, tres de las defensas salieron presurosas a recusarlo: la de Macri, la del exdirector general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y la de su segunda, Silvia Majdalani.

En líneas generales, las defensas plantearon que Slokar no podría intervenir en la causa del ARA San Juan porque fue apartado de la “causa madre”, que es la del espionaje que orbitaba alrededor de Marcelo Sebastián D’Alessio. En 2019, la entonces diputada Elisa Carrió se dio por imputada en el expediente que llevaba adelante el juez Alejo Ramos Padilla y se presentó para recusar a Slokar. En ese momento, la líder de la Coalición Cívica sostuvo que Slokar no podría juzgarla porque ella lo había denunciado ante el Consejo de la Magistratura. La denuncia se cerró inmediatamente, pero a Carrió le sirvió como excusa para sacarse de encima al juez.

Slokar respondió que, en la Casación, las causas del D’Alessiogate y la del ARA San Juan funcionan como dos expedientes separados. De hecho, explicó que cuando se sorteó qué Sala del tribunal intervendría no se las tuvo como expedientes conexos, ya que no tenían ni el mismo objeto procesal ni los mismos imputados. Si este argumento les funciona a Macri y compañía, D’Alessio –preso y elevado a juicio oral– habrá prestado un nuevo servicio a la troupe cambiemita después de tantos años de negarlo.

Arribas, por su parte, se mostró molesto con Slokar por haber hablado de la existencia de una "Gestapo antijudicial" –una variante de la "Gestapo" con la que se entusiasmaba el exministro bonaerense Marcelo Villegas para hacer desaparecer los gremios– o de las presiones que sufrieron magistrados y magistradas durante la era Cambiemos. Sin ruborizarse, Arribas dijo que esa referencia significaba que Slokar tenía una impresión crítica de la AFI que él dirigió. La exSIDE durante la era Cambiemos no solo se dedicó a la persecución de trabajadores –como muestra el caso de la "Gestapo"–, sino que también posó sus ojos sobre opositores al gobierno de Macri –como sucedió con Cristina Fernández de Kirchner– y en los aliados del entonces presidente –como el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta–.

Un tercer elemento para forzar el corrimiento de Slokar que invocaron las defensas es su adhesión a Justicia Legítima, la asociación que reclama la reforma del Poder Judicial desde hace más de diez años. Slokar contestó que ya lo recusaron con ese argumento en el pasado –entre otros, lo hizo el represor Gustavo Ramón De Marchi–, pero que nunca se consintió ese artilugio para sacarlo de un expediente.

“Dejo librada la solución al recto y elevado criterio de los distinguidos colegas que integran la Sala”, escribió Slokar en el informe por el que rechazó el intento de correrlo. Ledesma y Yacobucci deberán decidir si sostienen a Slokar en el expediente. Es posible que convoquen a otro camarista para resolver este incidente.

Una vez que se conforme la Sala, Casación deberá fijar una audiencia para analizar la situación de Macri y del resto de los imputados. Además, el tribunal tiene pendiente de resolución un pedido del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que quiere intervenir como Amicus Curiae (amigo del tribunal) en este caso pero se topó con la resistencia de Yacobucci y Mahiques.

Mientras este expediente tramitaba en Dolores, el juez Martín Bava procesó a Macri, Arribas, Majdalani, a los exdirectores operacionales de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, al exdirector de Reunión Eduardo Winkler, al exjefe de la base Mar del Plata Nicolás Iuspa Benítez y a cinco agentes que reportaban en esa delegación desde donde se llevaron a cabo tareas de inteligencia sin orden judicial sobre los familiares de los 44 tripulantes que únicamente reclamaban saber qué había pasado con los suyos.

Pocos días después de que Bava dictara el procesamiento de Macri, la Cámara de Casación le sacó la causa del D’Alessiogate. Esa decisión implicó el envío de otros dos expedientes a los tribunales de Comodoro Py: el del ARA San Juan y el del Proyecto AMBA –centrado en las bases que la AFI desplegó en territorio bonaerense para hacer espionaje político entre 2016 y 2017–.

En julio del año pasado, Llorens, Bruglia y Bertuzzi dejaron sin efecto el procesamiento que había dictado Bava. Los tres camaristas reconocieron que las tareas de inteligencia existieron, pero alegaron que estaban permitidas porque estaba en peligro la seguridad del presidente. Ese fallo fue apelado tanto por las querellas como por el fiscal de la Cámara, José Agüero Iturbe, quien señaló que los camaristas parecían más preocupados en desvincular a los imputados que en procurarle justicia a las víctimas.