Tras la decisión del juez de Reconquista Santiago Banegas, quien se negó a homologar el juicio abreviado a Marcelo Galaz por abuso sexual a una niña, la Mesa Por mí, Por Todas y Todes Avellaneda denunció "las reiteradas vulneraciones y malos tratos que la justicia regional tuvo y tiene para con la víctima". Las críticas del colectivo feminista se centraron en el fiscal de la Unidad Especial de Género Aldo Gerosa. Galaz había asumido su culpabilidad en el marco de un proceso abreviado que evitaba el juicio oral y público por haber abusado de su sobrina durante seis años, desde que tenía 4 hasta los 10. El imputado fue secretario privado de Dionisio Scarpin, quien fue intendente de Avellaneda y actualmente es senador nacional. "Buscan que esto no salpique a funcionarios que están en campaña", dijo ayer Milena Vera, integrante de la Mesa, en Radio Nacional Rosario. Aseguran que Gerosa llegó a decirle a la víctima -una joven de 26 años- que "le soltaría la mano" porque no quería complicaciones a su posible nombramiento como juez. 

La Mesa difundió una "cronología de los hechos". "Nuestra participación en este caso se da a partir de un pedido de acompañamiento que realiza la madre de la víctima y familiares sorprendidas por las actuaciones de Gerosa y la psicóloga de dicha unidad Ana Popelka, quienes desde la perspectiva de la víctima y su madre no les garantizaron un debido asesoramiento y acompañamiento, ocultando información, ejerciendo mal trato verbal y amenazas, vulnerando sus derechos", cuentan en la misiva. 

"El 16 de noviembre del 2022 la víctima publica una carta en redes sociales de amigas, haciendo referencia sobre lo que significa para ella tener que soportar un proceso de revictimización y una posible condena abreviada. El 8 de diciembre publica una segunda carta en la que detalla su padecimiento físico, ella en este período sufre una internación debido al deterioro de su salud. A partir de estas publicaciones, Gerosa le recrimina a la víctima 'el haberse cortado sola', mostrándose empoderada a través de las cartas, lo que según palabras del fiscal, contradecían la estrategia que éste y la psicóloga venían confeccionando, poniéndola en un lugar de 'mala víctima'. Y afirmando que si ella seguía manteniendo ese perfil, él “le soltaría la mano” puesto que su actitud le traería aparejado además complicaciones con su posible nombramiento como juez", sigue la carta de la Mesa, y detalla que "la probabilidad del nombramiento de Gerosa como juez dependería también de sostener un posible acuerdo implícito con el senador Orfilio Marcón, quien se habría reunido con el fiscal en varias ocasiones en el edificio de Tribunales". Como publicó el periodista José Maggi, circuló una foto del senador saliendo del edificio de Tribunales junto al entonces secretario de gobierno de la Municipalidad de Avellaneda Bruno Zanel. A raíz de la polémica que se generó y el repudio generalizado de las militantes feministas por el mensaje político de dicha visita, Zanel presentó su renuncia como secretario.

"En paralelo a estas reuniones, la defensa del Galaz, solicita al Tribunal la postergación del juicio oral, argumentando que faltaría una pericia psicológica a la víctima y a su abusador que sugiere, podría realizarse en Capital Federal en el comité de Salud Mental de la UBA. El fiscal se opone a este pedido puesto que Galaz fue militante de Franja Morada, quien tiene la conducción política de la UBA. A raíz de este rechazo, la defensa de Galaz ofrece la posibilidad de ir a un Juicio Abreviado reconociendo su culpabilidad en los hechos", contaron desde la Mesa, que "ante los testimonios y desorientación de la víctima y familiares, y analizando la situación, consideró de manera urgente solicitar la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia". 

El 5 de enero de 2023 integrantes de la Mesa, junto a la víctima y su madre se reunieron con la secretaria del área, Lucila Puyol y la subsecretaria Anatilde Bugna. "Luego de escuchar el testimonio de la víctima, la secretaria sugiere a la víctima avanzar con el juicio oral y presentar una carta ante los fiscales General y Regional exponiendo su malestar para con el fiscal Aldo Gerosa y solicitando el apartamiento de éste de la causa, luego de los reiterados malos tratos que aquel tuvo para con ella".

En febrero pasado, la víctima presentó las cartas ante el fiscal general Jorge Baclini y ante el fiscal Regional Rubén Martínez. El 8 de marzo de 2023 Martínez se reúne con la víctima y su madre, y les dice que -para no dilatar los tiempos de inicio del Juicio Oral- no era conveniente apartar a Gerosa, sino sumar un fiscal más, ya que la Fiscalía no está en condiciones de garantizar un reemplazo, desestimando las causas que la víctima manifiesta en las cartas. Le da a la víctima un plazo de un mes para que decida cómo seguir.

Ese mismo día, en Avellaneda, la Mesa por Mí por Todas y Todes organiza la primera marcha del 8M en Avellaneda. El reclamo de justicia y denuncia de la connivencia del poder político con el poder judicial en el caso Galaz fueron los ejes del documento leído en la plaza. Estaban la víctima y parte de su familia.

Posteriormente, la joven y su familia toman distancia de la Mesa y continúan el proceso judicial asesoradas por un abogado que se ofrece a acompañarlas. "Como Mesa notamos el corrimiento de nuestra intervención en el acompañamiento y la elaboración de una estrategia conjunta para con la víctima. Tal es así que nos enteramos del giro abrupto y repentino de la causa, de volver a un juicio abreviado por una noticia que circuló las redes", cuentan y aseguran: "Este desenlace es producto del mal funcionamiento de la Justicia, en su falta de perspectiva de género y demás vulneraciones que obligaron a la joven a tomar esta determinación pese a su posición anterior de rechazar una juicio abreviado".