Diez imputados en la causa que investiga las múltiples amenazas de muerte que recibió la familia del actual ministro de Economía, Sergio Massa, tras la difusión de sus números de teléfono en 2020, se declararon culpables y deberán realizar tareas comunitarias y donaciones de dinero a una asociación civil sin fines de lucro por montos que varían entre los $20.000 y los $200.000.
Así lo determinó el juzgado federal 2 de San Isidro en un fallo emitido en abril pero informado hoy desde el entorno del Ministerio de Economía en un comunicado.
Se trata de una causa por una denuncia realizada por Massa, por entonces presidente de la Cámara de Diputados, a raíz de múltiples amenazas de muerte que recibieron él y su esposa, la titular de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Malena Galmarini, y otros familiares en septiembre de 2020, tanto en redes sociales como por WhatsApp, tras haberse difundido sus respectivos teléfonos, se informó hoy en un comunicado.
A partir de la denuncia, se identificaron diez responsables: Franco Ezequiel Barales, Juan Ignacio Bogado, Martín Rubén Fernández, Julio Ariel Lovera, Sebastián Medina Canchari, Blas Pawluk, Darío Hernán Posniak, Ignacio Saluzzo, Marcela Alicia Villabrille y Luis Hernán Molina, sostuvo el informe.
Luego de la investigación y tras considerarse que "se encontraba suficientemente demostrada las autorías y responsabilidades penales" de los acusados, la justicia resolvió imponerles obligaciones por el término de hasta dos años y seis meses.
De ese modo, teniendo en cuenta que según lo manifestado por la fiscalía sobre que "cada frase empleada es distinta y algunas tienen mayor entidad", los imputados deberán abonar entre $20.000 y $200.000 a la Asociación Civil "Pequeños Pasos".
Además, deberán entregar los celulares utilizados para enviar los mensajes amenazantes, realizar tareas comunitarias y cursos de Derechos Humanos, entre otras obligaciones formales.
