En países federales como Argentina, un tema decisivo es la transferencia de recursos entre niveles de gobierno: la coparticipación. En nuestro país, este sistema, fijó coeficientes hace 35 años para determinar lo que recibe cada provincia, sin algún mecanismo para reducir la brecha de desarrollo que medida por el producto bruto per cápita, desde hace muchos años, es de 8 a 1 entre la jurisdicción más rica (CABA) y la más pobre (Formosa).

La provincia de Buenos Aires, desde 1988, recibe el 21,5 por ciento de los recursos que distribuye la ley de Coparticipación nacional. Esto la perjudica, dado que con cualquier indicador objetivo (población, necesidades básicas insatisfechas, recaudación u otro) recibiría varios puntos más del total de recursos federales.

Es un tema muy debatido, pero sobre el que se ha podido hacer poco. El corsé que se impuso en la reforma constitucional de 1994 es el principal impedimento: mayoría especial en ambas cámaras del Congreso Nacional y acuerdo de las veinticuatro legislaturas provinciales para aprobar la nueva ley-convenio. Ello es más difícil de lograr que la reforma de la propia Constitución que lo establece, ya que ninguna provincia estaría dispuesta a ceder fondos en beneficio de otras. Y cuando la Nación ha concedido fondos propios, por ejemplo, a favor de Buenos Aires, otras jurisdicciones (CABA) lo judicializaron, obteniendo dictámenes y sentencias favorables de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Salir de ese pantano es muy complejo, pero indispensable para romper tan injusto reparto.

En cambio, poco se discute sobre cómo la provincia de Buenos Aires distribuye recursos a sus municipios. La provincia reparte a los 135 municipios un 22% de sus recursos: 16,14% por la ley de coparticipación provincial y el resto vía fondos paralelos que intentan corregir sesgos que tal ley posee.

Dicha norma provincial también es anacrónica, ya que data de 1987, y, si bien no opera con coeficientes fijos como la nacional, sino a partir de una serie de variables -algunas de tipo proporcional (población y superficie) y otras redistributivas (inversa de la capacidad tributaria provincial)-, su gran sesgo radica en el componente Salud que representa un 37 por ciento. Este último es devolutivo porque reparte fondos según la oferta sanitaria municipal, privilegiando, inexplicablemente, la alta complejidad y evidenciando una profunda opacidad de los datos que lo vuelve muy difícil de auditar. Además, es el único que tiene una característica dinámica según las estadísticas que los establecimientos de salud municipales informan a la provincia año a año.

En 2022, Buenos Aires transfirió por coparticipación a sus municipios unos $480.000 millones ($26.533 anuales per cápita, en promedio). Avellaneda (municipio con 358 mil habitantes) es el que menos recursos per cápita recibió en 2022 ($10.483 en todo el año), seguido por Ezeiza, Ituzaingó, La Matanza y Tres de Febrero (todos integrantes del AMBA con una población conjunta de más de 3 millones de habitantes), que percibieron entre $14.510 y $15.795 pesos anuales por habitante.

En contraposición, los que más recibieron per cápita son General Guido, General Lamadrid, Pila, Púan y Tordillo (de 2.000 a 15.000 habitantes), con valores entre $178.186 y $185.901 anuales por persona.

Las grandes ciudades del interior, como Mar del Plata ($17.420), La Plata ($20.089) y Bahía Blanca ($21.106) también se ven perjudicadas con este mecanismo de asignación.

Dentro del Conurbano Bonaerense, San Isidro, Vicente López y Malvinas Argentinas (por su estrategia de especialización sanitaria), reciben entre el doble y el triple por habitante que otros municipios de la misma región, en una muestra más de la enorme inequidad existente.

Modificar la ley provincial no requiere mayorías especiales, ni aval municipal. Allí el principal obstáculo lo constituye la sobrerrepresentación legislativa que tienen las secciones electorales de los municipios más pequeños del interior provincial -de los más beneficiados por el actual régimen de reparto de recursos-, en los que vive menos de un tercio de la población bonaerense, pero que cuentan con la mitad de los representantes (diputados y senadores) en la Legislatura provincial.

Una distribución que se ajuste a la situación actual debe contemplar dos cuestiones:

1) Dotar a los municipios de mayores recursos en función de las nuevas responsabilidades de funciones y gastos que han asumido en los últimos treinta años.

2) Cambiar la fórmula de reparto por otra que: a) asigne un alto peso a la población y distribuya una parte según la población con NBI, b) modifique la actual “inversa de la capacidad tributaria” por la “inversa del PBG per cápita neta de la recaudación municipal”, c) deje de tener en cuenta la superficie municipal (los servicios públicos locales se encarecen a mayor densidad poblacional, no a más superficie), y d) revea el peso y sesgo del componente de salud para realizar un cambio de enfoque en este aspecto, privilegiando las necesidades de su territorio (la demanda) en lugar de la oferta.

En el debate electoral que se avecina, este asunto debería formar parte de la agenda, ya que es necesario encarar una reforma para que los bienes y servicios públicos locales cubran un piso homogéneo que garantice accesibilidad, calidad y cantidad para todos los habitantes del suelo bonaerense.

* Carlos Martínez, Martín Mangas y Ricardo Paparas son investigadores y docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento.