La mayoría de la Corte Suprema estableció un grosero pacto de silencio y dictó un virtual estado de sitio en el cuarto piso de Tribunales y mucho más allá. Ninguno quiere hablar ni resolver sobre el escándalo de la Obra Social del Poder Judicial (OSPJ) que explotó en las manos de Juan Carlos Maqueda por la inexistencia de contabilidad, miles y miles de medicamentos sin control, falta de presupuestos y compras directas. Tampoco quieren hablar de Silvio Robles, el operador del titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti, involucrado en chats con funcionarios macristas, además de aprietes y amenazas de enviar secretarios a Siberia. Y menos aún se quiere hablar de Carlos Rosenkrantz que no para de votar en causas de sus exclientes y pidiéndole a la propia Corte una regulación de honorarios de 18.000 millones de pesos para su estudio. Así, esa mayoría Rosatti-Maqueda-Rosenkrantz se sostiene en un inédito “de eso no se habla” que puso fallos claves en el freezer porque los tres están cuestionados, en la cuerda floja, con todo puesto a la luz en el juicio político que se desarrolla en la Cámara de Diputados. Ricardo Lorenzetti, sin capacidad de definir nada en soledad, busca atajos con la firma de resoluciones en disidencia, algunas de las cuales resultan efectivas al convertirse en la base de denuncias en la Justicia.

Los jueces saben que pueden especular con dilatar el desenlace de algunas causas. Para las que no pueden esperar, por estar relacionadas con el calendario electoral, también buscan la forma de sacarle el cuerpo. Por ejemplo, tienen que resolver respecto candidaturas que se juegan en los comicios provinciales del domingo próximo, pero tampoco se meterían con el fondo de esas cuestiones. Tampoco pueden darle la razón a CABA en la coparticipación: el trío de la mayoría no soporta hoy una ofensiva de los gobernadores cuestionando cómo favorecen al macrismo. En paralelo los efectos de la remoción de Marchi, después de veinte años en la Corte, producen una onda expansiva hacia adentro y sobre jueces y camaristas, lo que también colabora con la parálisis de los grandes asuntos. Rosatti, como presidente del Consejo de la Magistratura –cargo para el que se autoeligió— en una alianza con la oposición, otros jueces y abogados, han logrado frenar concursos para los cargos vacantes claves en Comodoro Py: en la Cámara Federal (donde siguen los nombrados a dedo por el macrismo Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi), en juzgados federales y en tribunales orales del mismo edificio.

Expuestos, más que expuestos

“Maqueda estuvo a cargo de la obra social hasta 2021 --declaró judicialmente Marchi en la semana que pasó--. No hay auditorías, se perdieron 30.000 medicamentos, se perdieron 3.000 millones de pesos por mal manejo financiero, hubo compras directas, adjudicaciones de contratos inexplicables”. En términos boxísticos, Maqueda está más que groggy por las denuncias que, además, involucran a sus allegados. El escándalo fue revelado en exclusiva por Página/12 a fines de 2021 y explotó en el juicio político tras una durísima disidencia de Lorenzetti.

Rosatti aparece involucrado en los graves desmanejos de su operador, Silvio Robles, al que denominan “su acompañante terapéutico”. Las denuncias se fueron sucediendo, pero tomaron otro cariz con la difusión de chats entre Robles y el ministro de Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, en los que el operador le daba indicaciones al funcionario macrista sobre qué presentar en la Corte, qué pasaba con el caso de la coparticipación y cómo moverse en el Congreso en cuestiones referidas al Consejo de la Magistratura. Y las denuncias subieron otro escalón esta semana cuando el administrador Marchi reveló cómo Robles ocultaba informes, mandó eliminar el correo electrónico oficial de Rosatti y amenazaba a secretarios con el traslado fuera del Palacio de Tribunales.

A Rosenkranz también le llueven las denuncias y hace agua en la Comisión de Juicio Político. Votó en más de 60 expedientes relacionados con exclientes de su estudio, un caso de parcialidad manifiesta. Y, además, él mismo firmó un escrito dirigido a la Corte, o sea a sí mismo, pidiendo que se le regulen 18.000 millones de pesos de honorarios porque su estudio intervino en aquel litigio. En su momento, la Provincia de Santa Fé no recurrió a su planta propia de abogados, sino que contrató a Rosenkranz y a Ricardo Gil Lavedra, íntimamente vinculado con Juntos por el Cambio. Lo hizo sin ningún llamado a concurso y ahora se atribuyen honorarios por 18.000 millones.

Semejante cantidad de trapos sucios provoca una alianza en el silencio. Nadie cuestiona los desmanejos del otro. Se hace como si los escándalos no existieran. Así funciona el pacto de no agresión.

La parálisis es casi total

El mayor ejemplo que muestra que todo está en suspenso fruto de este escenario de acusaciones que envuelven a los supremos es la coparticipación. Después de la polémica medida cautelar de diciembre, ordenándole al gobierno nacional a entregarle a CABA el 2,95 por ciento de los fondos coparticipables, se esperaban resoluciones embargando al Estado nacional y, sobre todo, rechazando un recurso in extremis ante la propia Corte. Nada ocurrió. Rosatti ya quedó expuesto por los diálogos secretos de Robles con D’Alessandro; Rosenkrantz y Maqueda dicen que no se puede sostener ahora una guerra con los gobernadores en momentos en que la Corte está debilitada por tantas denuncias y Lorenzetti aparece marginado.

Pero aún más evidente es que los supremos deberían definir en los próximos días dos cuestionamientos que tienen que ver con las elecciones del domingo 14: en San Juan y Tucumán. Los recursos plantean que Sergio Uñac y Juan Manzur están impedidos por las respectivas constituciones para ser candidatos a gobernador y vicegobernador respectivamente. Todo indica que la Corte no dirá nada o se declarará incompetente, dejándole validez a lo resuelto por los tribunales de San Juan y Tucumán.

Menos todavía se avanza en los recursos planteados en las causas contra Cristina Kirchner. Con la Corte golpeada por las denuncias y el juicio político no hay espaldas para más confrontaciones. De hecho, desde la feria, transcurridos cuatro meses, no salió ningún fallo trascendente.

Estado de sitio

El único terreno en el que la mayoría cortesana golpea es en la interna, o sea para sofocar las denuncias.

*Haber sacado a Marchi de su puesto fue un auténtico bombazo. Les marca la cancha a todos los demás agentes, secretarios, no sólo de la Corte. Porque, además, a Marchi no lo corrieron a otro puesto en el máximo tribunal, sino que lo enviaron literalmente a Siberia -como amenazaba Robles-, a un cargo inexistente en la Cámara de Apelaciones del fuero de la Seguridad Social.

*La expulsión del administrador retumbó incluso en Comodoro Py. Todos tomaron nota de que echaron a un intocable y habrá que ver si se animan a avanzar en las denuncias que existen por la Obra Social o en la delirante movida de los supremos poniéndose como víctimas de un supuesto espionaje de los celulares.

*Marchi reveló que se simuló una invitación de los ordenanzas a Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz a comer empanadas como celebración previa al 1 de mayo. Eso se publicitó burdamente como un apoyo del personal. Lo que fue es una advertencia a todo el edificio de Tribunales de que no se pueden apartar de la nueva mayoría. Lo mismo ocurrió con un comunicado de uno de los gremios judiciales, el de Julio Piumato (que tiene una integrante en el directorio de la OSPJN), y de la propia obra social. Lo que se exige es apoyo y silencio.

El cuadro de situación entonces es que rige un virtual estado de sitio. El que se diferencia puede seguir el camino de alguien tan poderoso como fue Marchi, el hombre que manejaba toda la plata de la Corte Suprema, incluyendo depósitos y reservas por más de 150.000 millones de pesos.

En Tribunales dicen que en la semana que empieza hoy habrá un nuevo funcionario, designado por el trío, para manejar los millones del máximo tribunal. Quieren dejar en claro que al que no se disciplina, lo esperan Siberia y el reemplazo.