Gary Prado Salmón, el militar que en octubre de 1967 capturó al guerrillero Ernesto "Che" Guevara, falleció en el departamento boliviano de Santa Cruz por complicaciones en su salud a los 84 años. Por aquella acción Prado fue nombrado héroe nacional por el Congreso de Bolivia. Además pasó once años en prisión domiciliaria por supuestamente haber participado de un intento de derrocamiento y asesinato del expresidente Evo Morales en 2009, aunque con el correr de los años se desprendió de la casta militar de derecha.

"El Señor acaba de llamar a su Reino a mi padre Gary Augusto Prado Salmón. Se fue acompañado de su esposa e hijos. Nos deja un legado de amor, honradez y temple. Fue una persona extraordinaria", comunicó su hijo Gary Prado Araúz en las redes sociales. En declaraciones a la agencia EFE, Prado Araúz señaló que hace meses su padre tuvo "una infección recurrente, por su condición de discapacidad, que se complicó con neumonías y después con una falla renal".

¿Quién fue el general Prado?

La figura del general Gary Prado Salmón trascendió cuando el ocho de octubre de 1967 comandó una patrulla que atravesó la quebrada el Churro al sudoeste de Bolivia y que capturó a un Che Guevara que estaba herido, para posteriormente entregarlo a sus superiores. Un día después, el Ejército boliviano cumplió la instrucción de ejecutar al revolucionario argentino.

Ese mismo año, el Congreso boliviano nombró a Prado héroe nacional por defender lo que gobierno militar boliviano del general golpista René Barrientos consideró entonces una "invasión extranjera subversiva". Prado siempre negó estar al tanto de la orden de ejecución del Che, que, según la mayoría de los historiadores, vino del alto mando militar y del propio presidente Barrientos. El ejecutor de Guevara fue el suboficial Mario Terán, quien falleció en marzo del año pasado.

Giro institucional

Prado se fue distanciando de las posiciones de la derecha castrense y, en los años 70, cuando ya tenía el grado de mayor, se opuso a la dictadura del general Hugo Banzer (1971-1978), lo que motivó su expulsión de la carrera militar y su exilio en Paraguay. Tras la caída de Banzer, Prado retomó su puesto en el Ejército boliviano y fue nombrado ministro de Planeamiento en el gabinete del sucesor militar Juan Pereda.

En 1981 la vida del general quedó marcada nuevamente cuando un disparo accidental de uno de sus camaradas impactó en su columna, lo que ocasionó que desde entonces utilizara una silla de ruedas para movilizarse. En 1990 Prado estuvo cerca de la muerte debido a que un miembro de una célula terrorista ligada al paramilitar grupo Colima pretendía asesinarlo, pero se equivocaron de persona de acuerdo al diario Los Tiempos.

Prado fue docente universitario, embajador y asesor del expresidente boliviano Jaime Paz Zamora (1989-1993), entre otras funciones. Gary Prado Araúz destacó que su padre "conoció la cárcel, el exilio y la clandestinidad luchando por sus principios democráticos", incluso cuando tuvo que cumplir once años de prisión domiciliaria por una acusación por terrorismo durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019).

Denuncia por terrorismo

El llamado caso "terrorismo" estalló el 16 de abril de 2009, cuando un comando policial realizó una operación en un hotel de Santa Cruz que se saldó con tres ciudadanos extranjeros muertos y dos detenidos, acusados de formar parte de una célula terrorista que supuestamente pretendía la secesión de la región cruceña y atentar contra Morales. Prado fue acusado de haber apoyado, con sus conocimientos militares, la aventura encabezada por el paramilitar boliviano-húngaro Eduardo Rózsa-Flores.

Como la mayoría de los otros acusados, Prado negó la existencia de dicha célula terrorista. Durante el proceso recibió detención domiciliaria, considerando su salud y su edad. En 2020, durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez, el juicio terminó y fue sobreseído. Prado Araúz contó que su padre "dejó un libro de memorias inconcluso" al que le falta "el último capítulo" que debía precisamente relatar el que consideró fue un "juicio injusto" que se cerró en 2020 con la absolución de doce acusados.