“Mucha bronca y mucha angustia”. Así definió la diputada nacional del Frente de Todos Mara Brawer lo que sintió al enterarse de la revelación de este domingo de Página|12 de que una de las secretarias del diputado del PRO Gerardo Milman, Ivana Bohdziewicz, se presentó en los últimos días en Comodoro Py para declarar que no borró de forma voluntaria todo lo que había en su celular tras el intento de asesinato de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, sino que fue llevada para tal fin a las oficinas de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.
“Lo que está pasando en Argentina, la inseguridad jurídica que estamos viviendo, es de una gravedad nunca vista, por supuesto dejando de lado lo que fue la dictadura”, apuntó Brawer en diálogo con AM750.
Y detalló: “Esto tiene dos patas, una política, claramente antidemocrática, y otra de una Justicia cómplice, impune y vitalicia que se controla a sí mismo y hace cualquier cosa”.
Con apenas 26 años, Bohdziewicz se transformó en un personaje clave en la causa que investiga el atentado contra la Vicepresidenta, y cuya declaración podría ser trascendental para aportar datos en la pista judicial que apunta al diputado macrista Gerardo Milman - muy cercano a Patricia Bullrich - y sus vínculos con el intento de magnicidio.
“¿Ustedes se dan cuenta de lo que pasó, no?”, señaló Brawer, con tono enfático. “Primero está el asesor del diputado (del Frente de Todos, Marcos) Cleri, que denuncia haber escuchado en el bar Casablanca la conversación de Milman que dice que cuando hayan provocado el atentado él iba a estar en la Costa”, detalló la diputada oficialista, quien junto a sus compañeros de bancada impulsan distintas medidas en el Congreso para denunciar el accionar de la Justicia en la causa que investiga el atentado.
“Y lo primero que dicen las dos secretarias (de Milman) cuando las cita el juez es que no fueron a Casablanca. Es decir, si fuera un chiste, sería: escena uno, no fuimos a Casablanca. Escena dos: como nos descubrieron con una filmación que sí estuvimos en Casablanca, borramos los celulares. Y ahora, la escena tres sería que ese hecho, que no fue un hecho cualquiera sino que fue hecho en una oficina de Patricia Bullrich, quien no repudió el atentado a Cristina, hace que la Justicia deba tomar medidas que no viene tomando”, agregó.
En esa línea, apuntó contra el accionar de la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, a cargo de la causa por el intento de magnicidio. “No hicieron nada. ¿No les llamó la atención que hayan negado estar en Casablanca? ¿O que hayan borrado el celular?", se preguntó. “¿A quién se le ocurre, si está siendo sospechado por algo que tiene que ver con un homicidio, borrar el contenido, cuando uno lo que más quiere es presentarlo para demostrar que es inocente?”, insistió.
Además, hizo hincapié en que la Justicia tampoco investiga “la ruta del dinero” en relación al intento de homicidio de Cristina. “No nos olvidemos de que el grupo Caputo, del hermano de la vida de Macri, le pagó 2 millones a Jonathan Morel por un trabajo de carpintería, un tipo que un mes antes había hecho un curso de carpintería y no había hecho ni una silla. Es tan evidente todo”, sostuvo en Aquí, allá y en todas partes.
Por último, Brawer instó a “romper” el sistema de impunidad en la Justicia. “¿Es difìcil romperlo? Por supuesto. ¿Quiénes juzgan a los jueces? El Consejo de la Magistratura, que lo capturaron. El presidente de la Corte, (Horacio) Rosatti, se autonombró presidente del Consejo, entonces es de una gravedad que nos lleva al Congreso a tomar todas las medidas necesarias, aunque no tengan los votos necesarios”, concluyó.
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