El gobierno nacional insistió ante la Cámara Federal de Casación Penal con su pedido para actuar como querellante en la causa en la que se investiga el viaje a Lago Escondido de jueces federales, el jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, el exministro porteño Marcelo D’Alessandro, un exespía y empresarios de medios. “El Poder Ejecutivo quiere intervenir para contribuir a la búsqueda de la verdad porque sabemos que, si depende de Comodoro PRO, es imposible”, dice el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria.

En octubre pasado, una comitiva viajó hasta la propiedad de Joe Lewis en el sur del país. Entre otros, la integraban los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques (Casación Federal), Pablo Cayssials (Contencioso-Administrativo) y Pablo Yadarola (Penal Económico). El viaje fue revelado por Página/12. Con una filtración de mensajes, después se conocieron las maniobras que urdieron los jueces para evitar dar explicaciones y para que el viaje no se viera como una dádiva.

Inicialmente, la causa tramitó ante la Justicia de Bariloche, pero, después de un planteo de Yadarola, el expediente pasó a Comodoro Py, donde muchos de los viajeros juegan de locales. La investigación está actualmente en manos del juez Sebastián Ramos, que se sabe que mantiene una relación de amistad con D’Alessandro después de que se difundieran mensajes que ambos habrían intercambiado en los que se trataban con familiaridad y hasta el magistrado le agradecía por la asignación de un auto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para moverse. El fiscal Federico Delgado le sugirió apartarse de la causa, pero Ramos no le hizo caso.

Como no lo aceptan como querellante, el Gobierno no puede reclamar el apartamiento de Ramos y tampoco puede aportar líneas de investigación. Por ese motivo, entre otros, el ministro Soria presentó un pedido para que la Sala I de la Casación Federal revoque la resolución del 20 de abril pasado de la Cámara Federal porteña. En esa oportunidad, los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun habían rechazado que intervenga el Ministerio de Justicia en el caso. Por el contrario, Roberto Boico lo habilitó.

La decisión quedará en manos de los casadores Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. El tercer integrante de la Sala I es Mahiques, que está siendo investigado por el viaje a Lago Escondido. En caso de que Petrone y Barroetaveña no se pongan de acuerdo, deberán convocar a un tercer juez para desempatar.

“El intento de ocultar bajo la alfombra los delitos detrás del viaje de jueces, fiscales, funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta y empresarios de Clarín a Lago Escondido es alevoso”, protesta Soria en diálogo con este diario. “La causa fue 'aspirada' por Comodoro Py hace más de un mes. En todo este tiempo, el juez Ramos, amigo de D'Alessandro y que le mintió al Congreso diciendo que no tenía relación alguna con él, tomó una sola decisión: aferrarse a la causa. Pero de avanzar en la investigación, ni noticias”, dice el ministro.

“Sus superiores de la Cámara Federal se encargaron de garantizarle al juez Ramos que pueda seguir paralizando del expediente sin costo alguno, porque siguen trabando al Poder Ejecutivo Nacional la posibilidad de presentarse como querellante, aún cuando la ley nos habilita explícitamente”, añade Soria.