Walter Ormazabal es tercera generación de quilmeños, docente y militante de Suteba, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires. En diciembre de 2019 se integró al ejecutivo municipal que encabeza Mayra Mendoza como director de Prevención de Violencia Institucional, en la secretaría de Derechos Humanos a cargo de Hugo Colaone. Allí tiene a su cargo los sitios de la memoria del distrito, el "Pozo de Quilmes" y el "Puesto vasco", las actividades de promoción de los derechos humanos con escuelas y asociaciones civiles y la coordinación con las agencias de Nación y Provincia. 

El pasado 5 de mayo fue el día contra la violencia institucional, en memoria de la llamada "Masacre de Ingeniero Budge", ocurrida en 1987, en la que efectivos policiales asesinaron a Oscar Aredes, Agustín Olivera y Roberto Argarañaz, tres jóvenes que conversaban en una esquina de su barrio, en Lomas de Zamora. Ormazabal hace un repaso histórico del rol de las fuerzas de seguridad desde la recuperación democrática y también de la mirada sobre los derechos humanos de las distintas fuerzas políticas actuales. Este lunes, además, comenzó en La Plata el juicio que sienta en el banquillo a cuatro efectivos de la Bonaerense acusados de provocar la denominada "Masacre de Monte", en la que cuatro chicos murieron en un choque durante una persecución policial a los tiros, el 20 de mayo de 2019. 

—¿Cómo se decidió la creación de la Secretaría de Derechos Humanos a nivel municipal?

—Durante la gestión del intendente Francisco "El Barba" Gutiérrez se creó la Subsecretaría de Derechos Humanos. Después Martiniano Molina, luego de confundir el el Centro Clandestino de Detención "Pozo de Quilmes" con un bache, tuvo que aceptar que la legislatura provincial convirtiera lo que era un organismo provincial en un Sitio para la Memoria. Pero en ese proceso eliminó la Subsecretaría y la redujo a una Coordinación. Entonces, los organismos de Derechos Humanos empezamos a bregar para que no sólo volviera a ser una Subsecretaría, sino que se la llevase al rango de Secretaría, cosa que por decisión de la actual intendenta Mayra Mendoza se concretó en diciembre de 2019. 

—¿Cuál es el trabajo preventivo que realizan? 

—Partió de la conformación de una red de vínculos entre organismos del propio Estado para optimizar los recursos y evitar que por acción u omisión se cercene el acceso a los Derechos y para lograr una fluida información. Luego, las actividades de capacitación, conjuntas o específicas, orientadas a los referentes de organizaciones territoriales para que cuenten con las herramientas necesarias. Pero también dirigidas hacia las autoridades de las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial, con el que también se establecieron vínculos promovidos desde nuestra Dirección. Se estableció una política con las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y la Provincia, con las que interactuamos cotidianamente. Por otra parte, promovimos la señalización de lugares donde se cometieron hechos de violencia institucional en el pasado, como la Comisaría Primera de Quilmes, donde se produjo la Masacre de Quilmes, que en 2004  costó la vida de 4 adolescentes que estaban detenidos.

—¿Y en términos actuales, qué políticas trabajan?

—Te doy un ejemplo. A partir de la visita a unidades penitenciarias del Complejo de Florencio Varela, que es el más cercano al distrito, surgieron iniciativas consensuadas con las personas privadas de la libertad. Pudimos llevar adelante, junto a la Universidad de Quilmes, un taller de formación de alfabetizadores para que los propios internos alfabeticen a sus compañerxs. También sostenemos un proyecto de producción de muebles producidos en un taller de carpintería de la Unidad 23 de Varela, que luego son donados a organizaciones sociales que integran el Consejo local de Niñez de Quilmes.

—Venís de SUTEBA, un gremio que tuvo fuertes enfretamientos con la gestión Vidal. ¿Cómo caracterizarías esa etapa?

—Durante la gestión de María Eugenia Vidal, los docentes y la educación pública fueron maltratados sistemáticamente. Ella cerró escuelas, se negó a construir otras nuevas, redujo el presupuesto educativo y subejecutó partidas, principalmente en infraestructura, con el luctuoso saldo de dos compañeros, Sandra y Rubén, fallecidos en la explosión de una escuela de Moreno por deficiencias en la instalación de gas. Y esto también se expresó en la persecución de las organizaciones sindicales, particularmente del SUTEBA, con la amenaza de poner voluntarios a dar clases en caso de que hubiera huelga docente. La persecución a los directores de escuelas con sumarios cuando había adhesión a las medidas de fuerza y hasta control de las opiniones expresadas en las redes sociales. 

—¿Cómo es la relación con las fuerzas de seguridad?

—La relación con la policía es compleja. Por un lado, responden al Ministerio de Seguridad, y por otro son auxiliares del Poder Judicial. Tenemos un vínculo estrecho con la Secretaría de Seguridad del Municipio y, cada uno desde su perspectiva, intervenimos en conjunto, incluso cuando es necesaria la intervención de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad en relación a procedimientos indebidos de la fuerza policial.

—¿Cómo ves la relación de los pibes de menos de 25 años con la tradición argentina en los procesos de Memoria, Verdad y Justicia?

—Obviamente, no conocer lo ocurrido durante la dictadura es un peligro. Mantener viva la lucha por Memoria, Verdad y Justicia es la única garantía de que no vuelva a repetirse. En ese sentido, en Quilmes estamos bien posicionados, con los dos ex centros clandestinos de detención convertidos en sitios para la memoria e interactuando fuertemente con las escuelas y las organizaciones sociales. Además, promovemos desde la Direccion General de Violencia Institucional talleres con docentes y jóvenes para que haya conciencia de que en democracia también se siguieron violando, aunque en una escala incomparable, los derechos humanos.

—¿Cuál es el peligro de los discursos políticos que piden "mirar para adelante" o directamente condenan "el curro de los Derechos Humanos"?

—Quienes dicen esas cosas son los mismos que cuando gobernaron se mancharon las manos con la sangre de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, los 43 gendarmes muertos por haber sido trasladados en un vehículo vetusto para reprimir en jujuy, los que impulsaron la doctrina Chocobar y los que armaron causas para perseguir y encarcelar empresarios, sindicalistas y políticos. Los que no quieren hablar del pasado son nostálgicos de la dictadura.