El fiscal Fernando Arrigo solicitó ayer ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosario penas de prisión perpetua para catorce policías acusados por la desaparición forzada de Franco Casco. También solicitó condenas que van desde los catorce años y diez meses a tres años de prisión para otros cuatro agentes y un civil por delitos de encubrimiento, falso testimonio y participación secundaria en la desaparición del joven, cuyo cuerpo apareció sin vida veintitrés días después de haber sido detenido por personal de la Comisaría 7ma. El fiscal Arrigo pidió también que esa dependencia policial sea convertido en un centro para la atención de víctimas y familiares de violencia institucional de las fuerzas de seguridad, en el cual se deberá brindar acompañamiento jurídico y psicológico. E incluyó otro pedido: que la sentencia de este juicio sea de estudio obligatorio en la carrera de formación policial.

Las perpetuas fueron para el subcomisario Diego José Álvarez, los agentes Walter Eduardo Benítez y Fernando Sebastián Blanco y la agente Cecilia Rut Elisabet Contino, como coautores de los delitos de desaparición forzada de persona agravada por la muerte de la víctima e imposición a una persona privada de su libertad de torturas seguidas de muerte. Las mismas penas incluyeron al comisario Enrique Nicolás Gianola Rocha, el jefe de sumarios César Daniel Acosta y las y los agentes Cintia Débora Greiner, Marcelo Alberto Guerrero, Guillermo Hernán Gysel, Rocío Guadalupe Hernández, Esteban Daniel Silva, Romina Anahí Díaz, Ramón José Juárez y Franco Luciano Zorzoli, todos ellos considerados coautores del delito de desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima.

El fiscal requirió también la pena de catorce años y diez meses de prisión para los agentes Belkis Elisabet González y Rodolfo Jesús Murúa al considerarlos partícipes secundarios penalmente responsables del delito de desaparición forzada de persona agravado por la muerte de la víctima, mientras que para dos integrantes de la Unidad Especial de Asuntos Internos, Pablo Andrés Siscaro y Daniel Augusto Escobar el pedido fue de cinco años y diez meses como coautores del delito de encubrimiento doblemente agravado. En tanto, Alberto Daniel Crespo, el vecino que formuló la falsa denuncia con la que se intentó justificar la detención de Casco, fue señalado como autor del delito de falso testimonio, con una pena de tres años de prisión en suspenso. Por último, la fiscalía requirió la absolución del agente Walter Ortiz por falta de pruebas que acrediten su dolo.

Además, el fiscal Arrigo instó en su alegato una serie de medidas reparatorias, entre ellas, que se ordene al Poder Ejecutivo provincial que adopte las medidas necesarias para desafectar las dependencias de la comisaría 7ma y que ese espacio sea convertido en un centro para la atención de víctimas y familiares de violencia institucional de las fuerzas de seguridad, en el cual se deberá brindar acompañamiento jurídico y psicológico.

El representante del MPF también requirió al mismo poder que se incluya la sentencia del caso como contenido obligatorio en la currícula de estudios de la policía de la provincia y que se dicten cursos obligatorios a todo el personal que revista actualmente en la fuerza. Por último, Arrigo también solicitó que “se dé amplia publicidad a la sentencia que se dicte en portales y sitios de difusión pública de todo el país, con sentido reparatorio y de no repetición”.

Por su parte la Multisectorial Contra La Violencia Institucional Rosario destacó que "en la misma audiencia la fiscalía desbarató una a una las estrategias defensivas de lxs acusados". En este sentido, en relación a los vídeos difundidos en los que se vería a Franco Casco con vida, alegó que "éstos fueron introducidos de manera irregular"; y que Arrigó "destacó la contundencia de los testimonios de la familia de Franco, en los que determinaron que el sujeto que se observa en las imágenes no era él debido a sus rasgos fisonómicos, su ropa y su modo de caminar". Por otra parte, la Fiscalía destacó dictámenes técnicos de la Gendarmería Nacional y la Policía Federal, entre otros, en los que se sostiene que no es posible hacer un informe exhaustivo debido a la calidad de los vídeos y otros en los que se destacan características de la vestimenta de la persona en cuestión que no se corresponden con Franco y que, según la Fiscalía, podrían corresponder a otro joven identificado como Leonardo Salinas, que solía merodear por la zona y sobre el que se disponen imágenes tomadas en la propia Comisaría 7ma en las que se observan notables similitudes. Por último, la Fiscalía cuestionó la validez del informe pericial aportado por la Defensa.