La jueza María Servini se declaró incompetente en la investigación que intenta determinar en que circunstancias se borraron los datos del teléfono celular de Fernando Sabag Montiel, el hombre que intentó asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y le mandó el expediente a la magistrada que tiene la causa por el intento de magnicidio, María Eugenia Capuchetti.

Servini coincidió con un dictamen del fiscal Federico Delgado, quien avanzó en la investigación hasta que llegó a un punto en el que para continuar debía peritar el aparato, el cual está secuestrado en el juzgado de Capuchetti.

En la investigación de Servini y Delgado se determinó, sobre una línea de tiempo que configuró la Gendarmería Nacional, que el atentado fue cometido a las 20.50 del 1 de setiembre de 2022 pero el teléfono de Sabag Montiel fue secuestrado el 2 de setiembre a las 00.23, casi tres horas y media después, lapso en el cual permaneció en poder de Sabag Montiel.

Un testigo declaró que policías de la Federal intentaron abrir el teléfono en el lugar pero no lo consiguieron y el aparato quedó "con la pantalla de color azul". Posteriormente, en el despacho de Capuchetti, hubo nuevos intentos de extraer la información del aparato, pero tras "varias horas" un experto en Ciberdelito de la Federal desistió.

El teléfono, según las actas, estaba apagado cuando fue guardado en la caja fuerte del juzgado, pero horas más tarde, cuando fue extraído de allí para enviarlo a los laboratorios de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) estaba encendido. Así llegó a los laboratorios de Ezeiza, según explicaron los efectivos de la PSA, y allí los nuevos y fallidos intentos para extraer la información causaron el estado de "reseteo de fábrica".

La jueza Servini detectó que el aparato fue encendido en dos oportunidades al día siguiente, pero eso no fue consignado por los peritos de la PSA. Ahora la jueza Capuchetti deberá determinar si acepta investigar ella qué pasó con el teléfono o si insiste en que lo haga Servini. En tal caso, será la Cámara Federal la encargada de resolver el nuevo conflicto de competencia.