Ecuador tiene los ojos puestos en el Parlamento que debe definir este martes si avanza o no el juicio político de censura que se tramita contra el presidente Guillermo Lasso, sobre presunto peculado o malversación de fondos. "El gobierno y sus aliados buscarán la manera de impugnar la legalidad de que sea el pleno quien decida la continuidad del juicio. Sin embargo, si mañana se eleva una moción para que continúe el juicio, se espera que tengan los votos favorables para ello", expresó en diálogo con Página/12 el investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), Andrés Chiriboga.

La acusación contra Lasso

La comisión de Fiscalización y Control Político no alcanzó el sábado los cinco votos necesarios de nueve posibles para aprobar el informe de su presidente, Fernando Villavicencio. Dicho informe desestimaba el enjuiciamiento del mandatario, al considerar que no se probó el delito imputado. 

La solicitud de juicio político se basa en una acusación por el delito de peculado que se habría cometido en los contratos para el transporte de hidrocarburos entre la empresa estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC) y la firma privada Amazonas Tanker. Según la acusación, pese a que Lasso fue advertido de que el contrato era lesivo para el país, con un perjuicio al Estado estimado en 6,1 millones de dólares según la Contraloría General del Estado, el mandatario no suspendió el acuerdo.

La defensa del mandatario alega que el contrato en cuestión fue firmado en 2018, dos años antes de que tomara posesión del cargo, en mayo de 2021. También argumenta que bajo el mandato de Lasso se hizo una renovación que recogía una serie de recomendaciones del Tribunal de Cuentas para mejorar las condiciones para el Estado.

"El punto clave es que la presidencia conocía de las irregularidades en FLOPEC de acuerdo a la denuncia escrita del gerente de la época que posteriormente fue renunciado, y el presidente hizo caso omiso. Este es el punto fundamental que da cuenta de la responsabilidad del presidente en un caso grave de peculado y perjuicio para el Estado", aseguró Chiriboga. El sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador dijo que ese elemento "da cuenta de la responsabilidad política del presidente y debería llevar a su censura y destitución".

¿Cómo sigue el proceso?

Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su artículo 142, si en las comisiones no se alcanza la votación requerida a favor del informe presentado, éste pasará a conocimiento del pleno, donde se necesitarán 70 votos para continuar el proceso de enjuiciamiento. De lograrse esos votos, se debe convocar a una nueva sesión para que los parlamentarios se pronuncien a favor o no, de la censura y destitución del presidente.

Lasso podrá ser sancionado si se logra reunir un mínimo de 92 votos de los 137 integrantes del Parlamento y, en caso de ser destituido, el vicepresidente asumiría la primera magistratura hasta el año 2025. La correísta Viviana Veloz, quien se perfila como la única interpelante para la causa, se mostró confiada en que la moción tendrá el respaldo de entre 94 a 96 asambleístas, algo que el oficialismo pone en duda.

Hasta el momento no está claro que se logren los votos para la moción de censura, teniendo en cuenta los movimientos al interior de los partidos de la oposición: las recientes desafiliaciones en el partido Social Cristiano, las diferencias internas en el movimiento Pachakutik y las divisiones en la Izquierda Democrática, son ejemplos.

Formalmente el proceso de impeachment contra Lasso empezó el 16 de marzo con el respaldo de 56 firmas de legisladores. Luego el trámite pasó a la Corte Constitucional, que finalmente lo admitió con seis votos, pero solo por el delito de presunto peculado, y no por los otros dos cargos que alegaba la oposición.

El mes pasado, Lasso dijo que si avanzaba el juicio político en su contra era probable que aplicara la llamada "muerte cruzada", una medida constitucional que consiste en disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones anticipadas, ya que el mandatario considera que las acusaciones carecen de fundamento. De recurrir a esa herramienta, también se abre la posibilidad al órgano legislativo de invocar este mecanismo, para poner fin al mandato presidencial.

El presidente se defiende

En su particular defensa, Lasso considera que la democracia ecuatoriana está amenazada por el narcotráfico. "Tengo la entereza y la firmeza de mostrarle al Ecuador de una vez por todas la verdad: la conexión entre las mafias del narcotráfico y la corrupción con algunos asambleístas que se han puesto al servicio de estas mafias". El líder de derecha también llamó "triunviros de la conspiración" al expresidente Rafael Correa, al exalcalde derechista de Guayaquil, Jaime Nebot, y al máximo dirigente de la principal organización indígena Conaie, Leonidas Iza. 

La oposición ya intentó promover una moción de destitución contra Lasso en junio pasado, en medio de las fuertes protestas lideradas por el movimiento indígena, aunque el mandatario logró salvarse por pocos votos. Esta vez el presidente afronta la nueva presentación en su contra, con una posición más delicada luego del duro revés sufrido en las urnas el 5 de febrero, cuando perdió el referéndum que había convocado para hacer reformas a la Constitución y, a su vez, el correísmo resultó el gran ganador de las elecciones locales.