La policía parisina y el ministro del Interior francés fueron blanco de críticas tras la autorización de una manifestación de unos 600 neonazis en las calles de París el sábado.
Manifestantes de extrema derecha vestidos de negro caminaron por las calles de un lujoso barrio de la capital, bajo la mirada de la policía, con banderas para conmemorar la muerte de un activista de ultraderecha, Sebastien Deyzieu, en 1994.
"¡Explíquese!", le pidió por Twitter el senador del Partido Socialista David Assouline al ministro del Interior Gérald Darmanin.
"Es inadmisible haber permitido que 500 neonazis y fascistas desfilen en pleno París. Sus organizaciones, la exhibición de su ideología, eslóganes e insignias son tan insultantes para los muertos como incitar al odio racial", publicó en Twitter.
Esta concentración de ultraderecha, autorizada por la ciudad, se produjo además en un contexto en el que las autoridades reprimen las protestas con caceroladas contra el gobierno, con nuevas restricciones impuestas el lunes para proteger al presidente Emmanuel Macron del ruido.
"Las cacerolas son aparentemente más peligrosas que los ruidos de botas militares", ironizó Ian Brossat, vocero del partido Comunista.
La organización benéfica de izquierdas Attac también criticó esta manifestación "de su odio con plena impunidad en el centro de París", y el intelectual Jacques Attali calificó el acto de "intolerable".
El departamento de la policía parisina explicó en un comunicado el lunes que, sin un "riesgo demostrado para el orden público", no tenía el poder legal para impedir la manifestación, que tuvo lugar otros años sin incidentes.
Este lunes, las manifestaciones estaban prohibidas alrededor de los Campos Elíseos, donde Macron acudió a una ceremonia del 8 de mayo en el memorial de guerra en el Arco del Triunfo.
El presidente también rindió homenaje al héroe de la Resistencia francesa Jean Moulin en Lyon, donde prohibieron también las manifestaciones pese a un recurso del sindicato CGT, rechazado por un tribunal local.
Las caceroladas a los miembros del gobierno se multiplican desde que el presidente liberal promulgase el 15 de abril su impopular reforma de las pensiones, que eleva la edad de jubilación de 62 a 64 años.
