La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados continuará este martes con el proceso a los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con una audiencia que volverá a contar con el testimonio del exadministrador de ese tribunal, Héctor Marchi, desplazado de su cargo luego que las auditorías que llevó adelante por orden de los propios cortesanos revelaran graves irregularidades en el manejo de la obra social de los trabajadores judiciales (OSPJN) a cargo de la Corte. También fueron citados el contador Nicolás Jacinto Serafini, que firmó los balances de la OSPJN –quien había faltado a la anterior convocatoria de la comisión--; y la jueza federal Martina Forns, una de las damnificadas por el deterioro de la obra social.

Marchi ya declaró extensamente ante la comisión el 25 de abril, donde también denunció ante los legisladores una "sanción encubierta" –en referencia a su desplazamiento-- y "amenazas" de provenientes de personas ligadas a la presidencia de la Corte contra funcionarios judiciales que colaboraron con él en las auditorías. Marchi fue muy crítico del juez Juan Carlos Maqueda, de quien dependía la obra social, y planteó que "no había presupuesto ni un sistema informático para poder hacer los controles". También dijo que "cualquier movimiento en la obra social debían ser autorizadas por Maqueda".

Los diputados acordaron una nueva convocatoria para responder sobre el contenido de las cuatro autorías de la OSPJN que tuvo a cargo, que los supremos intentaron ocultar y que enviaron a la Cámara baja –que las había reclamado-- recién el día que el funcionario desplazado (que ya había revelado su existencia) se sentó ante los diputados.

El desplazado administrador del máximo tribunal, había sido citado nuevamente para el miércoles pasado. Pero ese mismo día fue convocado a prestar declaración ante el juez federal Ariel Lijo en la causa por el manejo de los fondos de la obra social del Poder Judicial, donde ratificó las mismas irregularidades sobre la OSPJN que manifestó ante los diputados. Por lo que su presencia en la comisión fue reprogramada para hoy a partir de las 13 horas en el anexo de la Cámara baja.

La posible extensión de la declaración de Marchi sobre las cuatro auditorías (que incluyen otras 18.747 fojas digitalizadas), también obligó a la presidenta de la comisión de Juicio Político, la diputada entrerriana Carolina Gaillard (FdT), a realizar otras modificaciones en la convocatoria. En principio había sido convocado para hoy Santiago Clerici, el secretario Letrado de la Corte, quien se había excusado en una anterior convocatoria, pero su testimonio se pospuso para la semana próxima.

Lo mismo sucederá con el renunciado exadministrador de la OSPJN, Aldo Tonón, para quien la comisión requirió al juez Lijo que fuera citado por la fuerza pública ante las reiteradas ausencias injustificadas para comparecer. El argumento que esgrime Tonón –un hombre de confianza del cortesano Juan Carlos Maqueda-- es que su declaración ante los diputados podría “autoincriminarse” en la causa judicial que lo tiene como uno de los principales apuntados por las irregularidades en la obra social, aunque el control de la misma dependía de la propia Corte. Tonón sería citado a la comisión para la semana próxima, a la que deberá concurrir por voluntad propia o la fuerza pública.

Quien si está citado para hoy, es el contador Nicolás Jacinto Serafini, quien firmó varios de los balances de la OSPJN. Según lo que afirmó Marchi ante la comisión, los mismos no fueron rubricados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y que el propio Serafini advierte sobre lo endeble de la información suministrada para su elaboración. El contador ya había sido citado en reuniones anteriores y, como no concurrió, fue convocado nuevamente a declarar.

También se sentará ante los diputados la jueza federal de San Martín (Buenos Aires) Martina Forns, quien expondrá su experiencia como damnificada por los manejos de la OSPJN. Según la denuncia, el esposo de la magistrada falleció en plena pandemia, “abandonado por la obra social” del Poder Judicial.

Mientras busca avanzar y cerrar la investigación por las irregularidades en la obra social de los judiciales, la comisión ya prepara sus próximos pasos en otras de las causales que promovieron el juicio político a todos los miembros de la CSJ: el fallo que benefició a la ciudad de Buenos Aires por los fondos coparticipables adicionales que el expresidente Mauricio Macri redirigió por decreto al distrito porteño en 2016.