En Argentina, las familias de niños, niñas y adolescentes con discapacidad se encuentran con numerosas barreras al momento de escolarizar a sus hijes. “No hay vacantes”, “la institución no está preparada”, “puede venir pero con jornada reducida” son algunas de las formas más comunes de exclusión, pero el catálogo es extenso. Semanas atrás, con el objetivo de comenzar a derribar esas barreras, el grupo Tea Padres Autoconvocados (TPA), que nuclea a familiares de personas con trastornos del espectro autista, acercó al Congreso un proyecto de ley para capacitar a docentes de todo el país en discapacidad y dificultades del aprendizaje.
“Esta iniciativa, lo que busca, es garantizar el derecho a la educación inclusiva de nuestros hijos y terminar con la discriminación. No pretendemos modificar la estructura del sistema, ni culpabilizar a los docentes o cargarlos con más trabajo. Solo queremos brindarles herramientas, porque hay muchos maestros con buena voluntad pero que no saben cómo actuar para recibir a la diversidad”, explicó a Página|12 Romina Nuñez, autora de la propuesta legislativa, integrante de TPA y abogada especializada en discapacidad.
El proyecto, que propone una capacitación “obligatoria, permanente, actualizada, y continua” para “docentes de instituciones públicas de gestión estatal y de gestión privada” de todos los niveles obligatorios del Sistema Educativo Nacional, ingresó al Congreso el pasado 31 de marzo, de la mano de Carlos Linares, senador del Frente de Todos por Chubut. Unos días después, el 10 de abril, también fue presentado en la Cámara Baja por Carla Carrizo, diputada de Evolución Radical por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La expectativa, destacó Nuñez sobre los próximos pasos a seguir, "es que los legisladores comiencen a tratarlo en comisiones en mayo para que pueda salir la media sanción antes de que termine el año".
¿Cómo surgió el proyecto de ley?
La educación inclusiva está garantizada, a nivel mundial, por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que en su artículo 24 establece que ningún estudiante puede quedar excluido del sistema general de educación por su condición. “Es decir, la familia de ese niño o niña puede optar por una escuela especial o, tal como lo indica la CDPD, por una escuela común, con el apoyo de una maestra integradora o de un acompañante terapéutico”, señaló Nuñez sobre el tratado, que fue ratificado por Argentina en 2008 (Ley N°26.378) y que cuenta desde 2014 con jerarquía constitucional (Ley N°27.044).
En la práctica, sin embargo, el derecho a estudiar en un espacio inclusivo se ve constantemente vulnerado. “Según estadísticas del INADI, es en la escuela donde más se ejerce la discriminación a las personas con discapacidad. Yo, como abogada, recibo a diario consultas de padres y madres que no encuentran vacantes para sus hijos o que son obligados a enviarlos a jornada reducida, bajo el argumento de que la institución no está preparada o no tiene las herramientas para recibirlos", denunció Nuñez. Frente a este acto de discriminación, hay muchas familias que deciden ir a la justicia. "Pero no es una decisión fácil, implica mucho agotamiento. Por eso la gran mayoría resuelve por fuera de la judicialización, buscando otro colegio o cambiando a su hijo a una escuela especial”, reconoció la letrada.
El año pasado, cansados de la exclusión permanente y naturalizada, Nuñez y otros integrantes de Tea Padres Autoconvocados fueron a tocar las puertas de los Ministerios de Educación de la Nación, de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires. “Allí pude comentar que tenemos tratados internacionales que hablan de la educación inclusiva y que esto implica capacitar a los docentes. También mencioné que existen recomendaciones de UNICEF y la ONU al Estado argentino en el mismo sentido”, contó la abogada.
Fue en ese momento, explicó Nuñez, que comenzó a tomar forma la idea de hacer un proyecto de ley: "En los ministerios me respondieron que hoy en día existen capacitaciones en discapacidad pero son optativas, porque no pueden obligar a los docentes. '¿Pero cómo?', me pregunté yo. Si hay marcos normativos que establecen capacitaciones obligatorias, como por ejemplo la ESI, la ley Micaela, y ahora la ley Lucio, ¿por qué no puede haber uno para educación inclusiva? Así que me puse a crearlo”, sintetizó la abogada.
La propuesta, admitió la especialista, no fue recibida de manera uniforme por la comunidad educativa. "Hay quienes dicen que esto va a implicar una carga para los maestros. Pero también recibo múltiples mensajes por día de docentes agradeciéndome. Porque la ley, en definitiva, no busca convertirlos en profesores de educación especial, ni quitar a la maestra integradora o a los acompañantes, sino brindarles herramientas para que sepan cómo convivir con las diversidades. Capacitarlos para que si un día la integradora falta, el niño pueda ingresar igual al establecimiento, algo que no pasa actualmente”, indicó la letrada. Además, "hay que pensar que existen chicos con discapacidad en todo el país. Y acá en CABA y Buenos Aires tenemos varias escuelas especiales para recurrir si el sistema común no acepta al estudiante, pero nos alejamos un poquito y ya no tenemos tantas”.
Una historia de exclusión
Antes de la presentación formal en el Congreso, Nuñez inició una campaña de recolección de firmas en Change.org que ya cuenta con el apoyo de más de 60.000 personas. Detrás de esta propuesta, precisó la abogada, también se encuentra Carla Báez, otra integrante de TPA que debió enfrentar varias situaciones de discriminación para poder escolarizar a su hijo.
“En 2021, cuando inicié la búsqueda de jardín para salita de 3, no conseguí vacante. En los privados me cerraron la puerta porque todavía no había conseguido acompañante. Ninguno se tomó el tiempo para conocer a Axel, mi hijo, y ver su temperamento. Después quise inscribirlo en uno público, pero ya no había cupo”, relató la mujer, oriunda de la localidad bonaerense de Merlo, a Página|12.
Al año siguiente, continuó, "el nene comenzó salita de 4 en un jardín público, pero seguía sin acompañante, porque en la obra social que él tiene, IOMA, es muy difícil conseguir y justo estaba también el problema de que no se les estaba pagando a los prestadores". La respuesta de la escuela, lamentó Báez, fue "pedirme que llevara a Axel solo una hora y media por día”.
“Las maestras no se dirigían a él para nada, solo me hablaban a mí, que lo acompañaba en esa hora y media. Quedaba apartado, no lo integraban en las actividades. Tampoco lo dejaban salir del aula cuando necesitaba dispersarse. Yo traté de darles información sobre dónde buscar herramientas, porque me decían que no habían tenido nunca a un chico así, pero siguió todo igual”, recordó.
Este año, a partir de la recomendación de otras familias, Báez pudo inscribir a su hijo en un jardín con experiencia en educación inclusiva. "Ahí le dan sus tiempos, escuchan sus necesidades. La verdad es que se nota cuando los colegios tienen herramientas y cuando no. Mi hijo ahora está yendo las 4 horas y va contento, mientras que el año pasado se la pasaba llorando. No quiero que nadie más pase por eso, por eso es tan importante esta ley", concluyó la integrante de TPA.
“Hay que discutir el modo de organización de la escuela”
Los sindicatos docentes, por el momento, no se expresaron de forma institucional sobre la propuesta legislativa. En diálogo con Página|12, la Secretaria General de UTE y Secretaria Gremial de CTERA, Angélica Graciano, que además es psicóloga y Supervisora Escolar de Educación Especial, compartió su opinión personal y señaló que si bien se trata de una buena noticia, dado que aporta a la generación de espacios libres de discriminación, resulta insuficiente si no va acompañada por un rediseño general de la escuela como institución.
“Todo lo que sea actualización y formación para generar espacios que no discriminen me parece que está bien y suma, porque la escuela no es un espacio de exclusión. En esas capacitaciones, por ejemplo, se podría abordar el trabajo con las diferencias desde una concepción ética y creo que sería muy útil. Pero también me parece que lo que nos plantean las personas con discapacidad es que hay algo de la organización del trabajo docente y de la organización de la escuela como institución que no funciona y que no depende exclusivamente de la formación”, analizó la referente gremial.
“Lo que hay que discutir, creo yo, es el modo de organización de la escuela. Tenemos que discutir las condiciones en las que se puede escolarizar en un aula, de cuántos chicos deben ser los grupos, cuál es el plan de trabajo. Todo eso requiere de un enfoque interdisciplinario, no se agota en la capacitación”, reflexionó. En ese sentido, evaluó la secretaria general de UTE, “sería importante que se sumaran más trabajadores de otras áreas que colaboren con los maestros, para que se pueda comprender en qué parte del proceso está cada niño y se construya un proceso de aprendizaje a su ritmo, porque en educación especial no podemos hacer generalizaciones”.
Por eso, insistió Graciano, “me parece que si bien la capacitación ayuda, es solo una parte, porque uno puede ir a hacer muchos cursos pero después en el aula necesitás a otros para poder conversar, para poder intercambiar puntos de vista y para poder identificar por dónde hay que trabajar en cada estudiante. Y para eso se necesita más inversión. No es una tarea que se pueda hacer en solitario”.
El modelo del futuro
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij), impulsora de la web Por una Educación Inclusiva, que brinda información a familiares de personas con discapacidad para que puedan sortear las barreras que suele imponer el sistema educativo, calificó el proyecto de ley de capacitación docente obligatoria como un "gran avance".
“Me parece que suma mucho, ya que si bien los y las docentes tienen herramientas hoy en día, las mismas son insuficientes”, observó Belén Arcucci, Coordinadora del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la asociación, que en 2019 demandó al Gobierno de la Ciudad por la falta de vacantes para estudiantes con discapacidad en escuelas comunes de gestión privada.
Sin embargo, advirtió la especialista, “hay que entender que tampoco hay recetas mágicas, no es que un docente va a ir y le van a decir cómo aprenden los estudiantes con autismo, cómo aprenden los estudiantes con síndrome de down, y así con cada diagnóstico. Esto va a ser un trabajo de todos los días, de conducción colaborativa, de compromiso con cada alumno y alumna evaluando qué necesidades específicas tiene esa persona”.
En ese marco, siguió Arcucci, "creo que los objetivos que se propone la ley son muy ambiciosos, porque habla de posibilitar la participación plena y efectiva de estudiantes con discapacidad en el ámbito escolar pero para que eso se logre se necesita una transformación bastante estructural" del sistema educativo. "Y eso implica inversión de recursos”, remarcó.
El cambio estructural que está faltando, opinó la especialista, debería seguir la recomendación de la ONU, "que plantea que las escuelas especiales se tienen que ir transformando en centros de apoyo de las escuelas comunes, obviamente preservando todos los puestos de trabajo y aprovechando todo ese saber que existe”. Se trata de un modelo que "ya se aplica en Portugal, Italia y Canadá", detalló Arcucci, "pero también hay una experiencia en La Pampa, y eso me parece muy importante de señalar. Porque siempre la excusa es que lo que funciona en otros países en Argentina no sería posible. Y no es así”, subrayó.
El proyecto de ley de Romina Nuñez, por el momento, no plantea este debate. “Si bien las recomendaciones internacionales van en ese sentido, yo estoy en contacto con familias de niños con todo tipo de discapacidad y muchas están contentas y contenidas en la escuela especial. Y creo que eso hay que respetarlo”, indicó la referente de Tea Padres Autoconvocados. Aunque añadió, esperanzada: “Quizás más adelante esta iniciativa sea la puerta para abrir esa discusión. Yo creo que falta bastante todavía, pero que vamos camino a eso: todos en el mismo aula, como venimos de fábrica”.
