La espada de Damócles cae sobre la caja previsional de los trabajadores municipales. Este gremio se enteró en los últimos días que la Corte Suprema provincial falló a favor de dos ex procuradores de cobranzas que entablaron juicio por ajuste de sus haberes jubilatorios. Y la Caja, sin haber tomado voz ni parte en el litigio, ahora se entera de que debe erogar 160 millones de pesos por esa demanda. "La Municipalidad participó del juicio, no la Caja. Los trabajadores activos y los jubilados no fueron defendidos y ahora les toca pagar costos de la política", protestó el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario, Antonio Ratner.

Con esa inquietud, trabajadores y jubilados realizaron ayer un abrazo simbólico a la sede de la entidad previsional, en San Lorenzo 1055, para hacer visible lo que consideran una situación injusta por parte de la Justicia y por parte de personas que se desempeñaron en funciones ejecutivas por pertenencia política y no por trayectoria laboral de la planta municipal.

"Es una cifra que asusta, porque sabemos que hay más casos y eso elevaría muchísimo más la cifra, con todo lo que eso implica para todos los contribuyentes", expuso Ratner, ante centenares de afiliados, en su mayoría hombres y mujeres del sector pasivo del gremio que temen por la estabilidad de la fuente de sus ingresos a la que aportaron en sus años de labor. Por eso el gremio espera que sea el Ejecutivo municipal el que afronte esta sentencia, aunque antes pedirán una reunión con el pleno de la Corte Suprema para pedir que revisen el fallo y sus consecuencias.

La caja de jubilaciones municipal se nutre hoy de unos 12 mil trabajadores activos que tributan cada mes el 14% de su salario. De ese monto global se cobran los 5 mil jubilados y pensionados del gremio, y al 82% móvil de los haberes por escalafón. Este privilegio es uno de los mayores orgullos gremiales del sector en Rosario.

Lo que temen es el efecto cascada de este fallo que surgió en 2014 pero que la Corte sentenció semanas atrás al notificar al Instituto de Previsión Social municipal. Los litigantes que han sido favorecidos son dos abogados que cumplieron funciones de procurador de cobranzas a deudores de tasas y gravámenes municipales. Uno falleció pero su viuda continúa el reclamo judicial. 

Estos cobradores vieron limitados sus honorarios cuando el intendente Hermes Binner dispuso que nadie en la Municipalidad cobrara por encima del sueldo del titular del Ejecutivo. Como entonces la Caja previsional les retuvo el excedente en concepto de aportes, cuando estos fueron a jubilarse entablaron litigio.

El veredicto judicial obliga al Instituto a ceder ese monto –alrededor de $160 millones– a la pretensión de solo dos reclamantes. Hay un tercer juicio al salir, y resta un par de ex procuradores que podrían activar la misma demanda. Y saben que el ejemplo podría cundir si otros ex funcionarios políticos siguen el mismo camino. 

Para poner en contexto, ese monto de dinero equivale al 40 por ciento del superávit que la caja previsional arrojó en el ejercicio contable del año pasado. Por eso es que consideran al fallo judicial como un "verdadero zarpazo a los aportes de verdaderos trabajadores y trabajadoras". "Dos fallos más como este, y se comen la Caja pasará a ser deficitaria", se alarmó Ratner en diálogo con Rosario/12.

"Es un despropósito que dos personas pongan en crisis un sistema de recaudación previsional que desde 1907 se lleva adelante con el esfuerzo que es el aporte del 14%, el primer aumento, el primer adicional y la primera bonificación de cada aportante", reseñó el titular del sindicato. 

Por otra parte, Ratner opinó que "el intendente debería haber dado la orden de apelar judicialmente esta medida" en su momento, hace ya algunos años, cuando el veredicto de primera instancia quedó firme. "No era su obligación, pero sí en el sentido ético, porque este juicio se pagará entonces con el dinero de los contribuyentes. Lo mismo que cobra un trabajador municipal, lo cobra un jubilado o pensionado y es un sistema vamos a defender. No podemos permitir que dos decisiones judiciales que no tienen en cuenta este sistema lo termine destruyendo", protestó el gremialista.

La bronca de los trabajadores apunta a ex funcionarios de gestiones socialistas en el municipio, que con la asunción del Frente Progresista en el gobierno provincial tomaron licencia sin goce de sueldo –ni tampoco aportes a la Caja– y pasaron a cumplir tareas para la Casa Gris, todos con funciones de jerarquía y con remuneraciones ídem. 

"Se fueron allá y después de 15 años pretenden jubilarse con esta caja y con el porcentaje correspondiente al sueldo que cobraban en la provincia, sabiendo que durante ese período nunca aportaron", denunció Ratner. 

Hubo más de 100 empleados y empleadas municipales de pertenencia socialista y radical que migraron al Ejecutivo provincial con mayores remuneraciones, y luego regresaron a su función en el gobierno local. Hay algunos que ya transitan el camino judicial de este reclamo, como una ex directora provincial cercana a Hermes Binner, un ex director de Tránsito y subsecretario de Gobierno municipal, luego designado juez en el Contencioso Administrativo, y una abogada que integró el muy bien remunerado directorio de la EPE durante la gobernación de Antonio Bonfatti.